PAÍS
Si bien el tema del financiamiento que implica estirar el IFE hasta diciembre, y agregarle el denominado IFE laboral, para detener el cuarto retiro de las AFP no es un asunto menor, lo cierto es que el eventual daño electoral que le pueda causar al sector un nuevo movimiento errático del Gobierno, justo ahora cuando el país se encuentra ad portas de la elección presidencial y las parlamentarias, tiene con los pelos de punta a todo Chile Vamos. Y es que en la última experiencia con el tercer retiro se explicaría parte de la debacle en las denominadas megaelecciones, donde la derecha recibió una de sus peores derrotas históricas, y en donde las culpas apuntaron todas a La Moneda. Aunque el escenario económico y de pandemia ahora no es el mismo, las posibilidades de quedar más disminuidos en los diferentes poderes del Estado constituye una amenaza latente, por lo que la definición de las ayudas solidarias es vista como prioritaria, al tiempo que requiere de rápida resolución.
Uno de los cálculos que se hacen a puertas cerradas tanto en la UDI como en Renovación Nacional, en medio de la construcción de sus listas parlamentarias, habla de una potencial pérdida del 50% de sus escaños parlamentarios. El preocupante número surge al revisar el resultado de la elección a la Convención Constitucional, donde la apuesta era alcanzar al menos un tercio de los 155 miembros y donde, finalmente, alcanzaron solo 37. Más allá del oxígeno que el triunfo de Sebastián Sichel le entregó al sector y la participación de 1 millón 300 mil electores en las primarias, la marca Chile Vamos tiene los bonos depreciados, por lo que las alarmas, más que nunca, están en rojo.
De esta forma es que se entiende la presión que se ha ejercido –desde todos los estamentos de Chile Vamos– hacia La Moneda, para que tome una definición respecto a cuál va a ser su estrategia para sostener la estantería, en esta ocasión, basada en las ayudas a las familias en medio de la pandemia. Si bien desde Palacio han reiterado que no se va a dejar sola a la gente que lo necesite, esa indefinición tiene por ahora totalmente insatisfechos a los líderes del sector, quienes buscan con urgencia un plan en concreto para sustentar las campañas, esto a cuatro meses de una elección que los podría dejar fuera de juego en todos los espacios de toma de decisiones.
Y es en esta disyuntiva que se vuelve a cruzar el eventual nuevo retiro de un 10 por ciento desde las AFP, que amenaza otra vez con superar la posición del Gobierno, que se ha negado a ello en las tres últimas oportunidades, y cuyo déficit político en su manejo los ha llevado a tres sendas derrotas que arrastraron consigo, además, una pérdida de confianza de los partidos oficialistas no solo con el Ejecutivo, sino que fundamentalmente con el propio Presidente, Sebastián Piñera.
Hacia afuera la posición oficial y mayoritaria de Chile Vamos es evitar el cuarto retiro, ya que no solo amenaza la subsistencia de un sistema de pensiones que se encuentra en la cuerda floja, sino que un voto parlamentario en sentido contrario implicaría, también, un duro golpe al liderazgo del candidato presidencial del oficialismo, quien marcó a fuego su posición al respecto, incluidas advertencias a los parlamentarios que se descuelguen.
Si bien a esta hora no hay agua en la piscina para una eventual aprobación del retiro, los ministros del comité político ya encargaron a los timoneles de Chile Vamos hacer un sondeo interno para tener una mejor noción del terreno en que se está caminando. Y las determinaciones que se tomen serán sobre la base de esa información. Esto tiene que ver con cuántos parlamentarios estarían dispuestos a votar a favor del retiro, sin un IFE extendido o con la medida exigida, y cuáles serían sus exigencias. Si toda la oposición votara a favor, se necesitarían solo 11 votos oficialistas para su aprobación.
Y es que es sabido por todos –al igual que en instancias pasadas–, lo difícil que es para un parlamentario negarse a votar a favor del retiro del 10 por ciento en medio de la campaña electoral, y sin una alternativa de peso que satisfaga las necesidades de su electorado. Es esa arista la que está sobre la mesa y es, a la vez, una de las que más preocupa. En este sentido, uno de los líderes del sector señaló que, dado el contexto y el temor extendido que existe de que la “izquierda radical” se haga del Gobierno y el Parlamento, ve factible que se termine tanto “con el IFE extendido como con el cuarto retiro consumado. Toda la carne a la parrilla”, planteó.
Para complejizar aún más el panorama, una idea nacida desde el Ministerio del Trabajo, que luego fue adoptada por los diputados Guillermo Ramírez y Jorge Alessandri, ambos de la UDI, apuesta al ahora denominado IFE laboral, y que consiste en mantener el bono incluso si se encuentra un trabajo formal, esto –en palabras de una fuente del Ejecutivo– sirve “para evitar la contratación en negro”, vale decir, que una persona que encuentre trabajo prefiera no formalizarlo a través de un contrato, para evitar perder la ayuda estatal.
