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Foto: Johan Berna/Agencia UNO
Con la toma de razón de la Contraloría, el texto queda en condiciones de ser publicado para su posterior entrada en vigencia como ley. El proyecto propone sanciones de prisión para quienes ingresen de manera irregular y, después de cumplir la pena, prevé la expulsión, con excepciones específicas.
Este viernes, la Contraloría General de la República tomó razón del decreto promulgatorio de la Ley N° 21.655, referida al procedimiento para la devolución de extranjeros que ingresan al país de forma irregular.
Esta nueva normativa modifica la legislación vigente sobre condición de refugiado de tales extranjeros y establece un proceso y etapa inicial para esa determinación. Asimismo, regula la reconducción inmediata de quienes ingresen irregularmente al país.
Con la toma de razón de la Contraloría, dicho texto queda en condiciones de ser publicado en el Diario Oficial para su posterior entrada en vigencia como ley de la República.
En detalle, este proyecto modifica la Ley de Migración y Extranjería y busca castigar con presidio la entrada irregular al país y, luego de cumplida la pena, fija la expulsión del extranjero, salvo ciertas excepciones.
El pasado 17 de enero, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde al proyecto de ley que busca tipificar y sancionar el ingreso clandestino al territorio nacional. La iniciativa fue promovida por Renovación Nacional (RN).
El proyecto generó un intenso debate político, evidenciando divisiones ideológicas entre los distintos partidos. Mientras que el Frente Amplio y el Partido Comunista se pronunciaron en contra de la medida, la mayoría de los parlamentarios del Partido Socialista optaron por la abstención.
Según lo establecido en la propuesta, aquellos que ingresen clandestinamente al territorio nacional por pasos no habilitados o evadiendo el control migratorio enfrentarán penas que van desde el presidio menor en su grado mínimo, que oscila entre 61 y 540 días, hasta multas que van desde cinco hasta 10 UTM (aproximadamente entre 323 mil y 646 mil pesos).
En el caso de extranjeros que ingresen clandestinamente y tengan impedimentos legales para su ingreso, la pena se incrementará, llegando hasta el presidio menor en su grado medio a máximo, que va desde 541 días hasta 5 años. Esta misma pena se aplicará a aquellos que utilicen documentos de identidad o de viaje falsos para entrar o salir del territorio nacional.
Es importante destacar que la ley contempla excepciones, como los extranjeros que sean refugiados provenientes de lugares donde su vida o libertad estén amenazadas, así como niñas, niños, adolescentes o sus responsables legales.
En caso de detención en flagrancia, se buscará la reconducción o devolución inmediata del infractor, y si esto no fuera posible, se pondrá al individuo a disposición del tribunal correspondiente. Además, se establece que la prisión preventiva se decretará en casos donde exista un riesgo de fuga, especialmente cuando se desconozca la identidad del imputado.
Para los casos en que se acuerde la expulsión, el tribunal remitirá al imputado a la Policía de Investigaciones (PDI), debiendo informar esta acción al Servicio Nacional de Migraciones.
Quienes hablaron en contra de la iniciativa, indicaron que el crecimiento de la población migrante es una realidad. Además, pidieron no equiparar la crisis migratoria con la crisis de seguridad. Agregaron que migrante no es sinónimo de delincuente. En tal sentido, llamaron a no criminalizar la migración. Por otra parte, sostuvieron que este proyecto es populista y sólo ralentiza los procesos de expulsión. Junto a ello, implicará más recursos en la persecución penal y para las cárceles que recibirán a más extranjeros. Por último, enfatizaron que, de acuerdo a normas internacionales de DD.HH., la migración se castiga con medidas administrativas y no penales.
Los que se manifestaron a favor de castigar el ingreso clandestino relevaron la necesidad de enfrentar la crisis migratoria, que ha traído extranjeros que no cumplen con las normas. Esto, según plantearon, ha incrementado la delincuencia y delitos como el sicariato y los homicidios, fomentados por el crimen organizado y el narcotráfico. También se señaló que, en los dos últimos años, han ingresado 90 mil migrantes ilegales según la PDI. Respecto al 2023, de 44 mil ingresos irregulares, sólo se han expulsado administrativamente 300 personas. En tal plano, llamaron a castigar el ingreso irregular.
