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Crédito: Agencia UNO
La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza N°18.962 (LOCE) -aprobada en el último día del régimen de Pinochet- restringía aspectos vitales de la intervención del Ejecutivo en la gestión educativa, beneficiando a un naciente mercado de la enseñanza y señalaba expresamente la exclusión de participación con derecho a voto de estudiantes y funcionarios en la elección de autoridades y otros destinos académicos.
La LOCE fue sustituida por la LEGE en el 2009, pero mantuvo la prohibición de participación de estudiantes y funcionarios. Solo fue en junio de 2015 cuando fue promulgada la Ley 20.843 que derogó las disposiciones heredadas de la dictadura que impedían la participación de estudiantes y trabajadores de la educación superior en instancias de consulta al interior de las universidades.
El sociólogo e investigador en política educacional de la Universidad de Chile, Víctor Orellana, sigue con atención la ejecución de las pocas experiencias de participación triestamental en la educación superior chilena y es autor, junto a Cristian Bellei, del libro “What does education privatization mean? Conceptual discussion and empirical review of Latin American cases”.
A su juicio, el antecedente más importante de este proceso fue la discusión sobre participación estudiantil y co-gobierno de los años 60 que, aunque avanzó algo más durante la siguiente década, quedó trunca durante la transición a la democracia.
“Esta participación de la comunidad quedó súper restringida en especial en las instituciones públicas. Ni hablar de las universidades privadas. De hecho existe toda una discusión al final de los ‘80 donde más bien se decanta por la idea de que quien determina las decisiones en una universidad, es el sostenedor. Es el mismo sistema que se utiliza en la educación escolar, pero básicamente acá son los propietarios. La radicalidad de esto es que la mayoría de las universidades ni siquiera contemplan participación académica. En estricto rigor, no son los académicos los que controlan ni conducen la universidad. De ahí, las grandes contradicciones que suelen darse a veces entre autoridades académicas y las juntas directivas”, estima el experto.
Si bien se modificó la cláusula asegurando el derecho a asociación en todas las instituciones de educación superior, es una curiosa excepción que sólo una universidad en Chile aplique la triestamentalidad a la hora de ejercer el gobierno universitario.
Víctor Orellana reconoce esta excepción en universidades como la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, la Universidad de Valparaíso y avances en la Universidad de Chile, que ha expresado cambios en la participación gatillados tras 1998. “Excepciones más bien puntuales”, declara el sociólogo. “En general, en las universidades dominan las juntas directivas y en el caso de las universidades estatales, dominan los académicos, que son quienes principalmente toman las decisiones. Pero al decir académicos, me refiero a quienes lo son oficialmente, ya que existen muchos docentes e investigadores que no están contratados”, agrega.
Sobre cómo avanzar un nivel de participación que represente a toda la comunidad universitaria, Orellana cree que estamos ante un debate que aún no comienza y que necesita aclarar a quién corresponde la fundación, la creación y desarrollo de un proyecto académico universitario. “¿Qué estamentos o sujetos son titulares de la deliberación sobre una universidad? ¿Reside ésta en grandes sostenedores como Laureate?, ¿en la comunidad?”, se pregunta.
Plantea que en el actual escenario de la democracia triestamental, esta discusión es algo que está lejana en nuestro horizonte aún y que imaginar un futuro en el que las universidades sean espacios de participación universal, es algo que parece una ensoñación o algo radical.
“Creo que las formas de determinación dentro de las universidades y las sociedades dentro de ellas deben ser equivalentes o responder a los mismos principios que las de la sociedad en otras de sus instancias públicas como municipales, servicios sociales, etcétera”, reflexiona el investigador.
El sociólogo Milton Vidal, candidato a rector en las elecciones de la UAHC, considera que, si bien es una característica propia de este plantel, la participación por sí sola es una condición necesaria pero no suficiente para garantizar el ejercicio democrático.
“Esa participación tiene que darse cotidianamente y no hay que quedarse únicamente en la letra. El compromiso se suele ver en las conversaciones internas de estas comunidades. Un buen concepto, en los procesos de acreditación, es hablar del Aseguramiento de la Calidad; pero creo que también debe serlo considerar el “Aseguramiento de la participación” para tener una buena gobernabilidad. Algo muy importante en estos tiempos”, declara.
También compite en estas elecciones de la rectoría en la UAHC el doctor en Ética y Democracia, Álvaro Ramis. El docente destaca que una universidad participativa, deliberativa y resolutiva depende de los contextos en que se sitúan los estamentos que la constituyen. “Todos tenemos un contexto de competencias en el que entendemos las discusiones y en el que estamos llamados a participar. Es en esa participación donde se afinan los mecanismos democráticos”, dice. Agrega que una forma de cuidar ese cogobierno es “aumentar las prácticas democráticas para la participación y generar incentivos a través de la representación para que cualquier persona pueda sentirse atraída a presentarse a cargos de responsabilidad”, sostiene.
