Nueva demanda contra Arzobispado de Santiago
Según relata la víctima en la demanda, los hechos ocurrieron en 2005 cuando realizaba trabajos en la iglesia de La Merced de Chimbarongo. «Con el apoyo de mi familia, decidí hacer la denuncia ante los superiores de la Congregación Mercedaria», quienes le ofrecieron «una pensión de por vida y el compromiso que la Iglesia se haría cargo de mí todos los meses, como forma de reparar el daño que uno de sus miembros había ocasionado» y a cambio de que no denunciara, reveló.
Luego que el pasado 4 de abril la hermana Francisca demandara al Arzobispado de Santiago porque el año 2012 fue violada al interior del claustro de las Clarisas Capuchinas, hecho por el cual quedó embarazada, y acusó a la institución de rechazarla y culparla, este miércoles una nueva demanda contra la iglesia católica se dio a conocer, luego que Emol, publicara que una persona de iniciales O.M.M., hoy de 49 años, presentó una acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual en contra del Arzobispado de Santiago, representado por el cardenal Ricardo Ezzati Andrello.
Por un monto que bordea los $50 millones la acción fue interpuesta en diciembre del año pasado ante el 10° Juzgado Civil de Santiago. En el documento se señala que «ni la Congregación ni el Arzobispado vigilaron jamás de manera adecuada el comportamiento de sus miembros, ya que de haber sido así, se hubiesen enterado que el sacerdote padecía sífilis y Sida. Y en consecuencia, estos hechos jamás hubiesen ocurrido». En el escrito se hace referencia a Víctor Calderón Soriano, miembro de la Congregación Mercedarios de la Iglesia de la Merced, quien falleció en 2012, luego de ser diagnosticado de ambas enfermedades.
Según relata la víctima en la demanda, los hechos ocurrieron en 2005 cuando realizaba trabajos en la iglesia de La Merced de Chimbarongo. «Arreglé unas canaletas que estaban chuecas y limpié las hojas del techo. Luego, cuando comenzó a anochecer, el sacerdote me dijo que volviera otro día», relató la víctima en el documento, afirmando que tras ello, el religioso le ofreció un café, pero luego le propuso beber «unas piscolas».
«Bebí alrededor de cuatro vasos (…) cuando regresé del baño, el cura ya me había servido el quinto. Seguimos conversando y después no me acuerdo de nada más, creo que fui drogado ya que me sentía bien y de un momento a otro, ya no recordaba nada», añadió, mencionando que despertó desnudo en la cama de Calderón, solo y con signos de haber sido atacado sexualmente por el sacerdote.
Tras el hecho, continuó: «Me sentía sucio, me daba asco a mí mismo, sentía que no valía nada, que todos sabían lo que me había pasado y me daba vergüenza salir a la calle. Estuve así dos semanas, muy mal, sin saber qué hacer».
En esa línea la víctima confesó que «me volví alcohólico (…) estuve casi dos años tomando todos los días, vendí todo lo que tenía de valor, perdí mi trabajo, me endeudé y quedé prácticamente en la calle».
Agregó que en varias ocasiones intentó encarar al sacerdote, pero éste solía esconderse y en varias oportunidades se negó a atenderlo. «Siempre me dio miedo hacer la denuncia, porque toda mi familia se iba a enterar (…) pensé que iba a perjudicar a mis hijos y que se iban a burlar de ellos. Esto me llevó a callar los hechos», dijo. Pero en 2012, según la demanda, «y con el apoyo de mi familia, decidí hacer la denuncia ante los superiores de la Congregación Mercedaria».
Luego de esto, a solicitud del padre Ramón Villagrán se debió realizar unos exámenes médicos. «Después de dos semanas, cuando me llamó, me dijo que uno de los exámenes arrojó que padecía sífilis y que el sacerdote Víctor Calderón había fallecido el 26 de junio de 2012 producto de ello, y que también padecía Sida (…) El padre sabía de las enfermedades del cura y por eso insistió en que me controlara», aseveró.
Y confesó que por ello Villagrán le ofreció «una pensión de por vida y el compromiso que la Iglesia se haría cargo de mí todos los meses, como forma de reparar el daño que uno de sus miembros había ocasionado».
Como parte del acuerdo, relató que la congregación le otorgaría una pensión vitalicia por $100 mil mensuales «a cambio de que no denunciara», comprometiéndose también, según el denunciante, a entregar asistencia psicológica. Los pagos se concretaron en dos cheques y luego, a través de cinco depósitos a su cuenta bancaria. Sin embargo -siempre de acuerdo a la demanda- éstos cesaron ante la intención del demandante de ventilar la agresión.
