Pese a que en muchas partes del expediente se menciona la existencia de facturas u otro tipo de antecedentes documentales que habría guardado el uniformado para proteger su vida y la de su familia, hasta ahora no existe claridad respecto a qué sucedió con aquellos y qué importancia tenían. Hay dos maletas perdidas cuyo destino no parece hasta el momento nada claro.
La investigación por el eventual homicidio del coronel Gerardo Huber Olivares pareciera estar plagada de misterios, de muertes sospechosas y de todos aquellos secretos que rodearon los negocios emprendidos por Famae bajo el período en que el general Augusto Pinochet Ugarte fue comandante en jefe del Ejército.
Una de las principales incógnitas que aún subsiste es cuál fue el destino de los importantes documentos que manejó el malogrado uniformado tras su breve paso por la División de Adquisiones de la Dirección de Logística, ya que en calidad de jefe de dicha unidad habría actuado como nexo entre la Dirección encabezada por el general Carlos Krumm y la Fábrica y Maestranzas del Ejército (Famae), entonces dirigida por el general Guillermo Letelier Skinner.
Estos dos uniformados han sido sindicados en el proceso como quienes habrían organizado la venta ilícita de armas por parte de Famae al ciudadano francés Yves Marziale, quien según la declaración del capitán (r) Pedro Araya, llegó al país en compañía del ciudadano británico Sidney Edwards, quien en la década de 1970 actuó como enlace entre Inglaterra y el comandante en jefe de la FACH, general Fernando Matthei, durante la guerra de Las Malvinas.
Los mencionados extranjeros se habrían contactado con el capitán (r) de la FACh Patricio Pérez Villagrán, para realizar la compra de armamento en Chile, la cual fue aprobada por una junta de generales en el Club Militar de Lo Curro, encabezada por Pinochet.
Los papeles de Krauss
En el proceso judicial sustanciado por el ministro en visita Claudio Pavez existen muchas alusiones a la existencia de documentación de la cual, hasta el día de hoy, no se sabe su destino, ni tampoco su importancia, aunque por los escasos rastros que de ellos se conoce, serían demasiado comprometedores para los que se han visto involucrados en estos temas.
Una de las alusiones sobre la existencia de «papeles», cuya importancia habrían sido claves en el proceso judicial que a fines de 1991 se comenzó a sustanciar por el envío ilegal de 11 toneladas de pertrechos a Coracia, es la que se desprende de la declaración de la ex secretaria de Huber en Adquisiciones del Ejército, Teresa Carvajal G.
Según el relato de la mujer, pocos días antes de la fecha en que compareció el uniformado ante el entonces juez que instruía dicha investigación, ella presenció como éste le entregó una carpeta con papeles en su interior al oficial Germán Krauss Sánchez. Este hecho ha sido reconocido por el mismo Krauss.
No obstante, el destino de la documentación aún es incierta, porque el mencionado uniformado afirma que esta carpeta, cuyo contenido no recordaría, él se la pasó al sucesor del coronel Huber en Adquisiones, el entonces coronel Eduardo Mancilla. Pero éste último dice desconocer la aludida carpeta.
Fuentes vinculadas al proceso judicial precisaron a El Mostrador.cl, que se sospecha que esta carpeta habría sido parte de los documentos que Huber manejó al interior de su caja fuerte en la Dirección de Logísitica, la cual fue vaciada dos días después de su desaparición por orden del general (r) Krumm, permaneciendo, hasta ahora, el destino de esos papeles en la sombra.
Los maletines
Por otra parte, a fojas 2.465 consta la declaración de la viuda del coronel Huber, Adriana Polloni, donde rememora un curioso trámite que realizó el uniformado un par de días antes de viajar a San Alfonso, en el Cajón del Maipo, a pasar unos días de descanzo.
Ella recuerda que su cónyuge le pidió acompañarlo al edificio de la comandancia en jefe del Ejército, recinto que albergó a las dependencias de Asquisiones. La mujer dice que permaneció en el auto mientras éste ingresó al lugar. Tras varios minutos, el oficial llegó con un maletín de los que frecuentemente usaba, cuyo interior era pesado, ya que ella en algún momento dice haberlo tomado.
Esa misma escena está en la memoria de Alex Huber, el hijo mayor del coronel, quien dice haber estado en la misma situación de su madre, durante el mismo período.
Uno de esos maletines viajó junto al coronel Huber a San Alfonso, pero su contenido se pierde en una nebulosa. Adriana Polloni declaró que durante la misma tarde en que arribaron a la casa del amigo de la familia Elwin Tapia, en el Cajón del Maipo, su marido fue a realizar un cambio de aceite al vehículo, lo cual le llamó mucho la atención, pues esa mantención del auto se había hecho hacía menos de un mes.
