El hecho de que sean profesionales del Consejo de Defensa del Estado los que asuman su representación ante la Justicia, implica que éstos mantienen a firme el apoyo que le brindó el pleno del organismo, durante la tradicional reunión de los días martes.
El jefe del Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Eduardo Urrejola, y la procuradora general de Santiago, María Teresa Muñoz, en su calidad de abogados, defenderán a la presidenta del organismo, Clara Szczaranski, en la querella que presentaron en su contra organizaciones de derechos humanos por abuso contra particulares, según informaron a El Mostrador.cl fuentes de la entidad.
Este escenario representa un cambio respecto a otros juicios que había iniciado Szczaranski, entre otros, contra el matutino El Mercurio, en los que había nombrado a profesionales particulares.
El hecho de que sean profesionales del Consejo de Defensa del Estado los que asuman su representación ante la Justicia, implica que éstos mantienen a firme el apoyo que le brindó el pleno del organismo, durante la tradicional reunión de los días martes.
Tras ese encuentro, se emitió un comunicado respaldando la actuación de la de Szczaranski, en torno a la instalación de un nuevo criterio de interpretación respecto a la aplicación de la ley de Amnistía.
Esa posición fue adoptada por los miembros del organismo y quedó estampada en las actas secretas -publicadas por este diario-, y que se hicieron públicas luego de los alegatos que, en calidad de querellante, realizó el CDE ante la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema por los recursos de casación presentados por ex agentes de la DINA -para que se aplique la amnistía- en el caso del desaparecido militante del MIR Miguel Angel Sandoval.
La polémica se encendió no sólo por este criterio sino, además, porque, según consta en las actas del Consejo, Szczaranski citó a distintas personalidades del mundo político y jurídico que, dijo, la habrían apoyado en su tesis sobre la amnistía impropia. Entre ellos, destacaba el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto, el diputado Juan Bustos (PS) y el propio Presiente de la República, Ricardo Lagos.
Si bien en un principio el Gobierno había tomado distancia del problema, señalando que los tribunales de Justicia eran los encargados de resolverla, y posteriormente manifestó ciertas críticas con el proceder de la funcionaria, luego de la presentación de la querella, patrocinada por la Asamblea de Derechos Humanos, Szczaranski recibió apoyo no sólo de La Moneda, sino que también del Consejo.
De hecho, esta mañana la funcionaria insistió en que dejaría el cargo y, aunque reconoció que el libelo presentado en su contra tenía legitimidad jurídica, estimó que también contenía un sustrato emocional.
