Heridas de balines a niños y niñas mapuches de entre 9 meses y 16 años, asfixias por bombas lacrimógenas, amenazas con armas de fuego, torturas, persecución, allanamientos, hostigamientos y raptos son algunas de las acciones de violencia policial enumeradas en el informe que se expondrá en Washington.
Diferentes organizaciones de apoyo a la niñez anunciaron este jueves que presentarán un «completo» informe sobre la violencia institucional ejercida contra la niñez mapuche en una audiencia concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el próximo 25 de marzo.
El documento expone la «grave situación de violencia» que instituciones del Estado ejercen hacia niños y jóvenes mapuches pertenecientes a comunidades movilizadas por la recuperación de sus tierras ancestrales, señaló Claudio Vistoso, presidente de la Fundación Anide de apoyo a la niñez desprotegida.
Heridas de balines a niños y niñas mapuches de entre 9 meses y 16 años, asfixias por bombas lacrimógenas, amenazas con armas de fuego, torturas, persecución, allanamientos, hostigamientos y raptos son algunas de las acciones de violencia policial enumeradas en el informe que se expondrá en Washington, detalló Vistoso en rueda de prensa.
Tanto la Fundación Anide como la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ), en colaboración con otras organizaciones, han sido las encargadas de documentar más de 50 casos de violaciones graves a los derechos de la niñez mapuche acontecidos entre 2001 y 2011, sintetizados en el informe.
«Los procedimientos policiales no garantizan ni resguardan la integridad de los niños, niñas ni adolescentes en sus contextos comunitarios ni escolares. Por el contrario, éstos son objeto de violencia desmedida y acciones policiales no reguladas», precisó Ana Cortes Salas, coordinadora de la Fundación Anide.
Entre los elementos denunciados por los redactores del informe destaca el «desconocimiento» por parte del Estado chileno de las leyes nacionales y los convenios internacionales que protegen los derechos de adolescentes y jóvenes privados de libertad.
En particular, subrayaron «lo relativo a la aplicación de la Ley Antiterrorista a menores de 18 años», legislación que ha sido invocada desde 2008 en cinco casos relacionados con menores, lo que es, advierten, «contradictorio» no sólo con la legislación chilena, sino también con la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
«A los niños mapuches se les toma detenidos durante tres horas, se les sube a helicópteros, se les ha torturado y disparado por aplicación de la Ley General o de la Ley Antiterrorista, cuando lo que correspondía aplicarles era la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil», dijo Consuelo Labra, abogada del Observatorio Ciudadano.
En síntesis, el informe da cuenta de un patrón común de violencia institucional caracterizado por «la criminalización de la protesta social mapuche, el empobrecimiento de las comunidades y las persecución persistente a niños, niñas y adolescente mapuches», a juicio del vocero nacional de la ROIJ, Carlos Muñoz Reyes.
Una vez se realice la audiencia temática, la CIDH podrá realizar recomendaciones al Estado chileno, que serían no vinculantes, «pero que sí comprometen su responsabilidad y honorabilidad internacional», acotó Labra.
En última instancia, la CIDH también podría trasladar los casos que considere necesarios hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o bien llegar a algún tipo de acuerdo con el Estado chileno.
