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Ese será eje del debate en el cónclave oficialista del 11 de julio en Cerro Castillo

El fin de la promesa de la Nueva Mayoría y el “déjà vu” de la primera administración bacheletista

por 3 julio, 2015

El fin de la promesa de la Nueva Mayoría y el “déjà vu” de la primera administración bacheletista
Entre los dirigentes oficialistas hay quienes son descarnados, dicen que lo que se está presenciando es “el fracaso de un diseño de Gobierno y que esa constatación implica que el Gobierno se acabó”, algo que con más sutileza en La Moneda ya asumen en privado. “Lo que se ha hecho es entender que se va a realizar lo posible del programa, insistir con discursos públicos de que todo sigue tal cual es una mentira, aquí se va a acotar y se priorizará lo que es realista y realizable en el tiempo que tenemos y con los recursos que hay”, sentenciaron en el Ministerio del Interior.
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Hace rato que La Moneda no pasa por un buen momento, a pesar de los intentos por revertir la realidad. El diagnóstico es compartido por las huestes oficialistas ante la confluencia de hechos que van desde la crisis de credibilidad de la política, el poco apoyo a la Presidenta Michelle Bachelet en las encuestas, hasta el déficit en la gestión de Gobierno y la desaceleración económica, que han generado un escenario pedregoso para la promesa transformadora que ofreció y encarnó la Nueva Mayoría y que, como una suerte de déjà vu de la primera administración de la Mandataria, hace reflotar el libreto de lógicas, poder y estrategias de la otrora Concertación para salvar la situación.

No han sido pocas ni escasas las señales políticas el último tiempo que apuntan a un fin de la oferta casi refundacional de la Nueva Mayoría. Una de las más potentes fue el cambio de gabinete de mayo, en el que salieron del Gobierno las principales figuras del bacheletismo, Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas, no solo hombres de confianza de la Mandataria, sino que sobre todo artífices del programa y del diseño gubernamentales. El reemplazo y enroque con figuras como Jorge Burgos, Rodrigo Valdés y Nicolás Eyzaguirre fue visto y entendido en el oficialismo como un giro, una suerte de entrega de poder real de La Moneda a figuras con estirpe y tradición en la otrora Concertación.

Una fórmula que no es nueva, que se repite en el libreto de la administración bacheletista. Basta recordar que en su primer mandato y después de dos años turbulentos de gestión, la Presidenta cedió en enero de 2008 y recurrió a instalar en el Ministerio del Interior a Edmundo Pérez Yoma con todas las atribuciones y el poder para ordenar al oficialismo y el Gobierno.

No es lo único que se está repitiendo. También está la censura que esta semana la propia Nueva Mayoría aprobó en el Senado contra uno de los suyos, Alejandro Navarro, para sacarlo de la vicepresidencia de la testera de la Cámara Alta, debido a que no quiso retractarse ni disculparse por haber publicado la lista de todos los parlamentarios que recibieron aportes reservados legales en sus campañas y haberlos emplazado a que transparentaran quiénes habían sido financiados por Corpesca.

 En el déjà vu del 2008 que varios están advirtiendo en el oficialismo, el programa es un punto relevante. Después del consejo de gabinete del martes 23 de junio, ya con dotación completa del comité político con el ministro Nicolás Eyzaguirre instalado de lleno en la Segpres, se comenzó a asumir en privado en la coalición y en Palacio que este Gobierno, como promesa y proyecto de transformaciones, se terminó, que el foco ahora es el crecimiento económico, terminar el mandato en un mejor pie que el actual, mejorar para ello la gestión gubernamental, pero que las reformas estructurales prometidas no irán más allá de lo que ya se hizo.

El episodio trajo de vuelta, en muchos en el oficialismo, el fantasma de los “díscolos”, que fueron un dolor de cabeza en el primer Gobierno de Bachelet, pero sobre todo regresó el temor a repetir la equivocación de manejar mal el ruido interno en las huestes oficialistas. Es que todo se repetía, porque no hay que olvidar que después de muchas diferencias públicas, el mismo Navarro terminó renunciando, en noviembre del año 2008, al PS y a la Concertación.

