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Fotos: Agencia UNO
El jefe de la bancada PS dijo que la corrupción no tiene color político y debe investigarse a fondo. Por esta razón, impulsará una segunda comisión del caso Convenios. Ahora, con foco en las fundaciones ProCultura y Arquiduc, así como en los exministros Felipe Ward (UDI) y Cristián Monckeberg (RN).
“La corrupción hay que investigarla caiga quien caiga y venga de donde venga”. Con esta frase, el diputado del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri, anunció que la bancada de su partido impulsará la creación de una nueva comisión investigadora. Esta vez, con foco en convenios y fundaciones vinculadas a Renovación Nacional (RN) y a la Unión Demócrata Independiente (UDI) durante el gobierno anterior.
Tras el término de la primera comisión que indagó el denominado caso Convenios, la mira está puesta en las fundaciones ProCultura y Arquiduc, así como en los exministros del gabinete del expresidente Sebastián Piñera, Felipe Ward y Cristián Monckeberg.
Manouchehri, jefe de la bancada socialista, hizo el anuncio después de reunirse con el actual ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), para respaldar su gestión tanto en el plan de emergencia habitacional como en la investigación de las responsabilidades en las controvertidas transferencias de la cartera a fundaciones vinculadas a personas cercanas al Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Cabe mencionar que después de casi cuatro meses de trabajo, desde el 7 de agosto de este año, la primera Comisión Especial Investigadora (CEI) del caso de los convenios llegó a su fin con la votación del informe que contenía las conclusiones a las que habría llegado mayoritariamente la oposición, incluidos el Partido de la Gente (PDG) y Amarillos, ya que el sector del oficialismo que había elaborado un segundo informe terminó por retirarlo. El informe de la comisión presidida por el diputado José Miguel Castro (RN), acusó al ministro Montes de una “reprochable inobservancia”
“La corrupción no tiene color político y debe investigarse a fondo“, sentenció el diputado Manouchehri en conversación con El Mostrador, además de anticipar que eventualmente les gustaría conocer “otro tipo de irregularidades” que podrían haberse presentado durante la administración pasada.
“Lo que investigó la comisión investigadora del caso fundaciones fue una parte de la película y no la película completa que incluye al gobierno anterior. Es relevante investigar el sistema que se instala en 2019, que pareciera ser el origen de este caso. Para ponderar bien el caso Convenios hay que analizar la totalidad de los hechos y no una parcialidad como se hizo en la comisión anterior”, declaró el diputado del PS ante la eventual conformación de una nueva comisión.
En este sentido, Daniel Manouchehri afirmó que el interés radica en conocer el actuar del exministro Felipe Ward (UDI) y, eventualmente, también se podría citar al exministro Cristián Monckeberg (RN).
Manouchehri reveló que están estudiando todos los antecedentes para poder hacer una comisión investigadora de lo que aconteció durante el gobierno anterior. “Acá hay fundaciones ligadas a Renovación Nacional, acá hay ministros de la UDI y RN, y hay antecedentes muy similares a los de Democracia Viva“, remarcó el legislador, junto con afirmar que estos delitos se deben perseguir “con toda la severidad de la ley”.
“Nos parece que es escandaloso lo que han hecho estas personas de Democracia Viva, nos parece escandaloso estos militantes de Revolución Democrática que se han visto involucrados en este caso, pero aquí se debe perseguir la corrupción, caiga quien caiga y venga de donde venga”, reiteró el parlamentario.
Manouchehri también deslizó una crítica hacia la oposición. A su juicio, “no puede ser que la derecha tenga un discurso para los casos de corrupción de un lado, pero para los casos de corrupción que los afectan a ellos hagan vista gorda”.
Consultado por el monto de las transacciones estudiadas, el diputado socialista mencionó que justamente lo que quieren conocer es este tipo de antecedentes. “Las cifras serían varios cientos millones de pesos“, comentó Manouchehri, al tiempo que precisó que buscan investigar lo que sucedió desde el 2018 al 2022, considerando que ya funcionó una comisión investigadora que evaluó el proceso desde el 2022 al 2023.
Su par, la diputada Daniella Cicardini, también abordó el tema y recalcó que “acá los casos de corrupción se tienen que investigar caiga quien caiga y ese debe ser también el mismo interés y la misma proactividad que debe demostrar la derecha, porque de lo contrario puede quedar en evidencia que solo fue un aprovechamiento político”.
