La directora de la Corporación Abriendo Puertas abordó las deficiencias en la aplicación del indulto conmutativo que otorgó arresto domiciliario a poco más de 1.800 personas privadas de libertad, en el contexto de crisis sanitaria. Normativa que, si bien cuenta con un importante componente humanitario, no previó los vacíos en la responsabilidad del Estado con quienes hoy no tienen las herramientas para sobrevivir fuera de los penales, quedando a la deriva ante la falta de acceso a servicios básicos y alimentos. La historiadora también profundizó en la urgencia de reformular las políticas de reinserción en el escenario de crisis social agudizado por la pandemia, donde la ausencia de fuentes de trabajo constituye una de las principales preocupaciones. «Si el Estado quiere insertar, lo primero que tiene que hacer es abrir las puertas. Si no lo hace, deja en manos de privados una responsabilidad que es muy difícil de cumplir», subrayó. Finalmente, analizó cómo esta realidad afecta a la población de mujeres en las cárceles, donde la reproducción del «círculo vicioso de la pobreza» las afecta en mayor medida, por las «condiciones de género que están en la base del problema de la prisión».