Más allá de que dicen que no les dejó otra opción, que el senador del MAS los encajonó y tampoco cedió ni un centímetro, parlamentarios, dirigentes, asesores y analistas de la Nueva Mayoría reconocen en privado que fue un error la forma en que esta semana se manejó la situación, que “no se midieron las consecuencias de esto” y que, al censurarlo, junto con victimizarlo, se le da al parlamentario “licencia de francotirador político, queda justo al margen de la coalición”.

Por lo mismo, “el fantasma del 2008” fue un punto que no estuvo ausente, fue planteado, discutido y advertido en varias de las reuniones que esta semana tuvo el oficialismo, especialmente en Valparaíso, para zanjar el caso de Navarro.  Eso, porque no todos eran partidarios de la censura, aunque terminaron alineándose con ella, y consideraban que lo mejor era “diluir” el asunto y no agrandarlo más.

Entre los timoneles de la Nueva Mayoría, hay quienes afirman que no hay que olvidar que la mayor virtud de esta fue la convergencia, ampliar las fronteras de la Concertación y “traer de vuelta a personas como Navarro, sumar a la IC, al PC”, que la coalición y el gobierno “no están en posición de excluir a nadie” y que la disciplina debe ser razonable y participativa.

El director de Adimark, Roberto Méndez, precisó que existe el riesgo de conflicto interno en las huestes oficialistas, considerando que el gran factor aglutinador de la Nueva Mayoría siempre fue Bachelet y su popularidad. “Lo sucedido con el senador Navarro refleja un primer quiebre, estuvo muy mal hecho, no se entendió que la Nueva Mayoría censurara a uno de los suyos, quedó como una defensa corporativa”, agregó.

Pero, a pesar de ese riesgo, en La Moneda reconocen que “no miraron con malos ojos la censura a Navarro”, porque en el complejo momento que se atraviesa –con peligro de que la tendencia a la baja de Bachelet en las encuestas llegue a los 23 puntos solamente– “la disciplina es necesaria y hay que aplicarla con fuerza”, reconoció un asesor del Ministerio del Interior, mientras que otros en Palacio añadieron que el Gobierno está dispuesto a asumir el costo político de imponer orden, porque el objetivo central es que esta administración no naufrague y no llegue sin oxígeno a la orilla en marzo del 2018.

No fue casual que el ministro vocero, Marcelo Díaz, apuntara entonces ayer a bajarle el perfil a la censura de Navarro y descartar que dicha acción traiga consecuencias políticas, tensiones mayores ad portas del cónclave oficialista al que ha convocado La Moneda el 11 de julio en Cerro Castillo, precisamente para “estibar la carga” para los próximos meses. “Este es un problema que tiene que ver con los senadores, que se resolvió ayer (miércoles), no afecta la relación del Gobierno con los partidos de la coalición, vamos a extender las invitaciones para participar de esta jornada de trabajo, cónclave, a todos los parlamentarios y parlamentarias de la Nueva Mayoría y a todos los partidos de la coalición”, sentenció Díaz.

Un pequeño gran matiz

En el déjà vu del 2008 que varios están advirtiendo en el oficialismo, el programa es un punto relevante. Después del consejo de gabinete del martes 23 de junio, ya con dotación completa del comité político con el ministro Nicolás Eyzaguirre instalado de lleno en la Segpres, se comenzó a asumir en privado en la coalición y en Palacio que este Gobierno, como promesa y proyecto de transformaciones, se terminó, que el foco ahora es el crecimiento económico, terminar el mandato en un mejor pie que el actual, mejorar para ello la gestión gubernamental, pero que las reformas estructurales prometidas no irán más allá de lo que ya se hizo.

Si bien el vocero ese día insistió en que “las reformas no están en duda”, también afirmó que "cuando el crecimiento de la economía no está en lo que nosotros esperamos, eso nos obliga a hacer un ejercicio de priorización para poder cumplir con el compromiso que hicimos con los chilenos". El ministro Valdés, en tanto, acotó que el objetivo ahora es “avanzar en todo lo que podamos avanzar, pero a un ritmo que sea coherente con ser responsables”.

