Opinión
Raúl Lorca/AgenciaUno
Se sabe que la crisis climática y ecológica se debe enfrentar con conocimiento y educación, pero la nueva propuesta constitucional menciona las ciencias una sola vez, sin especificar claramente el deber del Estado de desarrollar y promover el conocimiento científico para conservar la biodiversidad.
La nueva propuesta de Constitución que se plebiscitará el próximo 17 de diciembre es un retroceso concreto en materia medioambiental y de conservación de la biodiversidad. El texto establece que “es deber del Estado la protección del medio ambiente, velando por el cuidado y conservación de la naturaleza, su biodiversidad”. Sin embargo, agrega: “Promoviendo la sustentabilidad y el desarrollo”, concepto totalmente antropocéntrico.
Fortalece aún más el antropocentrismo, luego, al mencionar que es deber del Estado el “tutelar” la preservación de la naturaleza y su biodiversidad, dejando a la ley las restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos y libertades humanas para proteger el medio ambiente, sin mencionar la biodiversidad.
Y para su ejercicio, agrega, el Estado promoverá la colaboración público-privada; es decir, no existen obligaciones más que las que ejerza la ley. Específicamente, el texto propuesto limita la protección del medio ambiente y la sustentabilidad, al desarrollo y a los derechos de las personas. En resumen, la naturaleza, la biodiversidad, se quedan sin derechos.
Hoy, por ejemplo, Chile posee la Ley de Caza y Pesca, la reciente aprobada Ley SBAP, que bajo la nueva propuesta constitucional podrían aceptarse como acciones del Estado suficientes para el cumplimiento de su obligación constitucional. Sin embargo –tanto en la propuesta como en la actual Constitución–, el Estado de Chile no cuenta con financiamiento ni obligación constitucional de financiar proyectos de conservación de la biodiversidad y, a nivel mundial, ya somos unos de los países con menor financiamiento para estos fines.
En este sentido, la nueva propuesta no posee ningún avance al respecto. No establece derechos de la naturaleza ni responsabilidades concretas –tanto de privados como del Estado– para su conservación, limitando cualquier ejercicio de protección de la biodiversidad al derecho de las personas y la iniciativa privada.
Se sabe que la crisis climática y ecológica se debe enfrentar con conocimiento y educación, pero la nueva propuesta constitucional menciona las ciencias una sola vez, sin especificar claramente el deber del Estado de desarrollar y promover el conocimiento científico para conservar la biodiversidad y enfrentar la crisis climática. La ciencia queda relegada simplemente al derecho a la vida cultural y científica.
Esta nueva propuesta profundiza la desigualdad y la injusticia, restringe la capacidad del Estado de sancionar y fiscalizar. Debilita deberes constitucionales como el pago de impuestos de los sectores con mayores ingresos. Así, en la práctica, será imposible que la conservación de la biodiversidad pueda ser ejecutada por el Estado y quedará como una acción voluntaria por parte de privados, concentrándose en un sistema de áreas protegidas públicas o privadas, lo que hoy se conoce como el modelo neoliberal en conservación, cuando lo que necesitamos es un modelo de desarrollo amigable con la biodiversidad.
Finalmente, la nueva propuesta además desconoce la existencia de los pueblos originarios y su histórica participación en la defensa de los ecosistemas naturales.
En suma, de aprobarse, Chile se regiría por una Constitución que nos retrocede 100 años y que debilita nuestra capacidad para enfrentar la crisis climática y ecológica, poniendo en riesgo a quienes dice proteger.