Por ahora, los números que ha puesto La Moneda sobre la mesa hablan de un costo de cerca de US$11 mil millones, si se extendiera el IFE hasta diciembre, como se lo reclaman los suyos. Este cometido es el que busca resolver el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, encargado de llevar adelante las negociaciones junto a su par de la Segpres, Juan José Ossa. Ante esta disyuntiva, un personero de Palacio, sin pelos en la lengua y con pragmático cálculo, se pregunto: “¿Qué vale más, 11 mil millones de dólares o un Gobierno y un Parlamento de izquierda?”.
Voces al interior de la sede de Gobierno han reconocido lo complejo de la matemática entre la economía, la señal a la ciudadanía y el contexto electoral. Por ahora, personeros ajenos a la toma de decisiones en La Moneda están a la espera de que se adopte una pronta definición y, así, evitar repetir las actuaciones pasadas, en que, por no tener una postura clara y no involucrarse en el debate, fueron arrastrados a pagar un costo cuyas consecuencias para el sector aún no se terminan de medir.
El decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, resumió el conflicto que se vive señalando que “quizás la pregunta que subyace a esto es si el Gobierno está dispuesto a quitar o terminar con los bonos y asumir sus efectos. En este contexto, me parece que hay ciertas señales que mirar. Leve mejoría en encuestas a Presidente Piñera (sin protagonismo excesivo), leve mejoría del panorama económico a corto plazo, proceso de vacunación exitosa. Desde ese punto de vista, entonces, el Gobierno debería prolongar los bonos a diciembre para así evitar el cuarto retiro y tranquilizar a los partidos políticos en su despliegue de campañas, y no repetir coyunturas pasadas en las cuales Chile Vamos culpa directamente al Ejecutivo”.
En otras palabras –agregó Duval– «sin bonos, la campaña de Chile Vamos se reduce a su propio sector para movilizar con pocas posibilidades de crecimiento electoral”.
Desde la oposición en el Parlamento, escindidos de sus candidatos presidenciales, la apuesta sigue siendo la misma: presionar al Gobierno a través de la amenaza del cuarto retiro, con el fin de lograr una mejora o expansión en las ayudas sociales. Fórmula que ha funcionado en dos aspectos, a saber, una mejora sustancial en los aportes a la ciudadanía y, por defecto, su bandera electoral, y que han lucido tanto la candidata DC, Yasna Provoste, como la propia Paula Narváez (PS), al señalar que, sin la oposición, las cifras que puso el Gobierno sobre la mesa en un comienzo no alcanzaban para hacerse cargo de la problemática que se estaba viviendo.
No existen dos lecturas respecto a la imposibilidad de lograr llevar a puerto la reforma de pensiones, promesa de campaña de este Gobierno y por la que se jugaron el todo por el todo, pero que les fue imposible sacar adelante. Razones hay varias, ya sea por la falta de fuerza y claridad del Ejecutivo y su sector, y –apuntan en Palacio–por el hecho de que la oposición se uniera como pocas veces en una posición inamovible y que apostaba los seis puntos extras de cotización a solidaridad, “un rayado de cancha inaceptable” para el electorado de derecha, indicaron.
Además –indicaron las mismas fuentes–, la preocupación de que con los tres retiros anteriores, sumado esto a un eventual cuarto retiro, se estaría dejando a cerca de 5 millones de cotizantes sin fondos. “Los números ya no dan para seguir empujando una gran reforma”, principalmente porque “el desfonde” del sistema, que sacó de sus arcas más de US$30 mil millones, dejó cortos los números que se tenían a mano y que contemplaban arreglos hasta el segundo retiro. “Habría que hacer todos los números de nuevo”, y no hay agua en la piscina para aquello, sinceraron.
Debido a lo anterior, por el momento, la apuesta es la ley corta, para lo cual ya existiría un principio de acuerdo con los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado, con Ximena Rincón principalmente, y que apostaría a repetir lo realizado el año anterior, es decir, subir la pensión básica solidaria y que esta se comience a pagar en septiembre, fecha de término del pago del IFE, hasta ahora.
Con eso, asumen en Palacio, se debería bajar “en algún grado” la tensión ante los parlamentarios que reclaman no tener herramientas para explicarle a su electorado un eventual rechazo al cuarto retiro de los fondos de las AFP.
El problema, puntualizaron, es que este aumento del gasto del erario público –debido principalmente a todas las personas que quedaron con cero peso en sus cuentas y que, por ende, pasan a formar parte de los que recibirían la pensión básica solidaria– los pone entre la espada y la pared. Porque, si bien es factible, saben que todo acuerdo, de ahora en más, significa “pan para hoy y hambre para mañana”.
