Según la Contraloría General de la República, sus sedes regionales han devuelto las declaraciones de patrimonio que el Presidente Ricardo Lagos solicitó a sus funcionarios de confianza. El conflicto se origina a partir del desconocimiento que existe en sus reparticiones sobre el oficio n°008, firmado el año pasado por el Mandatario.
El 28 de noviembre de 2003, el Presidente de la República Ricardo Lagos firmó el oficio n°008, en el que imparte instrucciones a sus funcionarios de confianza para que actualicen sus declaraciones de intereses y de patrimonio. Hasta ahí todo bien.
Las primeras son exigidas a todos los funcionarios que trabajan para el Estado, lo cual se estipula claramente en los artículos 57 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional, sobre Bases de la Administración del Estado y en el Decreto Supremo N°99 de 2000. Sin embargo, las declaraciones de patrimonio no están sujetas a ningún cuerpo legal y corresponden a una iniciativa personal del Presidente.
Al mismo tiempo, en las declaraciones de intereses se recopila información sobre la participación de los funcionario en organizaciones con y sin fines de lucro. En las de patrimonio, en tanto, los "hombres" de confianza del Presidente deben registrar sus activos y pasivos, exigencia establecida en el oficio n°008, donde Ricardo Lagos recuerda a sus colaboradores más cercanos de la necesidad de cumplir con lo estipulado en la ley de probidad administrativa. No obstante, los problemas con las buenas intenciones del Ejecutivo, también se ven frustradas a partir de la redacción y distribución del oficio.
La instrucción presidencial número 3 dice textualmente: "Actualizar sus declaraciones de patrimonio y, en caso de no haberse otorgado, proceder de inmediato a su presentación. Esta declaración o su actualización deberá prestarse ante un notario público y entregarse conjuntamente con la declaración de intereses, al respectivo jefe de personal, quien adjuntará un ejemplar de ella a la declaración de intereses que corresponda remitir a la Contraloría General de la República".
El Mostrador.cl solicitó la información respectiva a la subsecretaría general de Contraloría, la cual está encargada de custodiar, centralizar y dar a conocer el público las declaraciones de intereses que llegan hasta ellos, cumpliendo con el rol que le otorga la legislación. Sin embargo, al preguntar por las declaraciones de patrimonio, el subsecretario general, Cristián Jirón, explicó que no hay claridad sobre cómo "administrar" ese tema y que sólo tenía conocimiento de un instructivo del Presidente en que las solicitaba.
Los dichos de Jirón son comprensibles. En realidad, el funcionario no tenía por qué saber "oficialmente" de la solicitud presidencial que solicita adjuntar declaraciones de intereses y patrimonio, ya que en la lista de distribución del >oficio n°008 no se incluye una copia para ser entregada a Contraloría.
A juicio del organismo, esto ha significado que Contraloría de la Región Metropolitana, a pesar de la desinformación, reciba las declaraciones de patrimonio por "deferencia" al primer Mandatario. Jirón añade, que las que han llegado, no se quedan en su departamento junto con las de intereses, sino que simplemente se archivan en la oficina de partes del organismo contralor.
En el Consejo de Auditoría Interna del General Gobierno (CAIGG), confirman que la idea del Presidente es poder determinar si un funcionario se enriquece o se empobrece excesivamente, situación que finalmente lo pueda hacer vulnerable a operadores privados. Pero que no hay nadie expresamente encargado de auditar permanentemente a los funcionarios.
En la oportunidad solicitamos al CAIGG, organismo dependiente del ministerio Secretaria General de la Presidencia, que nos enviará el formulario en blanco de la declaración de intereses, para conocer en detalle la información que se solicita, sin embargo, señalaron que no podían hacerlo, "porque el formulario podía ser distinto al que maneja el Presidente".
Sin embargo, en Contraloría se nos informó que no "existe" tal formulario. Las declaraciones de patrimonio archivadas serían todas distintas y cada funcionario la redacta sin ningún patrón formal predeterminado. Además, no han revisado las que han llegado hasta el momento, porque en el oficio firmado por el Presidente no hay nada que exprese que éstas serán de "conocimiento público", por lo que el organismo no puede exhibirnos ninguna y menos entregar alguna estadística que permita establecer si las instrucciones presidenciales se han cumplido, respecto del tema del patrimonio.
Finalmente, Cristián Jirón explicó que la desinformación respecto del oficio se ha traducido a que en regiones los contralores han devuelto las declaraciones de patrimonio "por desconocimiento" de la solicitud presidencial, y además por la "inexistencia" de algún cuerpo legal que haga exigible el documento, por lo que no han sabido a qué atenerse. De todas formas, y ante las consultas que efectuó El Mostrador.cl para esta nota, la subsecretaría General comenzó a distribuir el oficio a nivel nacional, para conocimiento de las jefaturas correspondientes.
