Opinión
La decisión de profundizar institucional y políticamente la condena a las violaciones de derechos humanos en Gaza por parte de Israel, que es una acción indispensable de la comunidad internacional democrática, debe ir acompañada de la voluntad de no ideologizar más ese conflicto.
La exclusión de Israel de la Fidae se inscribe en la recientemente inaugurada tradición de hacer diplomacia con gestos lo más grandilocuentes posible, verdaderos efectos de auditorio para luego, en la práctica, continuar con el inmovilismo de no hacer nada serio ni más permanente, que demuestre voluntad de Estado frente al tema referido al intercambio diplomático.
La plataforma básica sobre la cual se sustenta ese accionar es el presidencialismo monárquico de Chile, que como deformación de la política democrática considera que la política exterior la inventa el Presidente de la República. Con ello, las nuevas generaciones políticas no perciben la diferencia entre determinar y conducir, con los efectos negativos que ya conocemos –desde las “cuerdas separadas” al “no quiero dejarte entrar”–.
La decisión del Presidente Boric de prohibir empresas israelíes en la Fidae mezcla, en su confuso estilo, temas muy diferentes: los derechos humanos de las poblaciones en riesgo en la Franja de Gaza, la cooperación de Chile con Israel a todo nivel en materia de seguridad, la posibilidad de usar política de acción multilateral para impactos positivos en el conflicto de Gaza y, en materia de imagen país, ignora la libertad económica y de mercados abiertos, como interés nacional de Chile.
En el reciente discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Joseph Biden, junto con pedir a Israel hacer esfuerzos de paz en Gaza, se comprometió a crear un puerto de ayuda humanitaria para ir en socorro de la población en riesgo, con agua, medicinas, alimentos y todo un amplio espectro de bienes, algo perfectamente utilizable como un pivote de paz internacional. Chile podría plegarse a participar en él no solamente como donante, sino también administrando transporte y participando de la logística, para lo cual existen recursos y experiencia. La defensa de los derechos humanos empieza por una política humanitaria efectiva y no con gestos o meras declaraciones, para luego aumentar a un nivel macropolítico y multilateral y hacerse persistente en el tiempo.
La decisión de Gabriel Boric no contribuye tampoco a clarificar si la cooperación existente en materia de seguridad con Israel, particularmente aquella que involucra Fuerzas Armadas y organismos públicos, se mantiene o se revisa, a lo que deben agregarse los contratos privados, originados en licitaciones en tecnologías y temas de seguridad, y su eventual revisión o suscripción de adendas sobre controversias derivadas de la ocurrencia presidencial. O si, como es lo más probable, pasado el impacto comunicacional, todo sigue igual y las delegaciones van y vienen entre Santiago y Tel Aviv a costa de los contribuyentes israelíes.
La decisión de profundizar institucional y políticamente la condena a las violaciones de derechos humanos en Gaza por parte de Israel, que es una acción indispensable de la comunidad internacional democrática, debe ir acompañada de la voluntad de no ideologizar más ese conflicto y, por lo tanto, de condenar de manera activa las acciones de Hamás en los territorios de Gaza. Hamás no es un gobierno ni una administración local pacífica, reivindicadora de una autonomía política y cultural de la mayoría palestina en el área, sino un campamento militar y un núcleo de poder bélico armado para agredir a Israel por fuera de la racionalidad de diálogo y paz.
Pero ello no obsta a que tampoco nos gusta que quien le vende tecnología de seguridad al país aplique una racionalidad de castigo a poblaciones hacinadas que no tienen otra posibilidad que vivir la guerra como víctimas, principalmente niños, ancianos y mujeres. Eso agrede una de las mayores sensibilidades que tenemos: la defensa irrestricta de los DD.HH. Por tanto, no comprarles o no cooperar para que exhiban sus productos es una sanción económica fuerte frente a un acto inmoral de Israel. Así de fuerte. La pregunta es si la manera de hacerlo es la ocurrencia de Boric, un acto escalonado de acción política y diplomática, y si estamos disponibles para incorporarlo a nuestra agenda de política exterior, que en este caso implicaría saber cuál es el riesgo de seguridad que trae aparejado.
Finalmente, desde el punto de vista del prestigio país, el interés nacional de Chile, de economía abierta y libre mercado, la acción presidencial nos deja en el limbo, básicamente porque daña un principio de funcionamiento del poder nacional y el sentido político de los gobiernos en materia de interés nacional, y somete, en cierto grado de manera humillante, tanto a los que organizan como a los que quedan desinvitados. Diríamos, un daño implícito al prestigio del país.
