El ex director de la disuelta DINA incluyó en su texto mensajes velados hacia miembros activos del Ejército que tampoco han asumido su responsabilidad en las violaciones a los DD.HH. Además, arremete contra algunos jueces y el ex Presidente Aylwin, a quien acusa de actuaciones »inconstitucionales».
La declaración notarial que ayer viernes Manuel Contreras Sepúlveda, ex directorde la disuelta DINA, dio a conocer a autoridades judiciales y medios de comunicación, está llena de mensajes velados en que sus principales flancos son su ex superior jerárquico, el general (r) Augusto Pinochet, miembros activos de las Fuerzas Armadas que no han asumido sus responsabilidades, el Poder Judicial y el ex Presidente de la República, Patricio Aylwin Azócar.
Al margen de los antecedentes que entregó, los cuales supuestamente recopiló por cerca de 7 años, para ayudar a establecer la verdad en 592 casos de opositores al régimen militar que tienen la calidad de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos, el mensaje es claro para Pinochet y todos aquellos que participaron en la toma de decisiones durante su régimen: asumir sus responsabilidades como una cuestión de "hombría".
Otro detalle, no menos significativo, es que para legalizar sus actuales dichos Manuel Contreras haya escogido la misma notaría en que el general (r) Pinochet certificó su nombramiento como Delegado de la Junta Militar, con amplios poderes, en 1973, perteneciente a Sergio Carmona Barrales.
Arremetida contra Pinochet
El ex hombre fuerte de la primera etapa del régimen militar reconoció haber tergiversado informaciones en los casos de violaciones a los derechos humanos, pero argumentó que ese actuar "fue influenciado por el natural y espontáneo concepto de lealtad hacia mi superior jerárquico directo (Pinochet) que, al no pronunciarse frente a sus responsabilidades de mando ante diversas situaciones, exigía mi intervención inmediata, en mi calidad de director de la DINA, para enfrentar la necesidad de proporcionar la información que un caso determinado ameritaba".
Con ello, veladamente admite haber falseado antecedentes requeridos por la justicia, ante los cientos de recursos de amparo que fueron presentados ante los tribunales a favor de personas que habían sido detenidas ilegalmente durante el gobierno de facto.
Asimismo, consigna que al apuntar a la "cúpula de la DINA" se debe aclarar que "dicho término se debe adjudicar en primer lugar al Presidente de la República de la época y comandante en jefe del Ejército, capitán general Augusto Pinochet Ugarte, y los integrantes de la junta militar de Gobierno", junto a todos los asesores de esas autoridades, los ministros que encabezaron carteras de Estado relacionadas con la inteligencia militar y a su persona, pero no al personal subalterno que cumple condenas.
Quiebre definitivo
Este pronunciamiento marca el quiebre definitivo de la lealtad que tuvo Contreras con Pinochet, ya que si bien de forma posterior a la publicación del informe Valech el «Mamo» acusó a Pinochet de no cumplir con el honor militar y de ser el jefe de la ex DINA, ahora se dispuso a entregar su nombre como el que mandó realizar las ejecuciones de Orlando Letelier, Carlos Prats y Bernardo Leighton en el extranjero.
"Yo fui el director ejecutivo de la DINA y, con ello, vuelvo a asumir las responsabilidades derivadas del accionar de mis subalternos en el cumplimiento de las misiones constitucionales y legales que les fueron ordenadas por mí", sostiene su declaración. La cual también señala que no está dispuesto a asumir hechos que se le imputan mediante pruebas y testigos falsos y "jueces prevaricadores", así como miembros de las FF.AA. que buscarían sólo que este ex organismo de seguridad enfrente la culpabilidad en estos hechos.
"Es el comandante en jefe, es decir, aquel que dio la orden del cumplimiento de una misión o acción y es una obligación básica que impone el honor no sólo militar, sino de hombría de bien, el asumir las mencionadas responsabilidades", añade en su escrito.
