El futuro de la prensa tras la ley australiana que obliga a los gigantes tecnológicos a pagar por las noticias

Este jueves el Parlamento australiano puso en marcha la ley News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code, que obliga a los denominados gigantes tecnológicos, en la práctica Google y Facebook, a pagar una acordada suma de dinero a los medios de comunicación por indexar y distribuir las noticias, o parte de ellas, que producen los medios tradicionales.

La discusión del proyecto –que se presentó en diciembre de 2020–, por supuesto, no estuvo exenta de una agria disputa por la oposición de las compañías tecnológicas que, sin embargo, lograron introducir varias cláusulas a la iniciativa original. La tensión llegó a su punto más alto cuando Facebook suspendió la publicación en su plataforma de las noticias producidas por los medios australianos, como medida de presión. Según la estadística local disponible, el 52% de los australianos usa las redes sociales como fuente de acceso a la noticia. Es decir, un porcentaje mayoritario de la audiencia, en Australia y en el resto del mundo, accede a los contenidos a través de enlaces alojados en redes sociales. Por otra parte, Google es el principal motor de búsqueda en Australia y en el resto del mundo.

“Lo que motiva esta iniciativa legal es que muchas instituciones de prensa, medios de comunicación, entienden que los sitios que agregan noticias, que enlazan a noticias, aquellos desde donde llega el tráfico a sus sitios web, que son Facebook y Google, se están llevando parte importante de los ingresos que podrían recibir los propios medios”, afirma Juan Carlos Lara, director de investigación y políticas públicas de la ONG Derechos Digitales.

Precisamente, una vez aprobada la ley, desde el Gobierno del país oceánico dijeron que la iniciativa permitirá que los medios de prensa “reciban una remuneración justa por el contenido que generan, contribuyendo así a mantener el periodismo de interés público en Australia”.

Según explica Juan Carlos Lara, “básicamente las empresas reclaman que les quieren cobrar un  impuesto por enlazar, lo que, de manera justificada, es una forma de romper la manera en cómo ha funcionado la web por casi 30 años, que es enlazando desde un lado a otro y eso se entiende como un ejercicio súper normal de libertades propias, como una forma de operación de la red. Eso se entiende bien. Sin embargo, está este otro problema de que hay un par de plataformas que han subido enormemente sus ingresos por publicidad, mientras que hay una industria cuyo principal ingreso también ha sido la publicidad. Más que la venta de ejemplares en la calle y las suscripciones pagadas, ha sido la publicidad la que ha sostenido por más de un siglo a la prensa occidental”, dice.

Eso a grandes rasgos. Pero en cifras la realidad es más potente. En 2019 Google, que es una de las filiales de Alphabet, la compañía matriz, tuvo ingresos a nivel mundial por publicidad por más de US$134 mil millones. Mientras que Facebook, alcanzó en 2019 los US$70 mil millones en ingresos por publicidad.

La sombra de Murdoch

Es natural, entonces, que los medios o las instituciones de prensa quieran llevar su parte de la torta por el contenido que aportan, en una relación que no es recíproca ni neutral. En el caso australiano, la ley surgió después de que varios estudios de la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC por sus siglas en inglés) revelaran una posición dominante por parte de las tecnológicas respecto de los medios en la industria publicitaria.

Con esta certeza en la mano, la ley quedó aprobada de tal forma que los medios pueden negociar en bloque con las empresas de tecnología o, concretamente, Google y Facebook alcanzar un acuerdo con cada una para establecer un precio por el contenido. De lo contrario, la ley considera un arbitraje en que se determinará el precio. En efecto, el temor al arbitraje,  y a una multa que puede llegar al 10% de la facturación local de la empresa, fue lo que hizo a Facebook echar pie atrás en su posición hostil inicial y sentarse a negociar. La empresa fundada por Mark Zuckerberg anunció que invertirá unos US$1000 millones en contenidos de noticias, en un período de tres años. Desde Google, en tanto, solo hablaron de que accedieron a pagar “sumas importantes” a los medios australianos, principalmente a los que controla el magnate Rupert Murdoch, a través de su conglomerado News Corp.

Murdoch es un personaje vital para entender el verdadero alcance de esta ley. Pero antes de seguir con el caso australiano, es importante decir que la regulación estatal de la relación entre los medios y los gigantes tecnológicos no es algo que haya explotado en Australia. Por el contrario, es un tema que se discute en los países desarrollados al menos desde la década pasada.

