Dueño de Penta asistió a casa de ejecutivo el 7 de septiembre acompañado de uno de sus hijos
En la demanda presentada en contra de los dueños del grupo por «despido injustificado», el ex ejecutivo del holding da cuenta de que el 9 de septiembre pasado, cerca de las 22:00 horas, el ingeniero comercial de la PUC se habría comunicado vía telefónica –desde el teléfono de red fija de su domicilio– con el número celular de prepago Entel del denunciante, solicitándole «que tuviera la delicadeza de no declarar ante el Ministerio Público».
Hugo Bravo dice tener pistas de audio de una reunión sostenida en su casa, a la cual asistió uno de los dueños del grupo Penta: Carlos Lavín, quien se hizo acompañar de uno de sus hijos. Las grabaciones efectuadas por el ex ejecutivo del holding forman parte de la demanda que él presentó en contra de Lavín y Carlos Délano por despido injustificado.
Según consigna El Mercurio, Bravo además inició un procedimiento de tutela, por cuanto –dice– le adeudan cotizaciones previsionales e indemnizaciones, todo por un monto que, sumado al daño moral que exige en el escrito, supera los $2.300 millones. Cifra que podría alzarse producto de los reajustes e intereses, las costas de la causa, indemnizaciones anteriores y otra sancionatoria de tipo discrecional.
Los abogados de Bravo, Gonzalo Raggio y Bernardo Jaramillo, piden en la acción legal que los dueños de Penta «expresen disculpas públicas en un medio de comunicación, y que se condene a la sociedad al máximo de las multas que la ley permite».
De igual forma, afirman que «el holding tenía una fórmula de pago de remuneraciones, parte en liquidaciones y parte en facturas». En el caso de su representado, Hugo Bravo, aseguran que en una parte de la remuneración no constaban las liquidaciones y se pagaba con la emisión de facturas exentas emitidas por sociedades de propiedad del denunciante, como son Inversiones Administraciones y Asesorías Challico S.A. y Administraciones e Inversiones Santa Sarella Limitada, por supuestos servicios de asesorías emitidas a diversas sociedades del Grupo Penta».
«Facturas que eran llenadas de puño y letra por el tesorero de las empresas y no por parte del denunciante (Bravo)», declaran los abogados, quienes dejan en claro que esta fórmula «era común» para todos los más altos ejecutivos del Grupo. Incluso, «al junior de confianza de los socios controladores se le pagaba una parte mediante la respectiva liquidación y otra parte con boletas de su señora».
Método que se mantuvo hasta junio de 2014, cuando explotó por la prensa el caso FUT y se incorporó a la liquidación bajo la nomenclatura de «otros haberes imponibles».
De acuerdo a los abogados, el despido de su representado se debió a dos objetivos: «La obtención de sus prestaciones derivadas del término de su contrato de trabajo y, el segundo, utilizarlo como chivo expiatorio y cortina de humo de endilgarle a este toda la responsabilidad».
Según la demanda, esto fue «abiertamente pernicioso y perjudicial para el denunciante. Qué duda cabe, un profesional que en esos instantes se encontraba privado de la debida sanidad mental, las presiones a las que fue sometido y el pronunciamiento del compromiso de Délano y Lavín que no se preocupara, que de todas maneras se le iba a pagar todo, es la mejor demostración de por qué lo suscribe».
«Hechos que pueden ser demostrados mediante una pista de audio de la reunión de 7 de septiembre pasado, realizada en la casa de Bravo, a la que asistió Lavín acompañado de uno de sus hijos», afirman los abogados.
En la ocasión, el ex ejecutivo del holding le recuerda el compromiso de pago de indemnización, a lo que Lavín contesta: «Bueno, ya por eso traje testigo pa que por los menos haya alguien (…) por los pagos, no te preocupís, te la vamos a pagar ‘toa’, pero véanlo eso con Fello (…) según él que se iba a preocupar, pa hacer una movidas, una triangulación (…)».
En el mismo encuentro, se habría hablado de la forma estratégica de enfrentar al SII en lo que por entonces se denominó «arista política» del caso Penta.
Al respecto, la demanda dice que «no es razonable ni menos creíble que el denunciante haya por sí y ante sí adoptado la decisión de efectuar ‘pagos extraordinarios’ mediante la emisión de boletas de honorarios a terceros por servicios que jamás fueron prestados al grupo y por los montos que describe la prensa a diversos políticos del país, sin que ello fuera el cumplimiento de una instrucción directa y concertada de los socios controladores del holding».
Por último, en la demanda presentada en contra de los dueños del grupo por «despido injustificado», el ex ejecutivo del holding da cuenta de que el 9 de septiembre pasado, cerca de las 22:00 horas, el ingeniero comercial de la PUC se habría comunicado vía telefónica –desde el teléfono de red fija de su domicilio– con el número celular de prepago Entel del denunciante, solicitándole «que tuviera la delicadeza de no declarar ante el Ministerio Público». La demanda –entonces– pregunta: ¿Por qué?