Entre los dirigentes de la Nueva Mayoría hay quienes son descarnados, dicen que lo que se está presenciando es “el fracaso de un diseño de Gobierno y que esa constatación implica que el Gobierno se acabó”, algo que con más sutileza en La Moneda ya asumen en privado. “Lo que se ha hecho es entender que se va a realizar lo posible del programa, insistir con discursos públicos de que todo sigue tal cual es una mentira, aquí se va a acotar y se priorizará en lo que es realista y realizable en el tiempo que tenemos y con los recursos que hay”, sentenciaron en el Ministerio del Interior.

En el seno del Gobierno y desde los partidos explican que efectivamente nadie ha dicho públicamente que se acabaron las reformas, pero que en la práctica el debate interno oscila entre los que hablan de “concentrar” y los que se inclinan por “priorizar”. Es un matiz a simple vista, aunque encierra en el fondo el dilema real de La Moneda.

Quienes hablan de concentrar –explicaron en el Gobierno–, apuntan a tratar al menos de mantener la obra gruesa de las transformaciones , incluido en ello aprobar la reforma laboral “lo más licuada posible para no hacer mucho ruido”, dejar encaminado el debate constitucional, completar la tramitación de la Carrera Docente y aprobar antes de que termine el 2015 la agenda de probidad.

Aquellos para quienes la fórmula hoy es “priorizar”, en el fondo son los que asumen con sangre fría –reconocen en Palacio– que la promesa de la Nueva Mayoría y del programa se acabó, que lo que queda es “abocarse a administrar mejor, quedarse con lo que se hizo hasta ahora, que eso fue, y cerrar el capítulo de las reformas”.

Dicen que eso será el gran y verdadero debate del cónclave de Cerro Castillo, que cuando se empiece a esbozar la discusión del Presupuesto 2016 va a quedar de manifiesto que el gallito lo ganó la priorización. Más aún cuando desde la coalición muchos asumen un cierto clima interno de derrota, en el sentido que la Nueva Mayoría es “una minoría política en estos momentos en la sociedad”, porque las reformas se explicaron mal, se gestionaron mal y se terminó asustando a la gente.

“Hoy es un momento en que el Gobierno está tomando una opción costosa, que no ha terminado de definir y mantiene la incertidumbre de seguir avanzando en las reformas originales o priorizar y optar por una agenda más calmada, que ponga el foco en el crecimiento económico. Esa definición aún no termina de tomarse, el Gobierno no ha sido claro al respecto y la peor posición para el Gobierno es mantener esa incertidumbre. Cualquier opción que tome es menos costosa que seguir así”, advirtió Roberto Méndez.

El analista y abogado Jorge Navarrete marcó un punto distinto en el debate. Precisó que efectivamente con la salida de Peñailillo y Arenas se fueron los principales artífices de un modelo de Gobierno, pero después de casi dos meses de gestión de Burgos y Valdés, “han dejado claro que han venido a darle viabilidad al Gobierno más que a frenar reformas”. No hay que olvidar –agrega como segunda lectura Navarrete– que la instalación de Eyzaguirre en La Moneda “no es la del economista liberal que recordamos, sino de alguien que es fiel al Gobierno y sobre todo a la Presidenta, por lo que se puede pensar que cualquier diseño no va a traicionar la esencia de lo que aspira Bachelet”.

En Palacio dicen que no es gratuito que la Presidenta eligiera a Burgos, precisamente lo hizo porque es moderado, que con el nuevo comité político a lo que se apuesta es a un “equipo fuerte” más que a un solo liderazgo potente como el del anterior gabinete con Peñailillo a la cabeza, que concentraba todo el poder y las decisiones, siempre como reflejo, eso sí, de la propia Bachelet.

En estos días afirman en La Moneda que la Presidenta está cumpliendo con su deber, que es la que toma las decisiones, pero que, a diferencia de antes, es efectivo que está “menos presente en todo”, precisamente porque ha cedido terreno a su nuevo comité político.

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