A pesar que la derecha exigía más firmeza de parte de la justicia para los menores que comienzan a delinquir, el Gobierno optó por »adecuar» una normativa a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de tal manera de impedir que los novatos que cometen actos delictivos continúen en esa línea y salvarlos a tiempo.
Entre el 26 y 27 de este mes se realizó un seminario en el que expertos de cuatro países del Cono Sur -Chile, Brasil, Argentina y Uruguay- se reunieron para analizar las políticas públicas de seguridad ciudadana. Si bien, en la oportunidad, el representante de la Fundación Eber Stiftung, Ernst Hillebrand -organizadora del evento-, destacó que Chile está en mejores condiciones que el promedio de América Latina en esta materia, también puso énfasis en que los problemas de delincuencia permiten el surgimiento de "demagogos y populistas que se aprovechan para tratar de imponer medidas que ya se ha demostrado que no sirven".
Es en este contexto es donde los conflictos sociales y económicos, que provoca el tema de la seguridad ciudadana, se cruzan con la política. Esto, porque -según explicó Hillebrand- la delincuencia tiene costos políticos a partir del hecho que el Estado tiene a su cargo la responsabilidad de garantizar los derechos de los ciudadanos en este ámbito.
Bajo esta premisa es que en agosto del 2002, el Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. Iniciativa que ya lleva dos años de tramitación en el Congreso y que, según el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Alta, senador Alberto Espina, "es el primer intento, en Chile, por establecer un sistema de responsabilidad penal especial para los adolescentes, ante actos con carácter de crimen o delito".
Así, el proyecto establece que la edad del imputado podrá ser determinada por cualquier medio y en los casos en que los delitos se inicien entre los 14 y 18 años de éste, pero que su consumación se prolongue más allá en el tiempo, el juez determinará la legislación aplicable, atendiendo a las circunstancias de hecho y personales. Lo que si bien no es exactamente lo que la oposición ha venido pidiendo los últimos años, implica la modernización de la legislación en esta materia.
Preocupación en alza
Por su parte, el Ejecutivo -en el Mensaje- reconoce que la preocupación pública por la seguridad ciudadana y el perfeccionamiento de la Justicia Penal "ha crecido". Y que "la actual justicia de menores es objeto de críticas no sólo porque no se somete a los límites y controles que la Constitución establece para la jurisdicción criminal general, sino también, porque no satisface las exigencias de protección de los derechos de las víctimas de la delincuencia".
Sobre este último punto, el ministro Insulza hizo hincapié en la inauguración del seminario del Cono Sur sobre políticas públicas. El secretario de Estado admitió que la protección y atención a las víctimas es una de las cinco fases de cualquier política criminal, pero que sin embargo constituye "nuestro principal talón de Aquiles" y que es una materia que está pendiente. Pese a que, a su juicio, es uno de los aspectos más importantes del proceso delictivo.
Respecto del proyecto que está en tramitación , el ministro José Miguel Insulza, señaló a El Mostrador.cl que si bien hubo un período en el que los delitos cometidos por jóvenes llegaron a alrededor de un 18 por ciento, "en los últimos tiempos han sufrido una pequeña baja". No obstante, para la autoridad de Gobierno, lo substancial es realizar un "seguimiento del delincuente juvenil" para asegurar su rehabilitación y que no continúe en el camino criminal.
Reeducar antes que castigar
En este aspecto, el ministro precisa que la ley sobre responsabilidad penal de los adolescentes "va más por el lado de la reeducación que por el del castigo". A este respecto la preocupación del secretario de Estado es que los jóvenes que se inician en el mundo de la delincuencia no se detienen y continúan haciéndolo en su edad adulta, de allí la importancia de que la nueva normativa apunte a la "reeducación", deteniendo el fenómeno en forma oportuna.
Esta inquietud queda de manifiesto en el Mensaje presidencial que se hace cargo de que "las más recientes tendencias y recomendaciones de organizaciones internacionales señalan que para prevenir el aumento de la delincuencia de los adolescentes es conveniente combinar un sistema que responsabilice a los adolescentes por lo actos delictivos, a través de sanciones adecuadas y proporcionales a los hechos y un amplio marco de políticas sociales, que impida toda confusión entre protección de derechos y sanción de actos delictivos".
Para el Ejecutivo -según sostiene en el Mensaje-, la actual legislación equipara el tratamiento jurídico de las infracciones a la ley penal con situaciones de amenaza o vulneración de derechos de los niños. "Al no existir un sistema especializado destinado al juzgamiento y atribución de consecuencias de las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, se genera una confusión entre la protección de los niños y las medidas sancionatorias". Lo que, a la luz de las impresiones del ministro del Interior, pretende evitar la normativa que se tramita en el Congreso.
Coincidentemente con la opinión de Insulza, el jefe de la División de Defensa Social del Ministerio de Justicia, Tesio Metifogo, señaló que la iniciativa que concluyó su primer trámite en la Cámara Baja, pretende adecuar la legislación la responsabilidad penal de los adolescentes a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esto, porque la actual normativa aplicada a los adolescentes se podría considerar como un "sistema punitivo encubierto, sin garantías procesales".
Normas claras
A juicio de Metifogo, la iniciativa que está en trámite establece normas más claras y definidas para sancionar las faltas y delitos de los adolescentes, de entre 14 y 18 años, llegando las penas más drásticas a la privación de libertad por hasta cinco años.
El especialista explicó que este proyecto está compuesto por dos vertientes básicas. Crear un sistema de garantías para los jóvenes delincuentes, que junto con sancionar respete sus derechos, y, por otra parte, dar una respuesta a la "sensación de impunidad" que existe en torno a los adolescentes que cometen delitos. En todo caso, aclaró, que esta ley no podrá ser aplicada antes que entre en vigor la Reforma Procesal Penal en todos el país, aún cuando sea promulgada primero.
En cuanto a las diferencias que pudieran existir entre el Gobierno y la oposición en torno a la responsabilidad penal de los adolescentes, Metifogo señaló que en el trámite en la Cámara Baja se asumió el tema "muy responsablemente", por lo que desde su punto de vista existe "un nivel de acuerdos bastante grande", por lo que implica la iniciativa, que no significa traspasar a los jóvenes el sistema penal adulto, sino crear una legislación "especial" para los adolescentes.
De allí que estime que este proyecto generará "mejores efectos" que si se aplicara a los jóvenes -de 14 a 18 años- el sistema penal adulto.
Así las cosas, sólo queda esperar el debate que se dará en el Senado. Esto, porque bien podría ocurrir que los sectores de la derecha que más han abogado por la rebaja de la responsabilidad penal para los jóvenes, opusieran resistencia a esta iniciativa que no sólo plantea que los adolescentes respondan por su faltas, sino que también resguarda de manera importante sus derechos, en cuanto a no responder como adultos.
