Pese a que la causa por la sustracción de una libreta perteneciente a una banda de narcotraficantes tendrá que ser revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago para resolver qué tribunal es competente, los supuestos actos de corrupción que habría cometido estando en servicio activo siguen siendo objeto de una acuciosa investigación por parte de la justicia.
El 1° Juzgado del Crimen de San Miguel se declaró incompetente para conocer el proceso judicial que investiga la sustracción de una libreta de teléfonos desde la Fuerza de Tarea Sur (FTS) de Investigaciones y por el cual se encuentra procesado el ex jefe de la Brigada contra el Crimen Organizado (Brico), Rómulo Aitken Hellec, junto a otros tres ex detectives.
Con esta resolución, el expediente N°4716-2004 fue devuelto al 20° Juzgado del Crimen de Santiago, instancia que trabará una contienda de competencia ante la Corte de Apelaciones de esta jurisdicción para resolver a qué tribunal le corresponde tramitar esta investigación, luego que la jueza (s) de esta última magistratura, Nancy Torrealba, se declarara incompetente para seguir conociendo la causa.
No obstante, las eventuales irregularidades en que habría incurrido Aitken -quien en sus buenas épocas fue la mano derecha del ex Director de esta institución, Nelson Mery-, estando aún en servicio activo, ya están siendo pesquisadas por la justicia, luego de que la policía civil remitiera dos investigaciones administrativas que terminaron con la salida de esa institución del otrora policía estrella de la Brico.
Una de estas indagaciones internas fue iniciada por la denuncia de su actual pareja, la periodista Paula Afani, presentada en octubre de 2002, y cuenta con una extensión de tres tomos. Todos esos cuadernos están en proceso de evaluación por parte del 20° Juzgado del Crimen de Santiago, con el objeto de decretar las eventuales diligencias que podrían provenir de esos antecedentes, ya que en el caso de originar un proceso judicial, éste se tramitaría por cuerda separada a la investigación por el robo de la libreta.
Vínculos con el narcotráfico
Dentro de las denuncias que se recepcionaron en el Departamento V de Asuntos Internos de la policía civil, la más llamativa por el monto de dinero involucrado es la formulada por una pareja de informantes que acusaron a Aitken de haberse quedado con un monto aproximado de 150 millones de pesos, provenientes de un decomiso de cocaína realizado el 13 de diciembre de 2001.
En esa fecha, la Brico -encabezada por el mencionado detective- habría interceptado un vehículo proveniente de la V Región a la altura de Calera de Tango, en el cual se transportaban 300 kilos de pasta base, droga que fue decomisada en un operativo donde se procedió a la detención de una numerosa banda delictual conformada por chilenos y peruanos, junto a 180 millones de pesos, de los cuales sólo 30 millones se rindieron ante el tribunal competente.
La mujer que acusó a Aitken -cuyo nombre quiso mantener en reserva por miedo a represalias- recordó que esa operación constaba de dos vehículos que trasladaban droga, por lo cual se habría dejado a escapar al otro que llevaba la cocaína con destino a Santiago y en el cual habría viajado un personaje cuyo nombre es ya vastamente conocido por la opinión pública, el traficante peruano Aurelio Nieto, quien lideraba la banda a la que pertenecía la ya mencionada agenda de teléfonos que ocasionó la posterior caída de Aitken y de los ex policías Jorge y Ricardo Cari, y Hermes García.
Luego de ese «incidente», uno de los traficantes que evadieron a los detectives se instaló en un céntrico departamento de calle Mac Iver, en la capital, lugar desde se comercializaba la sustancia prohibida y se acopiaba el dinero recolectado. Posteriormente, este centro de operaciones fue trasladado a la calle Lord Cochrane, domicilio que finalmente fue allanado y donde se incautó droga y dinero.
A raíz de estas imputaciones, la Dirección Nacional de la institución habría optado por entregar los antecedentes ante el 16° Juzgado del Crimen de Santiago, tribunal que, al poco tiempo, cerró la causa por falta de antecedentes.
Para la denunciante, este hecho demostraría el poder de Rómulo Aitken, precisando que durante el tiempo que se investigó su acusación ella y su familia contaron con protección policial, dada las frecuentes amenazas de muerte que habrían recibido. Pese a la insistencia de este medio, no quiso ahondar más en el tema, ya que tiene la convicción que el ex jefe de la Brico aún cuenta con poderosos "amigos" al interior de Investigaciones, que pueden retomar los amedrentamientos en su contra.
Nueva negación de libertad
En tanto, junto con declararse incompetente para instruir el proceso por la sustracción de la libreta de la FTS, el Primer Juzgado del Crimen de San Miguel negó por quinta vez la libertad a Aitken, pero esta vez por diligencias pendientes y no por peligro para la sociedad.
Respecto al pronunciamiento de la jueza (s) Nancy Torrealba referido a que el titular del 20° Juzgado del Crimen de la capital no habría tenido a la vista el expediente Rol N° 98.473, del Segundo Juzgado del Crimen de San Miguel, para iniciar esta investigación -que terminó con la detención del ex jefe de la Brico-, la defensa de Aitken confía en que esto podría debilitar los fundamentos del proceso.
Empero, fuentes cercanas al titular de esa magistratura, Christian Carvajal, negaron esa afirmación, ya que éste habría realizado una serie de contactos telefónicos para interiorizarse de los detalles de esa causa, que registra la detención de la banda liderada por Aurelio Nieto en marzo de este año.
Sin embargo, la defensa del ex policía insistió en que ello no es efectivo, dado que la propia juez del tribunal de San Miguel les habría confirmado que nunca el magistrado Carvajal le preguntó por detalles de esa investigación y la conversación que sostuvo fue sólo para constatar la detención de Luis Quezada, el chofer del camión en que se transportaron los 253 kilos de cocaína en la abortada maniobra delictiva por la cual fue detenida la banda liderada por Nieto.
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