“Es algo que ya se está discutiendo en Europa, que ya es parte de la Directiva de Derechos de Autor del año 2019, que este año debe iniciar su proceso de implementación dentro de los 27 países de la Unión Europea. Y además fue parte de iniciativas legislativas en Alemania y en España en 2013 y 2014, respectivamente. Y lo que pasó en Alemania y en España es que, al intentar que los sitios como Google News pagaran a los medios de prensa, fracasaron en ambos casos por razones distintas”, precisa Juan Carlos Lara.

En ambos países Google decidió no enlazar más noticias y los ingresos publicitarios para los medios se desplomaron. Por eso Alemania decidió negociar una licencia gratuita y las cosas volvieron a la “normalidad”, mientras, en España, Google News se retiró del país en 2014. Ahora, ante la implementación de la ley aprobada por el Parlamento Europeo en 2019, han amenazado con retirar Google News de Europa.

“La Unión Europea les ha dicho que ellos no son meros procesadores, que ellos toman decisiones editoriales, que hacen tratamiento de la información y deciden qué información dejan pasar por sus redes. Por eso, tienen una responsabilidad social, económica e incluso política frente a los hechos que se han desatado a nivel internacional y debieran estar normados de mejor manera”, señala Lorena Donoso, abogada, académica de la Universidad de Chile y expresidenta del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías.

Por eso, para los especialistas lo que aprobó Australia es un eco de lo que ya se discute hace años en Europa y significa ciertamente un precedente a nivel mundial. Pero no necesariamente es la mejor política pública para darle un bote salvavidas a la prensa en crisis. Así lo estima Claudio Ruiz, abogado investigador del Berkman Klein Center de la Universidad de Harvard.

“El problema es un poco más complejo, como todas las cosas, que meramente plataforma versus pequeños medios que quieren subsistir. Es un poco más amplio que eso. Yo creo que es una muy mala política pública, pero, más allá de eso, es importante mirarlo en su contexto. Digo esto porque el senador Girardi apareció aplaudiendo el proyecto y diciendo que presentaría uno. Me parece que el diablo está en los detalles, y quedarte con una lectura superficial del problema te lleva a tomar solamente malas decisiones de políticas públicas. En este caso, me parece que ilustrar el debate como gigantes tecnológicos versus pobres medios locales que buscan subsistencia, es súper inexacto. Porque el principal promotor de este proyecto es Rupert Murdoch, el dueño de News Corp, que tiene el 60% del mercado de los diarios en Australia. De hecho, los publishers más pequeños quedan fuera de la propuesta legislativa”, asegura Ruiz, detallando que la participación de Murdoch en Australia es superior a la que tiene la empresa El Mercurio en Chile. De esta forma se entiende que el magnate australiano haya sido uno de los principales promotores de dicha ley y la persona con la que las tecnológicas se sentaron a firmar un acuerdo.

En la misma línea se manifiesta el diputado Tomás Hirsch, integrante de la comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara. «No creo que corresponda que se les cobre a las grandes empresas de internet para pagarles a los grandes medios de prensa como El Mercurio, La Tercera, Canal 13 de Luksic, Mega u otros. Porque eso lo único que haría sería concentrar aún más la propiedad de los medios, generarles más ganancias a estos pocos medios que se han ido quedando con el control de la información. Significaría que los grandes de Internet les transfieran recursos a los grandes de los medios de comunicación», sostiene.

Sin embargo, Hirsch aclara que «distinta sería mi opinión si esos recursos llegaran a los periodistas, a quienes han generado las noticias, a los trabajadores de los medios. Pero, evidentemente, eso no sería así. Sabemos que los dueños de los medios no tienen interés en repartir los recursos hacia sus trabajadores. Lo que sí creo es que se debería cobrar un impuesto a estos grandes de Internet, que vaya justamente vía, tal vez, la Segegob, a la democratización de los medios, a apoyar a los medios alternativos, la diversificación, la reactivación de cientos de pequeños medios de comunicación locales.  Eso sí creo que es muy necesario, de todas maneras», asegura.