“Acá el que nada hace nada teme y esperamos que esta sea una oportunidad para poder elevar los estándares de probidad y transparencia, pero para todos”, añadió la parlamentaria socialista.
Por orden del Ministerio Público, la semana pasada, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) llegó hasta las oficinas del Serviu de Valparaíso para incautar documentación referente a convenios suscritos con las fundaciones ProCultura y Arquiduc.
Según informó la Fiscalía, esta diligencia fue solicitada por la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) y ejecutada por detectives especializados de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec). Durante la misma, se encontraron antecedentes relacionados con el rol desempeñado por Gonzalo Vega Moreira, exjefe de gabinete del exministro de Vivienda Felipe Ward (UDI).
De acuerdo con constataciones de la Contraloría, Vega Moreira propuso la suscripción de contratos entre el Serviu y ProCultura. Documentos del Registro de Colaboradores del Estado respaldan su intervención, que facilitó la colaboración entre la fundación mencionada y el Ministerio de Vivienda. Previo a esto, según el mismo informe, la entidad liderada por Alberto Larraín (exmilitante DC) solo recibía transferencias de entidades relacionadas con la cultura, provenientes de gobiernos regionales y municipalidades.
Dada la preocupación expresada por la Contraloría, los investigadores solicitaron más información sobre la formalización de los contratos con dicha entidad.
Las investigaciones también se centran en el papel desempeñado por Tomás Ochoa Capelli (UDI), exdirector regional del Serviu de Valparaíso. Tras dejar su cargo, fundó la empresa Asesorías Profesionales en Gestión Inmobiliaria y Construcción Limitada, que emitió una boleta por más de $17 millones a ProCultura.
Por otro lado, en agosto de este año, se dio a conocer que la fundación Arquiduc, dirigida por Carlos Acuña Arévalo, exmilitante de RN y exfuncionario público durante los gobiernos de Sebastián Piñera, fue obligada a devolver 121 millones de pesos después de incumplir contratos y cometer irregularidades durante la ejecución de proyectos en campamentos de Rancagua.
Previamente, en julio, la Fiscalía de Rancagua inició una investigación precisamente por los convenios firmados entre la fundación y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en 2021. Y es que a pesar de que la fundación está dedicada al rubro de la educación, recibió $121.802.032 en junio y julio de 2021 para llevar a cabo una serie de mejoras en asentamientos provisorios. Estos contratos fueron suscritos cuando Manuel Alfaro Goldberg (independiente pro Evópoli) era director del Serviu de O’Higgins en ese período.
Cabe mencionar que las indagatorias sobre ambas fundaciones se encuentran en plena etapa de investigación. Esto, con el fin de obtener la información documental necesaria para explicar por qué se asignaron fondos a estas dos fundaciones, identificar a qué ítems presupuestarios corresponden estos recursos públicos otorgados y, en aquellos casos en los que haya rendiciones de cuentas, revisar los documentos que respaldan dichas rendiciones. “Esa es la labor que desarrolla la Bridec de hace un tiempo y que se materializó en esta diligencia, que dará lugar a otras diligencias como tomas de declaraciones y otros análisis que son necesarios realizar”, dijo el fiscal Claudio Rebeco tras el allanamiento al Serviu de Valparaíso el pasado martes 5 de diciembre.
Trabajadores de la Fundación ProCultura denuncian que su fundador, Alberto Larraín, está “escondido” y no les ha pagado los finiquitos tras anunciar el cierre de la entidad, en el marco del caso Convenios. Según publicó La Tercera, los trabajadores aseguran que se les comunicó que a partir del 29 de noviembre podrían acceder al pago de sus finiquitos, lo cual aún no se ha concretado.
Uno de los trabajadores plantea que “a algunos nos intentaron engañar haciendo firmar finiquitos en una notaría sin cheque asociado ni plazos de pago, pese a que el documento decía textual que nos hacían entrega del pago en ese momento. A quienes recibieron su finiquito online, se les decía que recibirían el pago en cinco días hábiles. Hasta la fecha, ni un solo peso”.
“Lo peor es que informalmente comunicaron a algunas personas que no pagarían, pues no había fondos, ya que la fundación estaba en la quiebra. Esa quiebra, sin embargo, no la ha declarado nadie legalmente competente”, añadió el denunciante.
Las críticas de los trabajadores también apuntan a que la presencia de Larraín en redes sociales, donde ofrece consejos sobre salud mental, no ha disminuido, causando mayor indignación entre los trabajadores.
