"Según agencias de información, el Juez Baltasar Garzón ha dirigido una diligencia al Ministerio de Defensa español en la cual requiere que se le informe sobre la visita del buque chileno Esmeralda a los puertos de El Ferrol del 23 al 27 julio y Tenerife del 4 al 7 de agosto, indicando en la misma que con el resultado acordará.
El Juez Garzón es el juez instructor del Sumario 19/97 contra Augusto Pinochet y en dicho Sumario se cita el caso, entre otros, del sacerdote Miguel Woodward, torturado y asesinado en el buque escuela Esmeralda.
La hermana del padre Woodward, Patricia Woodward Bennetts, desea informar que en fecha reciente hizo llegar al juez Garzón un escrito por el cual puso en su conocimiento, para los fines que el creyera oportunos, la próxima visita a puertos españoles de la Esmeralda.
No le propuso ninguna acción concreta al juez, ni ha tenido noticias sobre cuales podrían ser los objetivos que actualmente persigue el mismo. Se dirigió al juez como responsable de un Sumario que sigue abierto. Dicho Sumario incorporó el caso de su hermano, entre miles de otros, en un momento en que no fue posible tomar ninguna acción legal efectiva en Chile.
En su escrito al juez Garzón, Patricia también informó que, con fecha 15 de mayo, había dirigido sendas cartas al Presidente del Consejo de Ministros de la Unión Europea y al Secretario General del Consejo de Europa en que expuso (i) que los cuatro gobiernos europeos que han autorizado la visita de la Esmeralda – Reino Unido, España, Francia y Alemania – han vulnerado el Artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales dado que la visita representa un trato inhumano a las victimas de la Esmeralda y a sus familiares que ahora viven en Europa (ii) que el gobierno de Chile ha vulnerado los Artículos 1, 12, y 16 referentes a derechos humanos del Acuerdo de Asociación entre Chile y la UE, aprobado por el Parlamento Europeo en noviembre 2002 y que todavía está sujeto a ratificación por la mayoría de los países miembros.
Patricia Woodward quisiera señalar, además, que sigue esperando que llegue a buen fin la querella, presentada en enero 2002 en su nombre, y aceptada para su investigación por la Ministra del Fuero Gabriela Corti en las Cortes de Valparaíso (No. 1 891-01). Los cargos en la citada querella relacionados con la muerte de Miguel Woodward son: genocidio (por motivos religiosos), terrorismo de estado, homicidio calificado, delitos contra el Convenio de Ginebra y otros tratados internacionales, secuestro calificado, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, inhumación y exhumación ilegales, y asociación ilícita.
Sin embargo, hay que decir que, con la excepción de las diligencias policiales, la investigación jurídica se encuentra casi paralizada dada la sobrecarga de trabajo de la juez investigadora. A la juez no se le ha concedido la dedicación exclusiva. Por el contrario, los Tribunales superiores desestimaron esta concesión, y últimamente a la juez le han transferido la responsabilidad de todos los casos de derechos humanos de la V Región.
Además, Patricia se ha enfrentando con serias dificultades para asegurar que la juez pueda acceder a pruebas clave que se encuentran en el archivo de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Se ha comprobado que la copia de dicho archivo custodiada por el Ministerio de Justicia no está en condiciones íntegras (por una "reclasificación" del material según el Ministerio y por motivos más graves según otras fuentes).
Por otro lado, a pesar de haberse oficiado una orden judicial al respecto, hasta ahora no han sido facilitadas a la juez las 130 páginas de testimonio sobre el caso de Miguel que, nos constan, están incluidas en otra copia (esa sí íntegra) de los archivos cuyo depositario es la Corporación Justicia y Democracia. Dicha Corporación custodia los documentos presidenciales del ex Presidente de Chile Patricio Aylwin.
Tales trabas al buen funcionamiento del sistema judicial han tenido lugar a pesar de que el propio Presidente Lagos había garantizado que su gobierno aseguraría que la justicia pudiera realizar sus tareas en lo que se refiere a las querellas por violaciones a los derechos humanos.
Patricia Woodward hace constar su gran respeto por la justicia chilena, así como por la persona de la juez Corti, y por todos sus compatriotas chilenos que le han ayudado en sus esfuerzos para dar a conocer la verdad, conseguir justicia y restaurar la dignidad al nombre de su hermano"
Patricia Woodward
Fred Bennetts
Madrid, a 7 de junio 2003