La noticia recién está permeando en el territorio legislativo chileno. Pero algunos parlamentarios como Hirsch o el diputado DC Daniel Verdessi, también de la comisión de Ciencia y Tecnología, ven con buenos ojos una ley similar a la australiana en Chile. «Estoy de acuerdo con que Google y Facebook tengan un mejor control de la información y que haya un pago a los medios de comunicación. Porque dan mejor garantía, al haber periodistas que están a cargo de la información y tienen responsabilidad periodística. Creo que el mayor problema que tiene la propagación de noticias falsas, es la falta de control periodístico de la información, que produce un enorme daño, ya que se comunican noticias falsas con más facilidad que las verdaderas. Creo que el paso que ha dado Australia es un paso que debería ser revisado, copiado. Me parece una buena idea», afirma Verdessi.

Repensar el modelo

Por otro lado, tanto Google como Facebook han reconocido el valor de las noticias, o del contenido producido por medios de comunicación. Prueba de ello es que en varios países, incluyendo a Australia, pero no en Chile, existe Google News Showcase, plataforma en la que la compañía paga por sus contenidos a los medios que escoge. Así lo hace en Francia y está desembarcando país por país. Facebook también está haciendo algo similar. Ya anunció el lanzamiento de su plataforma News en Australia.

“Hay un reconocimiento no solamente de las plataformas sino de la sociedad completa, tanto a través de estas iniciativas de ley como de las reacciones de las empresas, de que existe un valor en la existencia, en la presencia de medios de comunicación de distinto tipo, de distintas voces, que requiere ser cubierto y la sociedad debe reflejar en algún nivel de aporte financiero. De dónde viene ese aporte o cuál es la forma que toma ese aporte, creo que es un debate que nos va a seguir tomando un buen tiempo, porque es bien complicado de resolver. El modelo de financiamiento merece ser reestudiado a la luz de lo que consideramos valioso. Son discusiones extremadamente complejas y ciertamente no ayuda cuando existen empresas tan grandes de Internet que concentran un porcentaje tan importante de la publicidad global, de la que se iba efectivamente a medios de comunicación y de prensa”, apunta Lara.

Hay acuerdo en que es necesario pensar un nuevo modelo de financiamiento y el panorama de medios en Australia, en cuanto a concentración de la propiedad, es similar al chileno. En ese contexto, Claudio Ruiz insiste en que la ley australiana no es una buena idea. “Inyectarle más dinero a los pocos actores que concentran la propiedad de los medios de comunicación no va a desconcentrar el mercado, no va a generar ningún incentivo para la creación de más medios, ni menos va a convertir un modelo actualmente fallido o en crisis, en uno exitoso”, afirma, al tiempo que pone como ejemplo el escenario en que Google y Facebook les pagaran por su contenido a grandes medios locales como El Mercurio o La Tercera.

“Si estamos de acuerdo en la premisa y el problema, quizás una aproximación menos afiebrada sea reconocer y tratar de mejorar la precariedad actual de las condiciones de trabajo de los profesionales de la prensa. Por otro lado, que sea el Estado el que se haga cargo de estos asuntos vitales para la democracia y, entre todos, diseñemos un modelo de medios públicos, sin fines de lucro, que no dependan del actor dominante de turno ni de sus modelos de negocios”, afirma.

Es aquí donde aparece como punto de encuentro el tantas veces vilipendiado Estado. Es posible que una decisión gubernamental pueda mejorar el panorama de medios, y aunque sea imposible escapar del lugar común, ayudar a fortalecer la democracia.

“Los gigantes tecnológicos pueden ejercer no solamente el control editorial, sino también el control social, porque ellos también tienen líneas de financiamiento a través de las cuales otorgan fondos a ONGs. Lo razonable, a mi juicio, sería que los gigantes tecnológicos pagaran a los Estados un porcentaje de las utilidades y el Estado a su vez los redistribuyera a través de fondos de pluralismo informativo. Pero fondos que sean transparentes y neutrales desde el punto de vista ideológico”, propone Lorena Donoso.

La abogada cree que el momento constituyente que vive Chile es el escenario propicio para instalar esta discusión y consignar la libertad de prensa en el nuevo texto constitucional.

«En el fondo tenemos la libertad de informar, sin embargo, la gente no tiene el derecho a estar informada. Y esa es la superficie básica sobre la que se sustenta el pluralismo. Para estar informado es necesario que exista un abanico de medios que vean la realidad de distinta manera y sean capaces de mostrarme los hechos para yo sacar las conclusiones. Otra patita es que no solamente actores comerciales, sino comunidades de interés, actores sociales, puedan ser los que mantengan los medios de comunicación. Otro tema relevante es que la Constitución prohíbe el monopolio estatal de los medios, sin embargo, no dice nada de los monopolios privados de medios de comunicación. Por otro lado, el estatuto jurídico del periodista debería estar protegido. Si un periodista es muy puntudo y desagrada a los dueños de los medios o a un avisador, puede caer en la inopia, porque nadie lo va a terminar contratando”, afirma.

