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El sondeo reveló que se valora altamente la función pública del Estado, pero al mismo tiempo hay una preferencia social por la libertad de elección. Según el académico de la UDP, Claudio Fuentes, esto puede ser el gran nudo que el proceso constituyente tendrá que resolver. Hay que recordar que la Comisión Experta debate precisamente este punto, ad portas de la instalación del Consejo Constitucional, y en medio de la discusión por el fallo de la Corte Suprema contra las isapres. Para el director de Feedback, Juan Pardo, esto se trata de un reordenamiento de los clivajes tradicionales y es un proceso de mixtura que permite perfectamente la coexistencia, por ejemplo, de votantes republicanos con tendencias estatistas o votantes de izquierda promercado.
El sistema de salud privado de Chile, representado por las Instituciones Previsionales de Salud (Isapres), se encuentra en una crisis que se ha venido agudizando desde su creación en 1981. Los problemas incluyen alzas frecuentes en los planes de salud, cobros arbitrarios y la decisión de algunas clínicas de cortar convenio con las Isapres. Todo ello ha llevado a que la justicia intervenga y que los pacientes se vean obligados a pagar consultas en forma particular. La situación, además, ha llevado a la quiebra masiva del sistema y ha impulsado a muchos pacientes a optar por el sistema público de salud (Fonasa).
Si bien la crisis de las Isapres es de larga data, el gremio ha acusado que el reciente fallo de la Corte Suprema ha sido “la lápida del sistema“. A esto se suma la promesa del programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric: “Terminaremos con el negocio de las Isapres, las cuales se transformarán en seguros complementarios voluntarios, lo que nos permitirá una administración más eficiente y que asegure equidad”.
En ese contexto, la encuesta del Laboratorio Constitucional y la Plataforma de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales (UDP) junto con Feedback Research, reveló que un alto porcentaje de la población manifiesta una mayor preferencia porque sea el Estado el gran proveedor de varios servicios básicos. De acuerdo al sondeo, un 62% prefiere que sea el Estado que se haga cargo de proveer la Salud.
Ahora bien, cuando se interroga a los encuestados sobre la posibilidad de elección, una amplia mayoría apoya esta opción. Un 47% prefiere que la elección del sistema de salud sea una decisión individual según las capacidades de cada persona y un 25% prefiere que sea una decisión colectiva que beneficie a todas las personas. De este modo, el estudio elaborado por los investigadores Claudio Fuentes (UDP) y Juan Pardo (Feedback), sostiene que “a nivel social observamos la valoración de la función pública del Estado, pero al mismo tiempo existe una preferencia por la libertad de elección que está instalada a nivel social”.
El profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la UDP, Claudio Fuentes, uno de los responsables de la encuesta, remarca que a través de los resultados se puede observar claramente en la ciudadanía una dualidad entre reconocer el bien público y tener la opción de elección. A su juicio, esa dualidad es “un híbrido muy extraño”. Sin embargo, cree que puede ser el gran nudo que va a tener que resolver el proceso constituyente.
Precisamente, previo a la instalación del Consejo Constitucional, la Comisión Experta debate sobre la libertad de elección en medio de una tensión entre reconocer el bien público de la salud, el rol del Estado y, por otra parte, la posibilidad de que las personas puedan elegir.
Hasta ahora, entre otros principios básicos, el anteproyecto aprobado por los expertos señala lo siguiente: “La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias y cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse, sea estatal o privado”. Para Claudio Fuentes, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte, no es tan cierto que la victoria republicana en las últimas elecciones de consejeros se traduzca en que toda la gente sea “libremercadista”.
“Cuando vemos quiénes prefieren más Estado, son personas que pertenecen a estratos socioeconómicos más bajos, los mismos que apoyaron a José Antonio Kast. Por tanto, no necesariamente hay una coherencia programática respecto a quienes van a votar por alguna preferencia”, explica el profesor Fuentes, para quien esto reafirma la existencia de “un voto de castigo a ciertas conductas políticas”.
