ANÁLISIS
No solo se pone fin a la racionalidad política del programa de la Mandataria, pues concluye por hacer capitular la lógica de las reformas, la que, con bombos y platillos, es reemplazada ahora por la mera administración del poder. El corolario es una vez más el cogobierno de la derecha con el Ejecutivo en las áreas más significativas: nombramiento de autoridades e implementación de las políticas públicas.
Alberto Edwards inicia su clásico libro La Fronda Aristocrática señalando en su introducción lo siguiente: “Porque la verdad de las cosas es que hemos constituido una excepción interesante entre las naciones hispanoamericanas: el caso nuestro es digno de estudiarse”.
Ese caso singular no era otro que “el predominio en Chile de un patriciado aristocrático-burgués… Lo que yo he llamado la Fronda Aristocrática, es decir, la lucha constante de nuestra oligarquía… contra el absolutismo de los presidentes”.
Con altos y bajos, y también con algunas diferencias, la lógica de fronda de nuestra oligarquía conservadora se extiende hasta hoy. No obstante su derrota estrepitosa en 2013, la derecha chilena se las ha arreglado para seguir ejerciendo un poder determinante, aun siendo minoría para desempeñar roles institucionales, como acabamos de confirmarlo con la designación del nuevo Contralor.
Perdieron estrepitosamente la elección presidencial –Matthei obtuvo la votación porcentual más baja (37%) de un presidenciable de la derecha en segunda vuelta y la cantidad de votos más escuálida de un aspirante de ese sector (2.111.830) desde 1989; igual cosa sucedió en el Senado –17 escaños de la Alianza contra 21 de la Nueva Mayoría– y en la Cámara de Diputados –49 contra 71, incluidos los independientes pro reformas–.
El panorama no podía ser peor para el sector, lo que se acrecentaba con una Presidenta electa que daba un duro golpe de timón sacando de la primera línea a los sectores más conservadores de la nueva coalición que se adscribían a la vieja política del consenso y en su lugar imponía un gabinete pro reformas, muy comprometido con el cumplimiento del programa ofrecido ante la ciudadanía.
La Mandataria, por entonces, se evidenciaba rígida y daba escaso margen al diálogo al interior de la coalición formal de Gobierno, la Nueva Mayoría (NM). La prueba más evidente de ello fue el envío al sótano de la política de su ex factótum Camilo Escalona, uno de los baluartes del partido del orden.
Sin embargo, la fronda empezó pronto a reartircularse, pues los vericuetos del poder nunca le han sido ajenos.
Comenzaron por cuestionar la feble reforma educacional – fin al lucro, el copago y la selección– hasta darla vuelta por completo; continuaron luego humillando al entonces ministro de Hacienda en la ya mítica “cumbre de las galletas”, famosa no solo porque Arenas se reunió con dos personajes de esa fronda sin representación alguna sino también porque, lisa y llanamente, ni siquiera invitaron a cenar al ministro más significativo de todos los secretarios de Estado. Lo humillaron. Después supimos cómo la reforma terminó por cocinarse en uno de los departamentos de Andrés Zaldívar, un conocido chef de la plaza, quien ya, en vísperas del primer mensaje presidencial, señaló al ‘Decano’ de la fronda que “el corazón de la reforma es susceptible de mejoras”.
En enero de este año una fuente del Gobierno señalaba a este mismo medio, respecto de la nominación por parte del Senado de un conocido operador político UDI en una de las plazas vacantes del Tribunal Constitucional (TC), que su llegada “al TC fue un error de las bancadas, fue una prerrogativa del Senado, La Moneda no tuvo nada que ver, no sabíamos, fue una sorpresa”.
Y es relevante la confesión que se hizo, pues, más tarde, sucedió algo similar con la salida de Francisco Fernández y la designación por parte de la Corte Suprema de José Vasquez, otro hombre vinculado a la derecha. Por propio autogol de La Moneda se perdió la paridad en la tercera cámara. Si bien los dardos apuntaron a la inacción/omisión en el diálogo, siempre necesario, del ex ministro de Justicia José Antonio Gómez con la Corte Suprema, a diferencia de lo que sí hicieron otros secretarios de Estado antes, es difícil tragarse, por más desprolijidad que exhiba este Gobierno, que en política las cosas “no se dejen atadas”.
