Fórmula de gratuidad universitaria: las extravagancias de la Señora Glosa Cinco

La gran discusión de este Presupuesto 2016 será la Gratuidad Universitaria. Es una promesa que constituye el propio corazón del Gobierno.

Por ello se explica la alta expectativa del anuncio que haría la Presidenta, y también las polémicas sobre las filtraciones de la manera en que se iba a resolver la gratuidad, y en especial porque –como la propia ministra de Educación ha reconocido– el Gobierno ha cambiado varias veces de discurso en esta materia.

La primera reacción postcadena nacional de la Presidenta fue que no hubo anuncio alguno acerca del mecanismo sobre cómo se ejecutará el inicio de la gratuidad.

Tampoco correspondía, según las formas. El Presidente da los números generales y los grandes principios del Presupuesto y corresponde después a los ministros dar la información correspondiente.

En una entrevista a La Segunda publicada en el día de ayer, tampoco la ministra entra en los detalles de cómo será. El asunto no es menor, debido a la polémica por el eventual uso de una glosa para definir una de las políticas más importantes del Gobierno de Bachelet.

Pero, finalmente, del sitio web de la Cámara de Diputados fue posible descargar y leer la partida correspondiente a Educación. En particular, el mecanismo está descrito en una glosa del programa de Educación Superior, la número cinco, que supera todas las expectativas de polémica que había.

Es importante hacer un poco de historia para darle contexto a la que será la glosa más famosa de la historia de la discusión presupuestaria.

[cita]Por otro lado, la decisión sobre si un estudiante puede acceder a la gratuidad, aunque cumpla los requisitos depende de un factor que él no controla: que la universidad firme el correspondiente convenio con el Ministerio. Es probable que todas las Universidades Estatales lo hagan, si no la presión de sus federaciones, sus otras fuerzas internas y del propio Ministerio, hará insostenible la situación del rector.[/cita]

El principal punto de las movilizaciones estudiantiles de 2011 fue la petición por una Educación Pública, Gratuita y de Calidad.

Muchas de dichas propuestas fueron recogidas en el programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet que dice en relación con la gratuidad universitaria: “Esta propuesta plantea un cambio de paradigma. Ello implica pasar de la educación como un bien que es posible transar en el mercado y la competencia como mecanismo regulador de la calidad, a un sistema educacional coordinado que ofrece a las niñas, niños y jóvenes de Chile un derecho social”.

El año 2014 el Gobierno centró todos sus esfuerzos en lograr la modificación al modelo de Educación Particular Subvencionada, lo que fue finalmente un éxito político. Se logró la aprobación de la Ley de Inclusión, la oposición hizo el ridículo y de Erika Muñoz, la principal agitadora de la campaña del terror contra el proyecto de ley, nadie se acuerda.

En este año en el discurso del 21 de mayo la Presidenta dijo al respecto:

“Por eso, avanzando en nuestro compromiso de alcanzar la gratuidad para el 70 por ciento de los estudiantes más vulnerables de Chile al fin de mi período, a partir de 2016 aseguraremos que el 60 por ciento más vulnerable que asista a Centros de Formación Técnica, a Institutos Profesionales acreditados y sin fines de lucro, o a universidades del Consejo de Rectores, accedan a la gratuidad completa y efectiva, sin beca ni crédito. Esto beneficiará a casi 264 mil jóvenes”.

Evidentemente, en el ejercicio de realismo sin renuncia se quedó un 10% afuera. Pero, también, se amplió la cantidad de universidades, siendo posible que algunas que no estén en el CRUCh, como la Diego Portales o la Alberto Hurtado, puedan tener alumnos beneficiados con la gratuidad.

Pero la Presidenta hizo un anuncio aún más profundo y claro para su cuenta de mayo:

“Esta medida es coherente con nuestro Programa de Gobierno y seguiremos avanzando decididamente hacia la gratuidad universal. Para ello presentaremos en el segundo semestre de este año una ley que abordará un nuevo marco de regulación, financiamiento y gratuidad de la Educación Superior que definirá claramente el camino para que ningún joven tenga que pagar.”

A esta altura no hay proyecto de ley alguno, por razones que son difíciles de entender. Es por ello que se puede suponer que se eligió el camino de una glosa presupuestaria, algo muy resistido por los especialistas en Finanzas Públicas.

