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Analistas políticos y académicos de distintas universidades analizaron los efectos políticos del caso del audio del abogado Luis Hermosilla, donde habla del pago de sobornos a funcionarios públicos. Coinciden en que lo sucedido aumenta la percepción de injusticia para quienes no tienen recursos.
Con asombro, cuestionamientos y observando las piezas faltantes del puzle político y policial. En ese contexto diversos analistas políticos y académicos de distintas universidades han analizado el audio filtrado, en que el abogado Luis Hermosilla habla del pago de sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Para Guillermo Holzmann, académico de la U. de Valparaíso y analista político, hay varias interrogantes sin respuesta y que podrían precisar los alcances del caso. Para el politólogo, el primer elemento interesante es “por qué una grabación que se hace en junio aparece sorpresivamente en noviembre”, ya que –a su juicio– puede haber eventos en esos meses que incitan a sacar de la reserva la grabación. Asimismo, señala que sería interesante también conocer la motivación para hacer la grabación, así como para difundirla, teniendo en cuenta el daño reputacional que generó tanto para el abogado Luis Hermosilla, Daniel Sauer, María Leonarda Villalobos, como para su marido, exdiputados y otras personas que aparecen involucradas en las distintas sociedades.
“La Comisión para el Mercado Financiero y el SII quedan cuestionados por ser vulnerables a la corrupción. Un elemento de interés en esta conversación, donde Hermosilla además se jacta de haber sido jefe de inteligencia del Partido Comunista, es qué otras acciones se han hecho ahí, que son delito, para ganar juicios, y si él es una excepción dentro de la plaza o esto es una práctica más extendida”, señala Holzmann.
Y agrega: “Lo otro es hasta dónde va a salpicar todo esto, porque es evidente que estamos hablando de tráfico de influencias, soborno, puede haber extorsión, y para el ciudadano común y corriente queda la idea de que así se arreglan los problemas de los ricos, y que ‘los que no tenemos recursos no podemos hacer nada’. Entonces, acá va a ser muy sensible la reacción tanto del Gobierno, del Presidente, del Fiscal Nacional y, particularmente, de la Comisión para el Mercado Financiero, que debiera decir algo. Entonces, ¿quién fiscaliza al fiscalizador? ¿Cuál es la posibilidad de que lo que pasó adentro jamás se sepa o se va a tapar?”.
En tal sentido, Holzmann subraya que “tenemos un problema de credibilidad importante, que va a afectar al Gobierno, va a afectar a las instituciones del Estado, y eso yo diría que es una pésima noticia porque se suma al caso Convenios (…). Difícilmente va a poder convencer a la población de que es una excepción”, precisa.
Por su parte, el docente y analista político de la Universidad Central, Marco Moreno, coincide en la percepción de que la población siente que está en desventaja frente a los sectores acomodados para concurrir a la Justicia.
“Puede producirse en la ciudadanía la sensación y el malestar de sentir que los poderosos, los empresarios por una parte y las élites políticas por otra, se ven beneficiados con prácticas, influencias, a las que ellos no pueden acceder. Esa sensación de injusticia puede llevar a la gente a expresar ese descontento, o lo acumula hasta que se expresa. Además proyecta un país roto, con las instituciones en entredicho. Incluso, esto puede afectar a la opción de los empresarios en el plebiscito constitucional, que han defendido el texto. Por lo tanto, la gente puede concluir que, si a los ricos, empresarios o poderosos les parece bien, quiere decir que a mí no me favorece”, sostiene Moreno.
En tanto, el director del Magíster en Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma, Eric Latorre (exasesor del excontralor Ramiro Mendoza), tiene una visión radical: “La corrupción está mucho más instalada en Chile de lo que nosotros queremos ver y creer. Es cuestión de ver los informes de la Contraloría en materia municipal. Los informes de control interno detallan una cantidad recurrente de faltas en la administración, que tienen que ver con ambientes de control absolutamente débiles o inexistentes o débiles”.
Y añade que “si eso pasa, hay espacio para la corrupción. Mientras más alejada del control de la acción se esté, los daños de la eventual corrupción son mayores. Lo ideal sería que desde el punto de vista político hubiera de verdad un gran consenso en función de la bonificación y la anticorrupción, pero al final me temo que lo que va a pasar con esto es que van a empezar los neteos políticos”, asegura.
Para Vicente Inostroza, académico de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales (UDP), todavía no se dimensionan las repercusiones que el caso Hermosilla puede causar en el mundo político: “Más allá de los delitos, el caso nos demuestra cómo son las cosas en las sombras o tras bambalinas, por decirlo así. Esto pondrá un foco en la respuesta del Gobierno y las instituciones en general, para no seguir mermando la confianza de la ciudadanía en el Estado”.
“Por el audio, según se indica, puede estar implicado medio Chile. Lo más preocupante del audio que se reveló no es tanto sobre los tres actores involucrados, sino que su posible acusación de meter a más personas en esa red involucrada en ese delito, y ya no hablaríamos de un caso aislado, sino más bien de una práctica generalizada. Esto puede ser más profundo que el caso Penta o SQM”, advierte Inostroza.
Y profundiza sobre las consecuencias de lo anterior: “En la percepción ciudadana estas conductas generan más malestar al ya acumulado desde hace años, no solo hacia el sistema político chileno, sino que también con el sistema de poder o las redes de poder en Chile, que no son democráticas en el sentido de la accesibilidad, sino exclusivas, y eso obviamente genera una fractura social que es tarea pendiente repararla”.
Para el profesor y especialista en Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de Universidad de Chile, José Viacava, el caso Hermosilla le trae a la memoria otros casos con grabaciones de contenidos impactantes, como Piñeragate o el caso Spiniak, con todo tipo de acusaciones cruzadas, que finalmente muchas son desechadas por la Justicia y deterioran la fe pública.
“Esto afecta la calidad de la democracia en Chile, les hace daño a las instituciones, a la fe pública. ¿Qué garantías vas a tener tú el día de mañana de si efectivamente las resoluciones adoptadas por el SII o la CMF se las aprobó con condiciones no técnicas? Esto va a dar pie a todo, a procedimientos que efectivamente podrían haber estado no necesariamente en regla y que a lo mejor lograron resolverse fuera de la institución o con un sobre. Es una situación muy compleja. Ahí efectivamente la ciudadanía constata, porque ya lo tiene absolutamente identificado, que hay procedimientos para la élite y para el resto sin dinero. Y creo que es el momento de que los funcionarios públicos reivindiquen lo que eso significa en términos de intachabilidad”, señala Viacava.