La fronda siguió con el intento de ajustar la reforma laboral hasta llegar a la insólita idea de que un trabajador en huelga no significa necesariamente que la empresa lo esté (adecuación de trabajadores) o las indicaciones que pueden concluir criminalizando a ciertos sectores del sindicalismo –los trabajadores contratistas del cobre, por ejemplo–; la fronda continuó luego su faena dando vueltas las cosas en la gratuidad (una vez más con la complicidad del gobierno) y, como siempre cuando es minoría y las cosas no le resultan de su gusto, terminó yendo al TC y hoy estamos en el insólito escenario en que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se jugó toda su influencia para que universidades como la del rector incumbente, Carlos Peña, o la del Desarrollo reciban becas y no así tres universidades estatales (Los Lagos, Utem y Arturo Prat).
En definitiva, en la medida que fue transcurriendo este Gobierno, la derecha, con una experiencia eterna en la administración del poder, fue dando vuelta las promesas de campaña y poniéndolas bajo su lógica. La dupla Burgos-Valdés solo llegó a alivianar ese trabajo de hormigueo constante que se tuvo desde que Bachelet asumió. De ahora en adelante se cogobernaría.
Dicho proceso se inició con el ascenso de Burgos a la jefatura de gabinete y la restauración del partido del orden en el Ejecutivo, que significó el restablecimiento de los consensos o de la política de “en la medida de lo posible”. Esta se consolidó con la nominación del nuevo Contralor, Jorge Bermúdez, quien está lejos de cumplir uno de los dos requisitos que la propia Mandataria había comprometido al salir Ramiro Mendoza –“elección de nuevo contralor se basará en idoneidad e independencia” (Emol, 6 de abril de 2015)–, ya que, como se sabe, es un hombre muy próximo al senador RN, Andrés Allamand, otro de los protagonistas principales de la política de los consensos de los 90.
[cita tipo=»destaque»]Dicho proceso se inició con el ascenso de Burgos a la jefatura de gabinete y la restauración del partido del orden en el Ejecutivo, que significó el restablecimiento de los consensos o de la política de “en la medida de lo posible”. Esta se consolidó con la nominación del nuevo Contralor, Jorge Bermúdez, quien está lejos de cumplir uno de los dos requisitos que la propia Mandataria había comprometido al salir Ramiro Mendoza.[/cita]
En efecto, el abogado fue jefe de asesores del Ministerio de Defensa mientras Allamand estuvo a cargo de esa secretaría de Estado y su compromiso con el eterno presidenciable de derecha fue tal que, cuando este abandonó la cartera para asumir una candidatura presidencial, el nuevo contralor lo acompañó y fue un activo miembro de su comando. También expuso en favor de la defensa de Harald Beyer cuando este fue acusado constitucionalmente, y en su currículo está el hecho de haber sido abogado de Pascua Lama. Asesoró, además, a las administraciones concertacionistas en la Subsecretaría de Pesca, la Superintendencia de Valores y Seguros, la Superintendencia de Medio Ambiente, así como a las compañías estatales de Enap, Codelco y la empresa portuaria de Valparaíso. Es decir, es un hombre transversal pero con su corazón en la derecha.
Hace bastante tiempo la UDI y RN ya le habían dado el visto bueno a Bermúdez, quien necesitaba tres quintos de los senadores en ejercicio, aunque obtuvo finalmente una votación unánime. Senadores del PS antes de la votación se mostraban desconcertados por el difícil escenario en que los había dejado La Moneda tras su apoyo unánime al aspirante a Contralor finalmente nominado.
Algunos, off the record, criticaron la falta de manejo de la presidenta del PS en el tema y la acusaron estar más preocupada de las encuestas que de gestionar al partido eje de Gobierno. Otros reconocen que, independientemente de la gestión de Isabel Allende, el PS sobre este tema no tiene ningún margen de maniobra, como no sea respaldar permanentemente las decisiones de la Mandataria. Y eso se pudo percibir nítidamente en la votación donde todos los senadores del PS presentes –Allende, Rossi, Letelier, Montes y De Urresti– votaron favorablemente la moción.
