Entrevistada en el programa SDA Entrevistas de El Mostrador.cl Ana Lya Uriarte abordó también la necesidad de que frente a estos episodios surjan nuevos mecanismos de representación ciudadana, porque de lo contrario se agudizará la «conflictividad medio ambiental».
Los desastres ambientales en Chile no son pocos. Ccontaminación de ríos, derrames de petróleo o la muerte de cisnes de cuello negro en Valdivia son algunos ejemplos de ello. Si estos episodios hubiesen sucedido en la actualidad, las empresas responsables podrían llegar a ser multadas hasta por cuatro mil millones de pesos.
La ex ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, dijo en el programa SDA Entrevistas de El Mostrador.tv que este es uno de los aspectos más significativos de la Ley 20.417, que crea el ministerio, el servicio de evaluación ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Y es que para ella los ejemplos de los beneficios que traerá al país no serán menores.
“El servicio de evaluación ambiental estará desconcentrado territorialmente (uno por región) y descentralizado funcionalmente. Una Superintendencia del Medio Ambiente que cambia completamente la fiscalización ambiental en Chile porque antes las multas máximas que tenían las infracciones medio ambientales eran de un millón a un millón y medio, se aumentaron a 4.000 millones, con la posibilidad además de cerrar la actividad”.
Según la ex funcionaria del gobierno de Michelle Bachelet, la aprobación del cuerpo legal fue “una lucha dentro del Congreso extraordinariamente dura y difícil de llevar adelante”.
«Muy probablemente la representación y la voz ciudadana va a tener que tener otros tipos de mecanismos de expresión mucho más poderosos, porque si no, vamos a ver explosiones como la de Barrancones permanentemente y vamos a ver una agudización de la conflictividad medioambiental», agregó.
La ex ministra también abordó la revocación del permiso a la Central Barrancones, donde a su juicio la institucionalidad ambiental no funcionó. Al respecto también se pronunció sobre la llamada que hizo el Presidente Sebastián Piñera para detener el proyecto en cuestión, señalando que la ciudadanía quedó con la «sospecha legítima» de qué habrá a cambio de la suspensión de un proyecto en el cual ya se habían invertido 15 millones de dólares.
«La pregunta es a cambio de qué. Normalmente los empresarios no suelen abdicar de eso por una simple y graciosa expresión de voluntad”, manifestó Uriarte.
Y a renglón seguido explicó que “habían leyes que perfectamente podían haber sido invocadas, como la prohibición de la caza, captura y muerte de cetáceos y el Estado debe propender a proteger todo el hábitat de ellas. No falló la institucionalidad. Hubo alguien que no quiso respetarla”.
