Pleno del máximo tribunal calificó como »injustas» las críticas que se han hecho por la supuesta falta de transparencia de los magistrados, y llamó la atención por la escasa información que entregan los parlamentarios al proponer un límite de horario y labor docente. Además, reclamó por las bajas remuneraciones que reciben los miembros de la judicatura en comparación con otros estamentos estatales.
La Corte Suprema entró en curso de colisión con el Senado y emitió un duro informe en el que critica las restricciones que pretenden imponer los legisladores en cuanto al horario de trabajo de los magistrados, los permisos administrativos que solicitan los jueces y la posibilidad de realizar labores docentes fuera del horario de funcionamiento de los tribunales.
El pleno del máximo tribunal envió al presidente de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, José Antonio Gómez (PRSD), un oficio en el que se realizan duros cuestionamientos a las modificaciones introducidas por los legisladores al proyecto de ley que crea la Corte en lo Penal de Santiago, y en la que los parlamentarios plantearon una serie de regulaciones al trabajo de los jueces.
Entre otros cambios, los legisladores propusieron establecer una jornada laboral de ocho horas para los jueces, limitar a tan sólo 12 horas semanales la posibilidad de realizar labores docentes y restringir los permisos administrativos a tres días semestrales, todos aspectos que son rechazados por los integrantes del máximo tribunal.
Los magistrados acordaron el texto del oficio que se remitió al Senado en el último pleno del trabajo ordinario de la Corte Suprema, el 31 de enero pasado, luego de recibir un informe del ministro Sergio Muñoz Gajardo y el documento fue remitido al día siguientes al Senado, donde fue recepecionado sólo este 7 de febrero.
El documento, de 24 páginas y que incorpora además 12 anexos, hace un duro análisis a las modificaciones propuestas por el Senado y, en un tono poco habitual para este tipo de informes, da cuenta de cada una de las críticas que plantearon los parlamentarios al proponer las ideas que ya habían sido rechazadas por varios de los jueces del máximo tribunal.
Discriminación
En primer lugar, el informe respalda la idea de crear una nueva Corte de Apelaciones en Santiago, pero reitera que resulta inconveniente establecer una división por materia, criticando además que se considere pasar al futuro tribunal de alzada en lo Penal la competencia de las causas criminales de la Corte de San Miguel, idea que no se encontraba en el mensaje original remitido por el ex Presidente Ricardo Lagos en enero de 2006.
Los jueces, además, rechazan que los senadores pretendan establecer una serie de normas sobre transparencia en los actos de los jueces, recordando que mucha de la información que pretender hacer pública los legisladores se encuentra en la página web del Poder Judicial o puede ser consultada directamente en la Corte Suprema o las distintas Cortes de Apelaciones por quien lo requiera.
«Estima esta Corte Suprema que es la oportunidad de reclamar por un tratamiento manifiestamente discriminatorio de parte del legislador en relación al Poder Judicial al regular estas materias, si se tiene como marco de comparación a las principales autoridades del Estado, pues no nos oponemos a las restricciones y limitaciones, siempre que ellas afecten o regulen por igual al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de otra forma aparece simplemente potestativo y caprichoso el uso de competencias por el legislador orgánico, en quien no se desconoce está la definición de las políticas públicas y cuyo ámbito jamás se pretenderá invadir», dice el informe.
De paso, critica que los propios legisladores hayan negado el acceso a las actas de la Comisión de Constitución del Senado en las que se propusieron tales medidas. "Se puede hacer notar que no fue posible obtener los valiosos antecedentes y discusiones que originan la aprobación unánime por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado de las indicaciones que se informan, pues no lo autorizaría el Reglamento de la Cámara Alta, en tanto la materia no sea conocida por la sala del Senado, decisión adoptada no obstante la reforma al artículo 8° de la Constitución Política de la República, como de la vigencia de los principios de supremacía constitucional, aplicación directa de la Carta Fundamental, efecto derogatorio de la norma superior de toda aquella de rango inferior que esté en oposición con la misma y la interpretación acorde a la norma fundamental que se debe efectuar por quien la aplica, todo lo que debe llevar a decidir cualquier solicitud teniendo en vista como norma primera y básica la de carácter fundamental y en último término las reglamentarias", señala el texto.
Límites al horario y remuneraciones
En uno de los puntos más polémicos, y luego de hacer análisis de las distintas instrucciones que se han dictado respecto del horario del funcionamiento de los tribunales, los jueces de la Suprema rechazan la idea de establecer un mínimo de ocho horas de trabajo en sus puestos.
«El personal judicial, por lo general, no busca figuración, su labor la desarrolla de manera silenciosa y casi anónima, postergando legítimos intereses y su vida familiar, sin que sea excepcional que algunos magistrados laboren hasta altas horas de la madrugada, como también los días sábados y domingos, de lo que dan cuenta incluso actuaciones concretas registradas en los expedientes a su cargo. Esta entrega al servicio judicial es la que no se corresponde con la iniciativa. Siempre nuestros jueces han entendido la relevancia de su labor, la que está directamente relacionada con la gente, con las personas, con sus conciudadanos, cuya obligación primera es servirlos, pues con ello se contribuye a la paz social, tan necesaria para el desarrollo del país», fundamentan los jueces.
Asimismo, califican como "paradojal" que se pretenda establecer un nuevo horario de funcionamiento de todos los tribunales del país, cuando el proyecto de ley que crea la nueva Corte en Lo Penal se limita sólo a la jurisdicción de Santiago, sin que los parlamentarios tengan facultad para ello.
Al referirse a los límites a la labor docente los jueces se manifiestan disconformes con la idea y recuerdan que todas estas tareas se realizan fuera del horario de trabajo, como una forma de obtener un mayor ingreso. "Los temas deben expresarse con franqueza y es una realidad que el nivel de remuneraciones del Poder Judicial dista mucho del que tienen otras autoridades públicas de idéntico nivel en el país, constituyéndose la actividad docente en una fuente de ingreso legítima para algunos de los funcionarios judiciales que tiene facilidades docentes"
Los magistrados van más allá y aseguran que si se quieren establecer límites a la labor docente de loa ministros de Corte se deben equiparar sus sueldos a los de otras entidades, como el Banco Central o el Tribunal Constitucional que fijan altas remuneraciones por la dedicación exclusiva a las labores propias del cargo público que se ostenta.
De paso los jueces critican que incluso se impidan realizar labores en la Academia Judicial, comparando dicha institución a las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, por lo que no resultaría inaceptable que los futuros jueces no reciban la experiencia que le puedan entregar los magistrados que realizan clases en ese instituto formador.
"De mantenerse la disposición en las condiciones en que se encuentra, constituirá una nueva discriminación respecto del Poder Judicial en cuanto a la formación, habilitación y perfeccionamiento de los funcionarios judiciales, circunstancia que no se ha adoptado, hasta ahora, respecto de las Escuelas Matrices, de Formación y Academias de Guerra de las Fuerzas Armadas y policías. En estas últimas existe personal castrense y policial destinado, por planta, para servir cargos directivos, docentes e instructores, lo cual no ocurre con la Academia Judicial", concluyen.