“Hay un montón de ejemplos de subsistencia de los medios, pero sacarles plata a las grandes tecnológicas para moverla hacia mercados super oligopólicos y que no han sabido adaptarse a un modelo tecnológico, de hace 25 años, no tengo muy claro que eso sea exitoso y que nuestra democracia sea mejor. Quizás sea necesario pensar esta cuestión e imaginarnos un modelo de medios público, sin fines de lucro, que no dependa del actor dominante de turno y sus modelos de negocios de vigilancia y de crackeo a los ciudadanos y que pueda entregar la visión plural que necesita la democracia. No tengo la solución, pero creo que hay que dejar la mirada superficial y mirar más en detalle”, puntualiza Ruiz.

El senador Guido Girardi, quien ha sido una especie de vanguardia en estos asuntos, desde lo que se desprende el Congreso Futuro y que está en contacto permanente con los especialistas que se hallan pensando en el ecosistema tecnológico del futuro, afirma que se ha creado una comisión con expertos de las universidades Católica y de Chile, para establecer una ley marco que regule las implicancias del ciberespacio en la sociedad actual y la que viene.

«Lo que están regulando los australianos es la punta del iceberg. Hay que ir hacia la regulación del espacio virtual. Porque si el ciberespacio va a ser el lugar donde se desarrollen la economía, la cultura, la sociedad, el trabajo y la educación del futuro, hoy es como un Far West, como la fiebre del oro en California, donde no había leyes, salvo la ley del más fuerte. La asimetría entre los usuarios y las plataformas Facebook y Google es gigantesca. No solamente hay que regular el tema de los datos en cuanto a que las empresas que ganan con el contenido de El Mostrador, por ejemplo, que comparta la renta contigo. También lo podrías llevar al ámbito de las personas, de los usuarios: ¿por qué van a usar tus datos que le generan una renta millonaria y luego a ti no te dan nada? Si los datos no son un bien público y se comercializan, tiene que haber una retribución para ti. Si no, es una situación absolutamente asimétrica. La inteligencia artificial también tiene que tener regulaciones. Es como la energía nuclear, puede servir para construir, pero también para destruir. El futuro de la humanidad es la hegemonía del ciberespacio. No podemos dejar el destino de la humanidad en manos de las plataformas chinas o estadounidenses. Actualmente el ciberespacio es un paraíso neoliberal, porque no tiene ninguna regulación, por eso Facebook, Google y Silicon Valley se oponen tan fuertemente a las regulaciones. Quieren un mundo donde no haya Estado, donde no haya leyes ni sociedad y solo impere la lógica individualista del mercado sin competencia», enfatiza Girardi.

Sobre los medios de comunicación en particular, el parlamentario PPD cree que la solución no es solamente asegurar un pago desde los gigantes tecnológicos a los medios, sino que crear también un sistema para salvaguardar a los medios de comunicación que, a su vez, generen el pluralismo necesario para una sociedad democrática en forma.

«Hoy la gente que antes invertía en publicidad, en medios tradicionales, no tiene ningún incentivo a hacerlo. Es mejor hacerlo en Facebook o YouTube porque personaliza el mensaje. El problema para la democracia y la razón por la que hay que convalidar a los medios tradicionales es porque lo que hacen es, primero, tener un compromiso con la ética, no tienen o no debieran tener fake news. Hay un sistema de verificación de la verdad. Además, mantienen el contexto. Permiten una visión abierta y plural del mundo. Porque la personalización de los mensajes hace que los usuarios solo reciban información de aquello que les gusta. Empiezan a constituirse mundos con un universo cognitivo muy restringido, donde todos son iguales. Porque solo recibo información que es espejo de mí mismo y eso no permite el aprendizaje social. Elimina la diversidad y va polarizando la sociedad. Pierdes la capacidad de dialogar con lo distinto. Para mí no es un tema solo comercial, es un tema de lo que entendemos por democrático. Es importante salvaguardar a los medios que están obligados a poner la verdad frente a las noticas falsas, de las que están llenas las redes sociales, porque son un negocio», concluye.

El proyecto marco para una eventual ley está en fase de borrador y sus gestores esperan comenzar una etapa de conversación con el mundo académico y científico, para luego avanzar hacia instancias legislativas.