Colegio de abogados llama a parlamentarios a “ejercer sus funciones con diligencia y objetividad”

El Colegio de Abogados, a través de su Consejo General, emitió una declaración pública  para referirse al retardo y falta de acuerdo de varias designaciones, que siguen pendientes y que culminaron con el retiro de la candidatura de la abogada Jéssica González para el cargo de ministra de la Corte Suprema.

El documento lamenta que el nombramiento de una ministra a la Corte Suprema se vea entorpecido por razones que nada tienen que ver con los méritos, ni la carrera funcionaria de quien postula al máximo tribunal, como también ha ocurrido en otras postulaciones a cargos que el Senado debe aprobar. “Rechazamos categóricamente que, en este caso, se pretenda vincular el nombramiento de una abogada de larga carrera judicial y cuyas cualidades son reconocidas transversalmente, con la designación futura de personas para el desempeño de otros cargos de diversas entidades administrativas”, señalan.

El integrante del Consejo General, abogado Enrique Navarro explica: “Existe una preocupación institucional respecto de las designaciones de los jueces. Resulta lamentable que dichos nombramientos sean objeto de disputa política o se relacionen con otras nominaciones. Eso sucedió respecto de la jueza González que es ampliamente respetada y reconocida. Igualmente, respecto de otras designaciones como ha ocurrido con ministros del Tribunal Constitucional que no han sido aprobadas por el Senado y que actualmente sólo tiene 7 de sus 10 titulares. También en los Tribunales Ambientales. Sería conveniente estudiar bien los mecanismos de nombramientos de los jueces, de modo que no influyan aspectos político-partidistas. Puede establecerse quorum menores o plazos máximos”.

La declaración agrega que se ha transformado en una “mala costumbre” que los nombramientos de Ministros de la Corte Suprema estén empañados por razones políticas y que esta práctica “no sólo atenta contra la independencia del Poder Judicial, sino que da cuenta de situaciones preocupantes para un adecuado funcionamiento de un Estado de Derecho”.

“En este caso, además, se ha culminado con el retiro de una ministra, dejando vacante un cargo en nuestro máximo tribunal en forma indefinida, con el consecuente menoscabo para la administración de justicia. La misma situación se ha producido en el Tribunal Constitucional, que hace más de un año no puede sesionar con su integración completa de ministros titulares, porque los cálculos políticos en más de una oportunidad han impedido nombrar a postulantes con méritos de sobra conocidos. Algo similar ocurre con otros tribunales, como el Segundo Tribunal Ambiental, en que el nombramiento de ministros titulares también sigue pendiente hace largo tiempo”, agrega el documento.

El comunicado de la orden profesional afirma que las abogadas y los abogados que postulan a integrar los tribunales “no merecen quedar expuestos mediáticamente a cuestionamientos ajenos a su desempeño profesional, ni ser objeto de disputas o negociaciones entre los partidos políticos de los cuales depende su nombramiento”.  Y advierten que esto afecta la calidad de las designaciones “e impedirá, en el futuro, contar con una mayor cantidad de profesionales destacados interesados en participar en estos concursos”.

Por ello hacen un llamado a los parlamentarios a ejercer sus funciones con diligencia y objevidad, para dar pleno respeto al Estado de Derecho. “Debemos evitar que se produzcan vacancias de cargos, tal como como ocurre en otros países, ya que eso puede afectar el funcionamiento y credibilidad de los importantes órganos que deben integrar las personas que deben ser designadas”, cncluyen.