Opinión
Han pasado 12 años desde que Chile se incorporó a la Alianza para las Montañas, acuerdo internacional que busca, entre otras cosas, proteger los ecosistemas montañosos y usarlos sustentablemente. Sin embargo, nuestro país aún no cuenta con una política de montaña que establezca lineamientos que ayuden a cumplir con las responsabilidades adquiridas, ni leyes que lo respalden y regulen.
Esta situación no es de extrañar, considerando que la protección y uso adecuado de las montañas, son consecuencia, entre otras causas, de la voluntad y la decisión que viene de su valoración, y no valoramos lo que no conocemos. Como resultado, la falta de voluntad y directrices claras para gestionar adecuadamente nuestras montañas han sido la tónica. El conocimiento se basa en la investigación, la educación y la experienciación, entonces ¿cómo podemos mejorar la situación?
Para responder a esta pregunta, tenemos que entender las limitantes, y no son pocas. Por un lado, la investigación e información es deficiente, en parte porque el Estado no se ha hecho cargo de levantar una línea base realista, ni ha realizado un adecuado ordenamiento del territorio nacional. Tampoco cuenta con un observatorio/instituto de montaña.
Por otro lado, el sistema educacional es insuficiente porque los programas educativos prácticamente omiten temáticas de montaña tanto de su dimensiones ambiental, poblacional y cultural, como en aspectos de seguridad, autocuidado y más aún su experienciación.
A nivel de usuarios, no todos sabemos relacionarnos adecuadamente con la montaña -con la naturaleza en general- ni cuidarla ni cuidarnos en ella, dejando con ello un legado de basura, incendios, mascotas abandonadas y accidentes.
Por el lado de la institucionalidad, agrava el escenario que a la fecha los Ministerios de Educación y Deporte, no sean parte del Comité Nacional para las Montañas, ente coordinador de los organismos chilenos para el cumplimiento de los objetivos de la Alianza para las Montañas.
Finalmente, la tan necesaria experienciación se ve limitada por el acceso restringido a las montañas, causado por privados y muchas veces por el mismo Estado, impidiendo una relación más cercana entre la población y estos majestuosos territorios. Incluso el ingreso a áreas protegidas del Estado se han visto restringidos por falta de presupuesto o una gestión inadecuada.
A esto se suma la visión estatal cortoplacista que prioriza la industria extractiva versus la conservación y el desarrollo sustentable. No tenemos una cultura de montaña y no la vivimos, cegándonos a una realidad ineludible: más del 63% del territorio nacional es montaña, somos un país de montaña. No estamos precisamente en un círculo virtuoso.
Ante la necesidad de conservar nuestros ecosistemas montañosos, que entre otras cosas, son fuente del agua y vida, y que albergan –además de minerales- un enorme potencial para contribuir sustentablemente a la economía país a través del turismo; además del conocido atributo de estos territorios para mejorar la salud mental, física y espiritual, propios en el deporte, el ocio y la contemplación, se hace urgente plantear una carta de navegación.
Afortunadamente la situación ha cambiado este último año y un borrador para una Política para la Gestión Sustentable de las
Montañas ya ha pasado por la consulta ciudadana y a la vez, se está gestando una potencial Ley de Acceso, que esperamos apunte a regular y mejorar el acceso, más que simplemente a garantizarlo libremente, tomando en consideración la necesidad de construir paralelamente una cultura de montaña que asegure su uso y acceso consciente.
Las organizaciones de la sociedad civil están trabajando en elaborar contenidos, visibilizando y concientizando sobre estos temas. Fundación Plantae elabora actualmente un catastro nacional sobre restricciones de acceso que aportará al Estado del arte del tema. Somos muchos los que esperamos y trabajamos para que no quede todo en el papel.
