Opinión
Si se diera ese copamiento de la capacidad productiva instalada, es probable que el crecimiento del gasto solo se traduzca en inflación, pero nadie en Chile ha levantado ese argumento para oponerse al aumento del gasto y de la demanda efectiva.
En el actual debate sobre el proyecto de presupuesto fiscal presentado por el ejecutivo para el año 2024, se han levantado voces en la oposición que postulan que la tasa de crecimiento del gasto fiscal -que se proyecta que sea de 3.5%- debe coincidir con la tasa esperada de crecimiento de la economía, que se espera que sea de 2.5% o menos. En otras palabras, se postula que si la economía se espera que crezca en un 2.5 %, el gasto fiscal debería aumentar en el mismo 2.5% con respecto al año anterior y no a 3 % o más. Se postula, por parte de esa corriente opositora, que desconocer o sobrepasar esa relación uno a uno entre gasto y producción generaría en la economía graves tendencias inflacionarias.
Desgraciadamente, esa particular concepción no resiste el análisis teórico ni la confrontación con la práctica económica chilena de los años recientemente pasados.
Así, en el año 2021, el gasto del gobierno central creció en más de 30 % con respecto al año anterior, mientras que el PIB creció en 11.7 % y la inflación fue de 7.2 %; es decir, un crecimiento del PIB sustantivamente menor a la tasa de crecimiento del gasto fiscal, pero mayor a la tasa inflacionaria. En el año siguiente, 2022, el gasto fiscal disminuyó en un 23 % con respecto al 2021, pero el PIB creció al 2.4 % y la inflación creció a 12.8 %. El gasto baja y la inflación y el PIB suben. En el presente año, en que el gasto fiscal creció presupuestariamente en un 4.2 %, se espera que el incremento del producto sea igual a cero y que la inflación esté entre 4% o 5 %. No hay por dónde, por lo tanto (a partir de los datos de la economía chilena en los últimos tres años) visualizar una relación directa y mecánica entre el crecimiento del gasto, el crecimiento del PIB y el crecimiento de la inflación. En cada caso, la relación debe ser explicada por las particulares situaciones económicas y políticas, internas y externas, en que se desenvuelven esas variables. Hay que recordar, además, que las aprobaciones presupuestarias correspondientes se hicieron, en cada caso, con el aval de casi los mismos parlamentarios que están hoy en día en el Congreso planteando que la economía chilena no resiste un crecimiento de 3.5 % en el gasto fiscal.
Desde un punto de vista teórico, el gasto fiscal tiene, por lo general, un efecto expansivo sobre la economía, pues puede dar lugar a círculos virtuosos, o escaladas, en cuanto a crecimiento de la producción y de la demanda, que generan finalmente más ingreso o más producto que el monto inicial del gasto. En economía ese fenómeno se llama el multiplicador de la inversión o del gasto, y eso lo sabe cualquier economista que haya leído a Keynes.
Lo anterior requiere, para hacerse realidad, que el aparato productivo no haya llegado aún a una plena utilización de la capacidad productiva, pues en ese caso el incremento de la demanda se traduciría en aumento de la inflación. Sion embargo, con una tasa de desocupación de 9%, como la que impera hoy en día, nadie puede postular que se ha llegado a una plena utilización de la capacidad productiva, pues la mano de obra es parte de esa capacidad productiva, aun cuando muchos economistas tienden a olvidar esa situación. La utilización de la capacidad productiva de la infraestructura material tampoco da señas de que haya llegado al límite de lo posible, ni en la gran empresa ni en la pequeña y mediana.
Si se diera ese copamiento de la capacidad productiva instalada, es probable que el crecimiento del gasto solo se traduzca en inflación, pero nadie en Chile ha levantado ese argumento para oponerse al aumento del gasto y de la demanda efectiva.
En síntesis, la relación entre gasto y crecimiento no está escrita en piedra, en este país ni en ningún otro. Como en muchas otras cosas de la vida, la toma de decisiones en este campo exige analizar la realidad concreta y no actuar con ideas preconcebidas, de dudosa validez teórica. Exige, además, ser consecuente con lo que se postula de un año presupuestario al otro y no hacer virajes tan violentos, motivados solo por el deseo de hacer daño al gobierno, al país y a la mayoría de los chilenos.
