Opinión
EFE
Tiene que haber una campaña permanente y sin cuartel contra todos los peones de estos grupos enquistados en la institucionalidad y que tratan de capturarla, desde los gobiernos locales hasta las más altas esferas.
Ecuador, además de ser el nombre propio de un país, es el nombre del paralelo cero; es decir, de la línea que divide al planeta en dos, con sus hemisferios norte y sur. En este paralelo, además, el día y la noche tienen la misma duración durante todo el año. O sea, desde esa perspectiva es el punto medio y equidistante. Tanto así que en muchas carreras universitarias hay una especial celebración en su mitad que suele tener el nombre de “Ecuador” o algún otro que evoque el término medio (“ombligo”, etc). También el cruce marítimo de esta línea suele dar lugar a celebraciones, por el paso que significa de un hemisferio a otro.
Lamentablemente, el nombre de Ecuador en estos días no evoca ni equilibrio ni celebración. En dicho país se ha cruzado una línea roja, que es aquella en la cual el Estado de Derecho y la propia institucionalidad democrática se ven seriamente amenazados.
Mucho se ha escrito sobre lo sucedido en estos días y, por lo tanto, trataré de evitar los lugares comunes y concentrarme en las causas, sus consecuencias y potenciales lecciones.
En lo que se refiere al origen del problema, es evidente que tiene raíces más profundas y no es un fenómeno de los últimos meses o años.
Geopolíticamente, Ecuador está entre los dos mayores productores de cocaína del mundo, Colombia y Perú. Y como en Colombia hubo una lucha frontal contra el narcotráfico y la desarticulación de los carteles, además de un mayor nivel de vigilancia, era solo una cuestión de tiempo para que se instalaran en Ecuador y aprovecharan que por muchos años este país fue considerado de bajo riesgo en el mapa del crimen organizado. Por sus dimensiones y por tener uno de los puertos importantes de la costa pacífica sudamericana, Guayaquil, empezaron a procesar y distribuir la droga por ahí.
La circunstancia de ser también una economía dolarizada (Ecuador no emite su propia moneda desde el año 2000), facilitó el ocultamiento, movimiento y lavado del dinero de estos ilícitos.
Como en muchos de nuestros países, antes que la mayoría se diera cuenta, incluyendo a la clase política, ya estaban instaladas y operando poderosas bandas criminales. Por las características reseñadas no solo se desarrollaron grupos locales, sino que también se insertaron carteles de otros países, notoriamente mexicanos y colombianos.
Mientras eso sucedía, el país estaba enfrascado en luchas políticas intestinas, con un creciente desacople entre las expectativas ciudadanas, la institucionalidad y su funcionamiento.
El problema de la delincuencia organizada empezó a visibilizarse durante el Gobierno de Lenín Moreno (2017-21), especialmente con las masacres carcelarias producto de la rivalidad entre bandas. Ahí quedó en completa evidencia su existencia y la lucha sin cuartel por el territorio. Desde entonces han sido recurrentes los episodios de motines, fugas y batallas campales entre grupos en las cárceles ecuatorianas, con centenares de víctimas.
Otra evidencia de la situación fue el aumento de los homicidios. Si en 2015 la tasa era de 6 muertos por cada 100 mil habitantes, en 2023 escaló a 14. Con esto, el año pasado Ecuador pasó a ser el quinto país con la mayor tasa de homicidios del mundo.
Otro hito, que demuestra cómo los criminales fueron copando espacios, fue el asesinato el año pasado del candidato presidencial mejor posicionado y férreo opositor de estos grupos mafiosos, Fernando Villavicencio, cuyas propuestas en esa campaña iban por la seguridad, incluyendo la reforma de la policía y del sistema carcelario. Hasta hora no está claro quién está detrás de su muerte.
Hace unos días se consumaron las fugas de dos de los más peligrosos jefes de bandas criminales, seguidas de motines con toma de rehenes y atentados en diversas ciudades. Ante esto, el joven y novel presidente Noboa declaró el Estado de Excepción Constitucional de guerra interna, asimilando a las bandas criminales con grupos terroristas. Esto, junto con la restricción de diversos derechos y libertades, incluyendo el toque de queda, implicó la salida de las Fuerzas Armadas a la calle para asumir la seguridad y combatir a estos grupos.
Desde entonces se ha desatado una seguidilla de acciones y reacciones entre los grupos criminales y las fuerzas de orden y seguridad, con bombazos y tiroteos y las consecuentes víctimas.