No pocos inquilinos de Palacio o que forman parte de la red histórica de las administraciones de centroizquierda se preguntaban, una vez que se supo el resultado de la votación, ¿cuál había sido la contraprestación de la derecha a la NM a cambio del apoyo del Ejecutivo a la designación de Bermúdez? “Ninguna”, se respondían. Por el contrario, en todas las reformas implementadas la derecha ha hecho todo lo posible por cercenarlas o llevarlas, en última instancia, al TC, como sucedió con el binominal y la gratuidad de la educación superior.
De ahí el malestar de muchos de ellos con la reedición de la política de los consensos de comienzos de los 90 y que tiene a dos antiguos protagonistas de ella como parte de sus líderes remasterizados: Jorge Burgos y Andrés Allamand. Estos, además, tienen una larga historia común que se remonta a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ambos han empujado el restablecimiento de la política de los acuerdos, de la que son fervientes partidarios, dados los resultados que produjo ese ambiente a inicios de la transición.
Es más, mientras arreciaban las críticas al Gobierno de Sebastián Piñera durante 2011 –lo que llevó al propio ex Presidente Frei a señalar que “Chile estaba al borde de la ingobernabilidad”– Burgos no solo visitó a Piñera con la directiva del PDC, de la cual era uno de sus vicepresidentes, sino que además indicó que “nosotros tuvimos una arquitectura institucional durante los 20 años de democracia, postrégimen militar, que a mí juicio tuvo grados de consenso explícitos y tácitos que nos permitieron progresar como país… Creo que el objetivo fundamental es buscar caminos de diálogo… a mí me llama la atención que haya que explicar tanto que un partido político quiera dialogar. Creo que eso está en la esencia de un partido. Los partidos políticos no pueden convertirse en agitadores” (DF).
Es conocida, también, la aspiración de Allamand, por restablecer la política de los acuerdos de los 90. No en vano fue uno de los firmantes del Acuerdo Nacional de 1985, documento que, por primera vez, reunió a adherentes y detractores de la dictadura militar. No hace mucho incluso había señalado lo siguiente: “Hoy la oposición no tiene ningún incentivo político para llegar a un acuerdo” (LT, 25 de julio de 2015). Un poco antes, luego de su frustrada aventura presidencial, le confesó a Daniel Matamala que “yo veo el futuro con una centroderecha ampliada hacia el mundo liberal, que ojalá se organice en torno a un partido, hacia los independientes, y hacia la Democracia Cristiana… Nosotros tenemos que tender puentes hacia la Democracia Cristiana. En la centroderecha ha habido siempre dos posiciones. Muchas veces he escuchado a dirigentes de la UDI que sostienen que se debe absorber a la DC. Yo tengo una posición diferente: nuestro objetivo político debe ser una alianza con la DC.” (Qué Pasa, 11 de julio de 2013).
En fin, fue en torno a la recreación del mundo de los consensos –que tiene hoy ocupando a dos de sus protagonistas papeles significativos, uno en el Ejecutivo y el otro en el Legislativo, casi como jefe de la oposición– donde se gestó la nominación del nuevo Contralor General de la República. Claro, ayudó a ello una Presidenta que deambula entre la rigidez de sus posturas y su renuncia total a las mismas cuando el panorama le es adverso, comportamiento del que la relación con su ministro del Interior es un fiel reflejo. Luego del fracaso de la candidatura a contralor de Rajevic y del malestar de la Jefa de Estado con Burgos, que hizo notar públicamente, le permitió a este ahora ser decisivo en la instalación de Bermúdez como el nuevo Contralor General, cargo que ocupará durante ocho años.
Con tal gesto no solo se pone fin a la racionalidad política del programa de la Mandataria, pues concluye por hacer capitular la lógica de las reformas, la que, con bombos y platillos, es reemplazada ahora por la mera administración del poder. En términos filosóficos, la derrota de Foucault –el poder como una red– y el triunfo de la lógica weberiana en el Gobierno: el Estado normativo, elitista y policial. Y cuyo corolario es una vez más el cogobierno de la derecha con el Ejecutivo en las áreas más significativas: nombramiento de autoridades e implementación de las políticas públicas.