Ataque a los jueces y políticos
Por otra parte, Manuel Contreras justifica el accionar represivo durante el régimen militar argumentando que mediante el Decreto Ley N° 77 los ciudadanos pertenecientes a los partidos Comunista, Socialista, el MIR, el Mapu y la Izquierda Radical fueron considerados como fuera de la legalidad y adversarios de Chile, ya que promovían la invasión de la ex Unión Soviética, Cuba y los países del Este de Europa, para instalar un régimen de "corte marxista leninista".
Sin embargo, en su opinión, las normas como la amnistía, la cosa juzgada, la prescripción o la acumulación de causas, sólo han sido respetadas "para beneficio único de terroristas, violentistas y otros", pero no se habrían aplicado a favor de los uniformados involucrados en crímenes de lesa humanidad.
Asimismo, asevera que existen algunos jueces que estarían actuando por venganza al condenar a ex miembros de su organismo, mencionando implícitamente al ministro Alejandro Solís, en relación a su sentencia por la desaparición del mirista Miguel Ángel Sandoval.
"Las personas afectadas por esta resolución son absoluta y totalmente inocentes pues, aparte de mi personal convicción sobre dicha inocencia, la prueba de ello está en los propios tribunales (…) en cuyo expediente no hay ni una sola prueba concreta que permita demostrar su responsabilidad ejecutora", sostiene al afirmar que entregó al mencionado magistrado antecedentes concretos sobre ello, pero que éste no los habría tomado en cuenta.
Por otra parte, acusa al ex Presidente Patricio Aylwin de haber intervenido de forma inconstitucional sobre el Poder Judicial para que se usaran "recursos ilegales para someter a proceso a cientos de uniformados a través (…) de la interpretación antojadiza de la legalidad vigente y la insostenible creación de la ficción inexistente del delito de secuestro permanente".
Para finalizar, Contreras aseguró que "la entrega de la presente documentación deja en evidencia el mito de los documentos secretos que posee el general Contreras que no era otro que este trabajo finalizado hoy".
Reacción de querellantes
Consultados sobre esta nueva intervención del ex jefe de la disuelta DINA, abogados querellantes en casos de DD.HH. reaccionaron de forma diametralmente distinta, a la hora de evaluar los dichos del ex uniformado.
Hugo Gutiérrez estimó que esta acción sólo obedece a "una operación de inteligencia judicial", la cual tendría por objetivo buscar la unificación de procesos que involucran a Contreras, quien ya está procesado en un total de 137 casos, estrategia que podría repercutir en lograr una condena más baja.
"Creo que este criminal lo que pretende es introducir un elemento distractivo ante los tribunales de justicia. En los datos que entrega no hay nada nuevo, sigue inculpando a la CIA, lo cual es absolutamente falso", enfatizó.
En ese sentido, el profesional consideró que no hay posibilidades que la Corte Suprema acumule estas investigaciones, ya que es necesario que cada caso se investigue de forma individual y por cada ministro designado por el máximo tribunal.
En tanto, el abogado Héctor Salazar estimó que "el problema del Banco Riggs y las millonarias cuentas de Pinochet en el extranjero terminaron de derribar todos los vestigios de lealtad que tenían los militares con él".
Al respecto, evaluó que esta suerte de confesión del «Mamo» puede deberse a una suerte de venganza por quien se siente abandonado y traicionado por su superior.
"Este es un camino sin retorno para establecer la verdad sobre los casos de violaciones a los DD.HH.. Ahora los militares involucrados van a tener que entregar toda la información que aún tienen en su poder", indicó.
Por último, Salazar señaló que esta acción ayudará a reestablecer la tradición del Ejército chileno, desde el punto de vista del honor militar, en el cual siempre los altos mandos respondieron por las órdenes que les daban a sus subalternos. Contreras está intentando recomponer esa tradición histórica".
