Magistrado encausó a viuda e hijos de Augusto Pinochet Ugarte, en el marco de la investigación sobre las cuentas que éste mantuvo ocultas en el extranjero. resolución también afecta a los generales (R) Guillermo Garín, Jorge Ballerino, el brigadier (R) Jaime Lepe y el abogado Ambrosio Rodríguez, entre otros.[En actualización]
El ministro Carlos Cerda ordenó el arresto este jueves de la viuda y de los cinco hijos de Augusto Pinochet Ugarte, así como de 17 colaboradores cercanos del fallecido ex uniformado, en el marco de la investigación que lleva adelante en el caso Riggs.
La decisión la adoptó luego de que decidiera procesar a las 23 personas en calidad de autores del delito de malversación de caudales públicos, en las pesquisas sobre las cuentas que el otrora militar, fallecido en diciembre pasado, mantuvo ocultas en el extranjero.
La resolución dictada por el magistrado afecta a Lucía Hiriart Rodríguez, viuda de Pinochet, y a los cinco hijos del matrimonio: Lucía, Augusto, Marco Antonio, María Verónica y Jacqueline, quienes con anterioridad habían sido absueltos en distintas aristas del caso.
Entre los procesados, también figuran los generales (R) Guillermo Garín y Jorge Ballerino, ambos ex jefes de la llamada «Casa Militar», que fue un comité asesor castrense que Pinochet mantuvo durante los últimos años del régimen militar.
Asimismo, aparece en la lista el abogado Ambrosio Rodríguez, uno de los más férreos defensores de Pinochet y que también fue asesor del régimen militar, y el también abogado Gustavo Collao.
El dictamen también alcanzó a dos oficiales en servicio activo del Ejército: los coroneles Juan Mc-Lean Vergara, ex agregado militar de Chile en Estados Unidos, y Mortimer Jofré, otrora jefe de relaciones públicas de la rama castrense y secretario privado de Pinochet.
Tras ser notificados, los procesados quedaron detenidos en el Cuartel Independencia de la Policía de Investigaciones, con excepción de Lucía Hiriart, que fue internada en el Hospital Militar debido a una descompensación en su presión arterial.
Cerca de las 17.00 horas, las mujeres fueron trasladadas al ex Centro de Orientación Femenina (COF) de San Joaquín, los civiles hombres al penal Santiago 1, mientras que los militares al Batallón de Policía Militar de Peñalolén.
Fraude por $ 4.184.998.009
Según el fallo, la familia y el entorno de Pinochet entre 1973 y 2003 cometieron malversación de caudales públicos por $ 4.184.998.009, a través de recursos provenientes de los gastos reservados de la Presidencia, la Casa Militar y la Comandancia en Jefe del Ejército.
De acuerdo al magistrado, entre 1973 y 2003 el matrimonio Pinochet-Hiriart obtuvo ingresos por $ 2.146.473.111 (en cifras nominales), mientras que los egresos en el mismo período sumaron $ 6.331.471.120.
«El saldo es negativo en $ 4.184.998.009, es decir, los egresos fueron superiores a los ingresos y/o rentas percibidas de fuentes conocidas y legales nacionales. Hasta 1982 el saldo favorable acumulado de años anteriores era capaz de sustentar los egresos», indica el fallo.
«La diferencia fue solventada con los dineros de los gastos reservados asignados a la Presidencia de la República, a la Casa Militar y a la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile, los que fueron sacados del país y luego reingresados de las maneras que se ha dejado explicadas», sostiene la resolución.
La investigación se abrió en 2005, tras descubrirse que mantenía cuentas secretas en el Riggs Bank de EEUU y otras entidades, en las que había acumulado una fortuna superior a 26 millones de dólares. También, en el momento de fallecer, el 10 de diciembre de 2006, Pinochet estaba desaforado -paso previo a su procesamiento-, por malversación de fondos públicos.
Cerda: Justicia genera paz sobre la base de verdad
Tras dictar la resolución, el magistrado señaló que «nunca una familia puede ser sujeto del Derecho Penal, sí personas. Miembros de la familia del general Pinochet han sido procesados».
«Estando acreditado -en concepto del tribunal con los copiosos antecedentes que se vierten en la resolución- la existencia del delito de malversación de caudales públicos hay presunciones fundadas, también justificadas en la resolución, en el sentido de que esas personas (…) han tenido participación en ese delito», explicó.
El ministro en visita señaló que se ha trabajado intensamente durante el tiempo en que se vio su implicancia sobre la causa. «Nos interesa, como jueces, que la justicia genere paz sobre la base de la verdad».
Asimismo, se manifestó esperanzado de que la sociedad tenga esta posibilidad de acceder a la veracidad de los hechos ocurridos. «A raíz de reacciones de algunas defensas por señalar que perdí independencia, yo no había podido seguir accionando como juez durante un año y dos meses. A pesar de estos, he actuado con toda intensidad, ya que un ministro en visita -según señala el Código Orgánico de Tribunales- debe actuar con prontitud para que en la sociedad no surjan suspicacias de maniobras políticas».
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