Pero lo importante es que se empiece con la gratuidad más que el mecanismo para implementarla.

Den Xiaoping, para justificar su política de reformas económicas en la China post-Revolución Cultural, decía que “da igual que el gato sea blanco o negro, lo importante es que cace ratones”. También se aplica a esto. Lo importante sería la gratuidad, más allá de que el mecanismo sea la Glosa Cinco o un Proyecto de Ley. Pero la Glosa no fue un gato de color distinto, sino un camello, al que le pintaron rayas, bigotes y le enseñaron a maullar.

Como primer punto, se financia a las universidades que firman un convenio y están dispuestas a no cobrarle nada al respectivo alumno que debe hacer algo mágico: pertenecer a uno de los cinco deciles más pobres y, además, no haber alargado más de lo que dice la carrera sus estudios universitarios: o sea, no puede tomar ningún crédito ni tampoco haber reprobado ramos.

Todos los que hemos pasado por la universidad sabemos que esa es una condición difícil para cualquier alumno de un plantel serio y, más aún, si está en situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, se puede dar la paradoja de que la universidad acepte firmar el convenio y, por tanto, darles gratuidad a quienes cumplen los requisitos, pero puede subir los aranceles al resto de los alumnos.

Suena a una decisión económica lógica para una universidad: para financiar la diferencia que se puede producir por quienes dicho plantel recibirá un monto de un arancel regulado aumentado en un 20%, le sube al resto de los alumnos mucho más de lo que estaba planificado y, así, no hay daño a la caja financiera.

Eso es algo que hará arder las próximas elecciones estudiantiles, pues es obvio que la primera promesa de cualquier federación será qué harán movimientos masivos para evitar el alza de aranceles. Será el paraíso de los movimientos más radicalizados, y pondrá a la JJ.CC., e incluso a la Izquierda Autónoma, en una situación extremadamente compleja. No hay nada más impopular que la amenaza de alza de aranceles.

Por otra parte, la decisión sobre si un estudiante puede acceder a la gratuidad, aunque cumpla los requisitos depende de un factor que él no controla: que la universidad firme el correspondiente convenio con el Ministerio.

Es probable que todas las Universidades Estatales lo hagan, si no la presión de sus federaciones, sus otras fuerzas internas y del propio Ministerio, hará insostenible la situación del rector.

Pero ¿firmarán el convenio las universidades del G9? En particular, ¿la Universidad Católica lo hará? Es un asunto que el rector ha mantenido en suspenso y sin duda será un arma que podrá ocupar para negociar con el Ministerio de Educación, que será el que pagará los costos si no pueden acceder los estudiantes de una Universidad del CRUCh a la gratuidad.

Para más enredo aún, la glosa introduce una prohibición a empujones. Exige a las universidades que quieran adherirse al convenio, como requisito, “no contar con la participación, en calidad de miembros, asociados o beneficiarios de la respectiva corporación o fundación, según corresponda, de personas jurídicas de derecho privado que no estén constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro”.

Evidentemente, quien escribió la glosa supuso a priori que contar con miembros asociados a personas jurídicas con fines de lucro, implica que la universidad está lucrando, algo que está prohibido por ley.

En efecto, ha habido muchas denuncias de tal carácter, y que muchas universidades lucran mediante inmobiliarias asociadas, pero suponer que es la generalidad requiere un análisis no tan simplista.

Y la pregunta que surge inmediatamente es: si el Gobierno cree que la participación de “miembros, asociados o beneficiarios que son personas jurídicas de derecho privado que no estén constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro” implica necesariamente que la universidad en cuestión esté lucrando, ¿por qué no ha enviado un proyecto de ley que prohíba tal práctica, como lo han pedido hasta el cansancio muchos dirigentes estudiantiles?

Hay que recordar que también fue prometido por la Presidenta, en su discurso del 21 de mayo, dicho proyecto de ley y, más aún, en el programa incluso se habla de regular aranceles.

Para la oposición esto será un asunto inaceptable, y como la Glosa Cinco es muy difícil de defender por los parlamentarios de la Nueva Mayoría, enredará más la discusión presupuestaria.

Y todo esto, para dar una buena noticia: que finalmente partirá la Gratuidad Universitaria en Chile.