Junto con involucrar a las FF.AA., el presidente Noboa ha lanzado una batería de propuestas, tanto para fortalecer la lucha contra el crimen como para cambiar el sistema político y hasta económico. Varias de estas deberán pasar por la Corte Constitucional y podrían tener que ser ratificadas por consulta popular o por el Parlamento en todo caso. Destacan permitir la extradición de ecuatorianos (lo que ahora la Constitución prohíbe); reformar la ley de extinción de dominio para quedarse con los bienes de los criminales en forma más expedita y fácil; poder aplicar urgencia a cualquier proyecto de ley que surja del Ejecutivo (hasta ahora solo pueden ser calificados así aquellos en materia económica); y consagrar el indulto para militares y policías aun cuando no esté ejecutoriada la sentencia en casos de uso de la fuerza contra sospechosos de delitos. Todas ellas deberán ser vistas por el Tribunal Constitucional, no existiendo plazos perentorios para ello. También este tribunal tiene que pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto presidencial de guerra interna.
Todos los partidos y las principales instituciones se han unido en torno al presidente para enfrentar el complejo momento. El Gobierno también ha recibido la solidaridad internacional.
Lo primero es el control del territorio y del orden público. El Gobierno debe recuperar los espacios y demostrar que está ganando en ese campo. Sin eso, todo lo demás es ilusorio. Por lo mismo, los grupos criminales están dando batalla frontal. También tienen claro que si resisten socavarán la legitimidad gubernamental y debilitarán la institucionalidad. Por eso, en esta etapa el Gobierno debe ir con todo contra los criminales, dentro de los límites del Estado de Derecho, y no cejar. Cualquier vacilación o retroceso será un triunfo para la delincuencia.
Esta fase debe ser acompañada por la recuperación del control de las cárceles y la construcción de nuevas instalaciones, en las cuales se asegure la separación y aislamiento de los reclusos según su grado de peligrosidad, con una efectiva desconexión con el exterior. Eso porque, como se está viendo en casi toda la región, los carteles no solo reclutan a miembros en los presidios, también siguen operando desde allí con total desparpajo.
Lo anterior debe complementarse con focalizarse en los bienes de estas organizaciones, para incautarlos y dejarlos así sin recursos para operar, al mismo tiempo que estos acrecientan las arcas fiscales para potenciar el esfuerzo en materia de seguridad. Solo confiscando sus bienes se podrán derrotar estas bandas, porque mientras cuenten con ellos seguirán enrolando sicarios, soldados y corrompiendo a políticos y funcionarios.
Finalmente, tiene que haber una campaña permanente y sin cuartel contra todos los peones de estos grupos enquistados en la institucionalidad y que tratan de capturarla, desde los gobiernos locales hasta las más altas esferas. Esto es lo más peligroso y también lo más difícil de desarticular.
Como es evidente, una cosa es tener un diagnóstico y un propósito, y otra es llevarlo a cabo. Lo segundo es lo más complicado, pero ayuda si existe lo primero. Afortunadamente existe un clamor en nuestros países por más seguridad y por luchar contra el crimen. La institucionalidad está reaccionando, con retraso y parcialmente, pero lo está haciendo.
Lo que hace falta es una coordinación real y efectiva entre los países para enfrentar el problema. Y esto requiere que los Estados se alineen tras este objetivo, con todas sus instituciones. No hay posibilidades reales de vencer al crimen organizado si no se combate coordinadamente, por cuanto es un fenómeno transnacional. Eso involucra compartir inteligencia, experiencia, capacitar, entrenar, aportar recursos a los más expuestos, etc. En mi opinión, este es el eslabón más débil de la cadena y en el cual los países debieran poner más énfasis.
Lo que está sucediendo en Ecuador nos deja o replantea varias preguntas, como: ¿es o no conveniente involucrar a las FF.AA. en la lucha criminal? Una vez que se involucran, ¿cuándo deben retirarse? ¿Cómo se combate más efectivamente la infiltración de las instituciones por los criminales? ¿Cómo abordar el régimen carcelario sin cerrar la puerta a la posibilidad de la reinserción? ¿Cuál es el rol del Estado y de la sociedad civil para prevenir la delincuencia?
Finalmente, y volviendo a la contingencia, hay que prepararse para una eventual dispersión de estas bandas en los países de la región, escapando temporal o definitivamente de Ecuador, agregando más complejidad al cuadro de la seguridad hemisférica.
Son tiempos de prueba que solo se pueden sobrellevar con éxito unidos. ¡Vamos, Ecuador, vamos Latinoamérica!
