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Foto: Leonardo Rubilar/AgenciaUNO
El informe calificó como “cuestionable” y “reactivo” su accionar ante los casi 50 casos que investiga la Fiscalía y los 27 en Contraloría. El CDE se defendió y aseguró que esto “revela una incomprensión del rol del consejo en materia penal y de las necesidades de una investigación criminal eficaz”.
A raíz del denominado Caso Convenios, la Fiscalía Nacional investiga 47 fundaciones o corporaciones, y la Contraloría General de la República indaga 10 Gobernaciones Regionales, 16 Secretarías Regionales Ministeriales y a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. Mientras, el Consejo de Defensa del Estado ha presentado querellas en cuatro regiones por el caso que ha golpeado la línea de flotación del Gobierno.
Con estos antecedentes, el informe final de la comisión investigadora de la Cámara—presidida por el diputado José Miguel Castro (RN)—sobre el tema determinó que el accionar del CDE respecto a los cuestionados convenios que forman parte del caso ha sido “cuestionable” y “reactivo”, especialmente en el caso de Democracia Viva, y que “no resulta comprensible” la lentitud de la institución en el ejercicio de acciones judiciales de carácter penal.
“Estas imputaciones son infundadas y revelan una incomprensión tanto del rol del Consejo de Defensa del Estado en materia penal, como las necesidades de una investigación criminal eficaz que permita sancionar a los responsables de conductas ilícitas”, sentenció el CDE a través de un comunicado.
El Consejo de Defensa del Estado destacó que interpone querellas criminales contra personas determinadas cuando las diligencias desarrolladas en los respectivos procesos judiciales dan cuenta de hechos constitutivos de delitos, o en casos excepcionales en que la imputación penal resulta evidente y expresamente reconocida por sus responsables.
“Tan pronto tuvimos conocimiento de los casos referidos destinamos un grupo especial de abogados del Consejo para que se abocasen al análisis de esos hechos a lo largo de todo Chile. Cada semana, nuestro Comité Penal evalúa el avance de las referidas investigaciones y los antecedentes nuevos que se van aportando en aquellos asuntos a los cuales tenemos acceso, concluyendo en aquellos casos en que las investigaciones alcanzan un grado razonable de fundamento deducir las respectivas querellas”, se defendió el consejo estatal.
El CDE agrega que debe comprenderse que el Ministerio Público puede adoptar diligencias de investigación en un ámbito de reserva y secreto. Y añade que “es razonable que en investigaciones en las que, además de otros delitos, se investigan conductas de lavado de activos, se ordene su reserva”.
En la actualidad, explican desde el ente estatal, parte importante de las referidas investigaciones tienen ese carácter, por un tiempo específico o por un tiempo máximo de seis meses en los casos donde se estén investigando delitos enmarcados en la Ley N° 19.913.
La aludida legislación es la que tiene que ver con la unidad de análisis financiero y disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.
“En esos asuntos y, además, en todos aquellos en que el Ministerio Público no ha remitido justificadamente los antecedentes, el Consejo no tiene conocimiento de parte importante de la investigación penal”, declaró el organismo presidido por Raúl Letelier Wartenberg —cercano al académico y precandidato presidencial, el socialista Fernando Atria—.
Desde el CDE recalcan que su institución debe adoptar decisiones fundadas y con antecedentes certeros para poder imputarle a una persona determinada la comisión de un delito y pedir a un tribunal, con seriedad, las sanciones penales procedentes.
En consecuencia, concluye el CDE, “que en el marco de una evaluación política se pretenda emplazar a una institución centenaria, de alto componente técnico y de reconocido actuar riguroso como el Consejo de Defensa del Estado a interponer acciones penales por razones diversas a las derivadas exclusivamente del marco legal y constitucional de la persecución criminal es un hecho preocupante del que damos cuenta mediante esta declaración”.
El CDE intenta dejar claro que además está por emprender acciones contra otras fundaciones, pero que no han podido avanzar más rápido debido a que varias de las causas del Ministerio Público fueron decretadas como reservadas.
