PAÍS
Los hechos hablan por sí solos: la Dirección General de Aguas (DGA) confirmó por Resolución 3080, de 21 de noviembre de 2022, la sanción que se le había impuesto con anterioridad a Agrícola El Cerrito S.A., imponiéndole a esta empresa una severa penalidad, y sentenciándola a pagar una multa de más de 60 millones de pesos, por «extracción no autorizada de aguas” superficiales, “desde una bocatoma no autorizada” y, además, utilizando una bomba de 50 HP, desde el Estero Derecho, en la localidad de Paihuano, en el Valle del Elqui. En la Resolución de la DGA se deja constancia de que el caudalímetro instalado en la cañería ilegal marca el paso de 115.610 m3 de aguas.
El pasado 21 de diciembre, el magnate chileno Andrónico Luksic –cabeza del principal grupo empresarial del país y dueño, además, de canales de televisión y radios– acusó destempladamente a El Mostrador –a través de su concurrida cuenta en Twitter– de haber realizado afirmaciones falsas, maliciosas, militantes y con «falta del más mínimo rigor profesional”. Esto, en relación con el artículo periodístico publicado ese día por este medio, titulado: «No era sequía, era saqueo: DGA confirma que familia Luksic se apropió ilegalmente de aguas por 15 años en Paihuano”.
Atendida la gravedad de las imputaciones mencionadas, y proviniendo de quien vienen, uno de los hombres más poderosos de Chile, este medio estima necesario responder a Andrónico Luksic, máxime si él desaprovechó estos días para retractarse, aceptar la veracidad de los hechos denunciados en ese reportaje, y aceptar lisa y llanamente sus errores, como correspondía.
Luksic se ampara, para justificar sus ofensivos y falsos epítetos contra El Mostrador, en una respuesta que circuló por redes sociales de Agrícola El Cerrito S.A., de propiedad de los Luksic, que fue precisamente la empresa familiar sancionada por la Dirección General de Aguas (DGA) por extracción ilegal de aguas, materia del reportaje periodístico señalado. Agrícola El Cerrito S.A., en forma bastante vaga y confusa, intenta vanamente explicar que no habría extraído ilegalmente miles y miles de litros de agua desde el Estero Derecho, por 15 años consecutivos, a través de una bocatoma ilegal y usando una bomba también ilegal, en la comuna de Paihuano, Valle del Elqui, Región de Coquimbo.
Pero los hechos hablan por sí solos: la Dirección General de Aguas (DGA), en Santiago, confirmó por Resolución 3080, de 21 de noviembre de 2022, la sanción que se le había impuesto con anterioridad a Agrícola El Cerrito S.A., por la DGA de la Región de Coquimbo, imponiéndole a esta empresa una severa penalidad, y sentenciándola a pagar una multa de más de $60 millones, por «extracción no autorizada de aguas superficiales» (lo que es ilegal, evidentemente, dado que el régimen de aguas en Chile es estrictamente reglado y solo autoriza a extraer dicho recurso desde el punto específicamente autorizado por la DGA, y a través de la forma autorizada, prohibiendo tajantemente sacar aguas para riego de cualquier otro punto y/o de cualquier otra forma diferente a la expresamente autorizada por la DGA), “desde una bocatoma no autorizada” y, además, utilizando una bomba de 50 HP, desde el Estero Derecho, en la localidad de Paihuano, en el Valle del Elqui.
En una inspección a terreno de la DGA, se constató que el caudalímetro instalado en la cañería ilegal marcó el paso de 115.610 m3 de agua. Así, tratándose de miles y miles de litros extraídos sin autorización (y no de unos pocos litros), en lenguaje coloquial y nada de exagerado es perfectamente adecuado titular la nota de El Mostrador con el concepto de “saqueo” de aguas, aunque a Andrónico Luksic no le guste, o lo encuentre demasiado “fuerte”.
En esta Resolución de la DGA, además, se deja constancia de que la compañía reconoció que la bocatoma y la bomba fueron deshabilitadas el 28 de diciembre de 2020.
La empresa El Cerrito señala que tiene derechos de agua suficientes para realizar sus labores agrícolas, pero olvida que no basta con tener derechos de agua sobre un canal o estero, porque para su uso legal es imprescindible que la extracción se haga en el punto específico que fue autorizado, y de la forma autorizada, lo que no ocurrió, según constata la DGA, en el caso de Agrícola El Cerrito S.A., lo cual perpetró en el Estero Derecho en Paihuano, al que le sacó ilegalmente miles y miles de litros de agua a través de una bocatoma clandestina, incluso usando una bomba de agua de 50 HP para ello.
Es más, la DGA de Santiago instruye también a la filial regional la apertura de un nuevo expediente de fiscalización contra la empresa, por «una presunta obra no autorizada en el cauce del estero Derecho».
La empresa agrícola El Cerrito afirma que las aguas en cuestión no están relacionadas con el agua potable que se brinda a las comunas de Paihuano, Vicuña, Andacollo, La Serena y Coquimbo. Sin embargo, el propio alcalde de Paihuano, y conocedor de la zona, Hernán Ahumada, sostiene a El Mostrador –lo que está contenido en la nota periodística que nos ocupa– que en la precordillera, donde se encontraban las obras no autorizadas, «surge el agua que abastece no solo a Paihuano, sino también a Vicuña, Coquimbo, La Serena y Andacollo».
