Dicen que no está obligado porque su cargo es ad honórem
«Se aprecia que él no se encuentra bajo el imperativo jurídico de presentar declaraciones de intereses y de patrimonio, toda vez que dicha obligación ha sido impuesta únicamente respecto de determinadas autoridades y funcionarios públicos, y que corresponden a cargos de planta o a contrata, calidad que, por cierto, no tienen las personas contratadas a honorarios ni ad honórem», señala una respuesta del Ministerio Secretaría General de la Presidencia a los parlamentarios de la Alianza en junio del año pasado.
Legisladores de oposición están en pie de guerra y piden que Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, haga pública su declaración de patrimonio e intereses. Sin embargo, La Moneda ha respondido negativamente a la petición, argumentando para esto un tecnicismo legal, como es el hecho de que su cargo de Director Sociocultural de la Presidencia es ad honórem y no está incluido en la lista de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración Pública.
Luego que la revista Qué Pasa revelara que la empresa Caval, cuya propiedad pertenece a la nuera de la mandataria Natalia Compagnon, recibió un crédito por $6.500 millones del Banco de Chile para comprar terrenos en Machalí, la Alianza comenzó su ofensiva para que se den a conocer las razones del otorgamiento del millonario préstamo y la declaración de patrimonio de Dávalos.
Según señala a La Tercera Cristián Monckeberg, timonel de RN, «es un imperativo legal y moral que el gobierno haga pública la declaración de patrimonio e intereses del hijo de la Presidenta. Ocupa un cargo de gobierno y no se puede escudar en un resquicio legal».
A esto se sumaron también dirigentes de la UDI, quienes emplazaron a Dávalos para que hiciera pública su declaración de patrimonio e intereses, luego que se diera a conocer el tema del crédito a la empresa de su esposa y la reunión sostenida entre Compagnon y el vicepresidente y dueño de la entidad bancaria, Andrónico Luksic, antes de que se autorizara el pago de los $6.500 millones. Además, una compraventa firmada en enero por $9.500 millones le otorgaría a la sociedad una millonaria utilidad.
Esta no es la primera vez que la Alianza pide hacer pública la declaración de patrimonio e intereses del hijo de la Mandataria, puesto que en abril y junio de 2014 requirieron sin éxito a los ministerios Secretaría General de la Presidencia y Secretaría General del Gobierno y a la Contraloría que exigieran darla a conocer públicamente.
El secretario general de la UDI, Javier Macaya, argumentó que «se hace muy necesario que los relacionados con la Presidenta de la República, sobre todo su hijo, hagan públicos sus intereses y patrimonio, más aun después de los negocios que se han conocido».
Sin embargo, esta no es la única línea que la derecha seguirá en el tema, ya que el diputado RN, José Manuel Edwards, solicitará a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) que investigue un eventual «tráfico de influencias» y que entregue información de cómo se trató el crédito, cómo se otorgó después de la elección de la Presidenta y qué garantía le entregó la familia de Bachelet al banco para que se le otorgara el dinero.
A pesar de las exigencias de la derecha, La Moneda ha respondido en todas las ocasiones solicitadas que el hijo de la mandataria no está obligado a hacerlo, argumentando un tecnicismo como razón: que, cual ya se señaló, el cargo de Dávalos como Director Sociocultural de La Moneda es ad honórem y no está incluido en la lista de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
«Se aprecia que él no se encuentra bajo el imperativo jurídico de presentar declaraciones de intereses y de patrimonio, toda vez que dicha obligación ha sido impuesta únicamente respecto de determinadas autoridades y funcionarios públicos, y que corresponden a cargos de planta o a contrata, calidad que, por cierto, no tienen las personas contratadas a honorarios ni ad honórem«, estipula el artículo 57 de la mencionada ley, citado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia en una respuesta a los parlamentarios de derecha en junio del año pasado.
Sin embargo, la petición de hacer pública la declaración de patrimonio e intereses no sólo proviene de la oposición, ya que el diputado DC Patricio Vallespín sostuvo que, «como tiene relación con una autoridad política relevante, debiera hacer la declaración de intereses en aras de la transparencia de que no hay nada que esconder».
Por su parte, el miembro de la Comisión de Ética de la Cámara, el socialista Juan Luis Castro, también espera que se haga pública, cuestionando las razones por las que el Seremi de Vivienda de la Región de O’Higgins habría pedido un nuevo cambio al plan regulador de Machalí, pese a que ya fue rechazada una modificación en 2014.