Sin embargo, Huber insistió y se ausentó del sector por el transcurso de tres horas aproximadamente. La viuda afirma que el maletín con documentos (se supone) permaneció al interior del automóvil, pero que tras el supuesto regreso desde el servicio técnico, su cónyuge bajó el portafolio, el cual venía vacío.
Según la investigación, se presume que los documentos del primer maletín habrían sido quemados por el coronel Huber, en la escena que toda su familia recuerda en que incineró papeletas amarillas. En tanto, sobre el destino que corrió el segundo legajo de documentos, éste hasta ahora se desconoce.
Las anotaciones del coronel
Hasta el momento, nada se sabe sobre el tenor de los documentos perdidos, ni sobre el lugar donde permanecerían guardados o, lo más lógico a estas alturas, cómo y por decisión de quién fueron destruídos.
En todo caso, de las pocas pertenencias laborales que quedaron del malogrado oficial se pudo rescatar una agenda de 1991, en la cual algunas de sus páginas dan cuenta sobre la relevancia que tendría esta información.
Así, el 18 de marzo de ese año, entre otras anotaciones aparecen dos que llaman la atención; una referida al «Proyecto Meptuno» y la otra al «Proyecto Mowag».
El primero de estos proyectos a los que aludió Huber, «Neptuno», podría estar vinculado a la renovación de la fuerza fuerza de submarinos de la Armada, que consiste en reemplazar los antiguos submarinos de la clase OBERON, "HYATT" y "O’BRIEN", por dos nuevos de la clase SCORPíˆNE, bajo contrato con los astilleros NAVANTIA de España y DCNI de Francia.
El primero de ellos, el "O’HIGGINS", ya fue entregado y se encuentra operando en Chile. El segundo, el "CARRERA", será entregado tentativamente en julio del presente año.
En tanto, el proyecto «Mowag», según las indagaciones realizadas en el marco del caso Riggs, se relaciona con la compra de las licencias suizas para fabricar en Famae los carros blindados Mowag.
De hecho, en un exhorto a Suiza enviado en septiembre de 2005 por el entonces juez del caso por las millonarias cuentas de Pinochet, Sergio Muñoz, pidió a la justicia helvética interrogar al ciudadano de esa nacionalidad Edwin Strasser (73 años), quien fuera representante y delegado para Sudamérica de la Mowag Motorwagenfabrik, quien habría formalizado negocios con Famae, para la construcción en Chile -bajo licencia- del carro blindado Mowag.
La investigación sustanciada ahora por el recusado juez Carlos Cerda pretende aclarar la existencia de pagos ilegales a Pinochet por la compra, al empresario chileno Carlos Cardoen, por parte de Famae de las licencias para construir los 26 carros blindados Mowag, de origen suizo.
Las preguntas apuntan a interrogar como testigo a Edwin Strasser, ex representante de la firma suiza dueña de la licencia original de los Mowag y averiguar, entre otros aspectos, quién recibió dinero por parte de la firma helvética por su representación en Chile.
De los 26 carros en cuestión, 20 son 6×6, con un valor de 300.000 dólares y seis 8×8, que alcanzan los 900.000 dólares.
Otra de las anotaciones que dan cuenta de la información que manejó Huber es la de fecha 22 de marzo de 1991, en las frases anotadas ese día había una referida al proyecto «LAR», que consistió en la compra por parte del Ejército de un sistema de cohetería adquiridos a Israel, el cual necesitó un trabajo de asistencia conjunta para adaptarlos a los requermientos chilenos.
Pero hay otro de estos apuntes que dan cuenta del grado de sensibilidad que podría haber alcanzado la información que se manejó en el Departamento de Adquisiciones del Ejército, como lo que refleja la siguiente frase escrita el 2 de diciembre de 1991, «situación de contratos con PSP».
La empresa Productos Integrados a la Producción (PSP) se vio involucrada en el escándalo que se desencadenó en 1989, conocido como el caso "pinocheques" y que involucró una suma de cerca de tres millones de dólares que el Ejército le pagó en cheques nominativos, del Banco del Estado, al hijo mayor de Pinochet, Augusto Pinochet Hiriart, para hacerse cargo de la quebrada empresa de armas Valmoval.
Esta entidad pasó a ser manejada desde las sombras por la razón social Productos Integrados a la Producción (PSP), de la cual Augusto Jr. era accionista mayoritario, a través de Eduardo Le Roy Vicuña, quien actuó de "palo blanco" en la transacción.