Para el sociólogo Juan Pardo, “la dualidad entre el ethos neoliberal de libertad de elección versus el Estado solidario está seriamente cuestionada por la realidad social”. El director de Feedback Research sostiene que se trata de un reordenamiento de los clivajes tradicionales, “un proceso de mixtura que permite perfectamente la coexistencia, por ejemplo, de votantes republicanos con tendencias estatistas; o bien votantes de izquierda promercado”. A su entender, eso sí, esta duplicidad es una tendencia en plena evolución que aún no ha cristalizado, lo que probablemente tensará las posturas al interior del Consejo Constitucional (CC).
El investigador de Feedback añade que estos “clivajes en mutación” podrían convertirse eventualmente en un obstáculo para los consensos mínimos, pero afirma que es demasiado temprano para saberlo, ya que debemos esperar a ver cómo se desarrolla la dinámica del CC.
En relación a la encuesta, el 79% de los encuestados apoya que el Estado pueda financiar un sistema único de salud gratuito a través del aumento de impuestos. Además, el 59% está de acuerdo con la idea de que todas las personas deberían aportar un porcentaje de sus salarios para financiar la salud pública. Los autores del estudio remarcan que aquellos que menos apoyan esta idea son personas de entre 40 y 49 años, de tendencia política de centroderecha o derecha, y de nivel socioeconómico bajo.
Respecto a otras áreas de vital importancia, el 65% de los encuestados considera que el Estado debería hacerse cargo de las pensiones y otro 65% que el Estado debería hacerse cargo de la educación. En cuanto a esta última materia, el 92% está de acuerdo con la afirmación: “Las familias deberían poder elegir el tipo de escuela en la que desean educar a sus hijos (privada, subvencionada, pública)” y el 82% indicó que, a través de impuestos, los chilenos deberían poder financiar un sistema de educación pública donde cualquier persona pudiera estudiar.
En materia de libertades individuales, el 62% se muestra muy de acuerdo o de acuerdo con el matrimonio homosexual, el 56% por la adopción homoparental y el 50% apoya el aborto en cualquier circunstancia como derecho de las mujeres a decidir.
Cabe mencionar que el instrumento se aplicó cara a cara en 8 regiones del país entre el 17 de marzo y 17 de abril y considera una muestra de 1.012 entrevistados representando el 79% de la población urbana mayor de 18 años. La encuesta tiene un error muestral de +/- 3,1%.
Según la encuesta de la UDP y Feedback Research, los contenidos que mayor apoyo generan en la población encuestada es establecer el poder del Presidente de expulsar del país a extranjeros que cometan graves delitos (76%), la libertad de las personas de elegir entre sistema de salud público o privado (65%), educación superior gratuita (70%), propiedad individual de las personas de los fondos de pensiones (65%), sistema de pensiones público (60%), y sistema de salud universal público e integrado (52%). En tanto, los temas que mayor rechazo parcial o total generan son el sistema de justicia indígena, derecho al aborto, y Estado plurinacional e intercultural.
El 47% de los encuestados apoya la idea de que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”, mientras que el 27% indica que “a veces un gobierno autoritario puede ser preferible a un gobierno democrático”, y un 24% señala que “les da lo mismo un tipo de gobierno que otro”.
En sondeos anteriores, la opción que prefería la democracia por sobre cualquier otra forma de gobierno era de más del 60%.
“Lo anterior implica que una mayoría del 51% está poniendo en duda a la democracia como el mejor sistema de gobierno”, concluye el estudio y precisa: “Quienes manifiestan en mayor grado que les da lo mismo un tipo de gobierno son personas de estratos socioeconómicos bajos y no votantes”.
Por su parte, quienes indican que a veces es preferible un gobierno autoritario son personas de 40 a 49 años y personas que se autoidentifican con la derecha o centroderecha.
