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En un documento de seis páginas, los firmantes plantean que tras el 11 de septiembre de 1973, la Universidad Católica fue un sostén técnico, jurídico e ideológico de la dictadura, explicitando que hubo a lo menos 31 estudiantes y profesores que fueron detenidos, desaparecidos o asesinados, por lo cual solicitan al rector actual que pidan perdón en forma institucional y que se le retire el grado de Doctor Honoris Causa al exrector y almirante (r), Jorge Swett. Tras el petitorio, el rector respondió, indicando que, como ya lo ha dicho antes, efectivamente las autoridades de la época fueron “obsecuentes”, agregando, sin embargo, que “la gran mayoría de la comunidad universitaria demostró su rechazo a la intervención de la UC, a la pérdida de la libertad de expresión, a la violación de los DD.HH. y todos los demás atropellos del régimen militar”.
Un petitorio de cinco puntos presentó, a fines de agosto, la directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), la Consejería Superior 2023 y el Colectivo de Memoria y Derechos Humanos de la Pontifica Universidad Católica (PUC) a las autoridades de la casa de estudios, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el que dio paso a una respuesta escrita de parte del rector de dicha casa de estudios, Ignacio Sánchez.
En un documento de seis páginas, los firmantes plantean que tras el 11 de septiembre de 1973 en la Universidad Católica 31 estudiantes y profesores fueron detenidos y desaparecidos o asesinados, que hubo más de 150 profesores exonerados y que se prohibieron las elecciones democráticas de la FEUC. Asimismo, señalan que “un número aún más grande son sobrevivientes de la persecución y tortura; mientras, el núcleo académico de la UC brindó el sostén técnico, jurídico e ideológico a la construcción del proyecto de país impuesto por la dictadura”, en alusión al papel de profesores como Jaime Guzmán o los economistas de la Facultad de Economía y Administración de la PUC.
Tras la descripción, los suscritos sostienen que en este aniversario el establecimiento tiene la “oportunidad histórica de mirar a nuestro pasado con honestidad, asumir los errores cometidos y demostrar con acciones que la UC pide perdón a las víctimas y a Chile, y que no volverá a avalar quiebres a la democracia ni violaciones a los DD.HH.”. En dicho marco, la FEUC solicitó al rector Ignacio Sánchez “que pida perdón institucional”, como máximo representante de la casa de estudios.
Además, en otros cuatro puntos, piden que quite el título de Doctor Honoris Causa al almirante Jorge Swett, exrector, en consideración a su designación por parte de la dictadura y porque aseguran que “entregó” al profesor Alejandro Ávalos a la DINA, quien actualmente es un detenido desaparecido.
También solicitan que la universidad cree un Centro Interdisciplinario de Derechos Humanos, que se reincorpore a los profesores exonerados en dictadura, que se otorguen títulos póstumos y reconocimientos académicos a todas las personas que fueron estudiantes y profesores en nuestra casa de estudios y que no pudieron terminar su carrera por haber sido detenidos desaparecidos y asesinados por el régimen.
Por su parte, el rector de la PUC, Ignacio Sánchez, envió una respuesta en la cual agradece el documento, aunque advierte que varios de los puntos solicitados se han abordado en la comunidad. Sobre el rol de la PUC como sostén de la dictadura, aseveró que ello “ha sido ampliamente descrito y abordado por esta rectoría”, agregando que “hemos señalado que las autoridades de la UC de la época fueron obsecuentes con el régimen militar“. A renglón seguido, sin embargo, aseveró que “la gran mayoría de la comunidad universitaria demostró su rechazo a la intervención de la UC, a la pérdida de la libertad de expresión, a la violación de los DD.HH. y todos los demás atropellos del régimen militar. Reitero que la gran mayoría de la comunidad de la UC nunca ha avalado quiebres de la democracia, dictaduras ni violaciones a los DD.HH. como se menciona en el petitorio. Estas acciones de rechazo y protesta al interior de la UC, sin duda colaboraron con el proceso de retorno a la democracia en que participó toda la comunidad nacional.y advirtió “que varias de las demandas reflejan un desconocimiento de las posiciones y expresiones públicas del rector”.
En cuanto a Swett, Sánchez informó a los estudiantes que “de manera explícita hemos rechazado algunas acciones del rector delegado”, pero al mismo tiempo aseveró que, sin embargo, hay documentos que muestran que dentro de las difíciles condiciones de la época, en innumerables ocasiones el rector permitió que la UC se desarrollara en su labores más propias” y que “el otorgamiento del grado de Doctor Honoris Causa al rector Swett consideró todos estos argumentos”. Por ello, informó no es posible retirar el grado honorífico, ya que “éste consideró todos los argumentos y procesos académicos que están en nuestros Estatutos, incluida la aprobación por parte del H. Consejo Superior – el año 1990 – mediante el Decreto de Rectoría N°258/89, bajo la rectoría del rector Juan de Dios Vial Correa, con su firma y la del Padre Eliseo Escudero, Vice Gran Canciller de la época”. Asimismo, agregó que el militar retirado no tiene juicios pendientes en los tribunales de Justicia, ya que “una acción de este tipo sería atentar contra los propios estatutos de la Universidad”.
En relación con la creación de un Centro Interdisciplinario de Derechos Humanos en la UC, expuso en su respuesta que la casa de estudios creó el Centro para el Diálogo y la Paz, donde se abordan materias sobre DD.HH. Además, expuso que la PUC está realizando un trabajo en conjunto con el Museo de la Memoria y el archivo de la Vicaría de la Solidaridad, así como con otras universidades e instituciones nacionales y extranjeras “en temas de DDHH”, “hecho que mantiene una herida abierta en nuestra comunidad nacional, no solo en los familiares de las víctimas a quienes expresamos nuestra compañía y solidaridad por todo lo que han sufrido”.
Sobre una reincorporación de profesores exonerados, la autoridad universitaria aseguró que ello fue abordado por la universidad en una ceremonia realizada en 2015, con más del 85% de los 120 profesores en esa condición. Según recordó, en su discurso afirmó que “la universidad perdió su autonomía por una intervención externa del Estado y ocurrieron hechos que hoy lamentamos profundamente. (…) Esta tradición se quebrantó al aceptar que un grupo importante de profesores, -dentro de ellos ustedes-, fueran exonerados por motivo de sus ideas y convicciones. Esto no debió haber ocurrido nunca.”
En su respuesta a la FEUC, Sánchez agregó que con posterioridad se buscó acoger solicitudes de profesores exonerados para tareas académicas, dentro de los cuales mencionó dos casos: los profesores Gabriel Salazar, en el Instituto de Historia, y David Benavente, en la Facultad de Comunicaciones, quienes han realizado docencia esporádica.
En relación a la entrega de títulos póstumos a los estudiantes DD.DD. y DD.EE en la dictadura, el rector de la Católica señaló que en 2013 se hizo entrega de 17 diplomas. “Un diploma de título póstumo, 6 diplomas de reconocimiento académico póstumo, avance significativo; 2 diplomas de reconocimiento académico póstumo, alumno programa; 5 diplomas FEUC a aquellas personas que el año 1973 no eran estudiantes UC vigentes, y 3 diplomas FEUC a quienes no presentaban información en los registros académicos”, aseveró.
Lea el petitorio de la FEUC, Consejería Superior 2023 y el Colectivo de Memoria y DDHH
Lea la respuesta de la rectoría de la PUC
