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Ley 20.720 de Insolvencia y Reemprendimiento: aumentaron los procesos de liquidación y disminuyeron los de reorganización en empresas

por 4 julio, 2018

Ley 20.720 de Insolvencia y Reemprendimiento: aumentaron los procesos de liquidación y disminuyeron los de reorganización en empresas
Según la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, Superir, en su última cuenta pública, los procesos de liquidación de empresas aumentaron un 40% en 2017. Por su parte, las solicitudes de reorganización, que le permite al micro, pequeño y mediano empresario continuar con su emprendimiento, disminuyeron un 25%.
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De acuerdo al último Informe de Deuda Morosa de Empresas de la Universidad San Sebastián (USS) y Equifax, el 90% de las empresas morosas en nuestro país corresponden a micro, pequeña y medianas empresas; así, para las empresas deudoras, la Ley 20.720, de Insolvencia y Reemprendimiento, contempla dos procedimientos: la reorganización y la liquidación voluntaria. A su vez y según datos entregados por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), en su última cuenta pública, desde la entrada en vigencia de la ley se han iniciado 139 reorganizaciones –en mayor cantidad de grandes empresas-, registrándose una baja de un 25% en 2017, respecto al año anterior.

Bajo este escenario, Mario Espinosa, gerente general de Defensa Pyme señala que “considerando que dicha ley le permite al micro, pequeño y mediano empresario continuar con su emprendimiento, pero de manera ordenada y con una carga financiera que le permitirá seguir operando, es importante que las empresas de menor tamaño conozcan cómo acceder a este procedimiento”.

Pero ¿qué características debe tener una Pyme para acceder a esta solución? El ejecutivo detalla que, en primer lugar, este procedimiento judicial está dirigido a las empresas viables; “esto debe demostrarse con diversos documentos tributarios, contables y financieros de la empresa, tales como balances, estados de resultado, flujo de caja presente y proyectado, cuentas por cobrar, estructura de costos, entre otras cosas, a fin de generar en los acreedores la convicción en torno a la necesidad de que conservar la empresa y propender a su permanencia en el mercado es la mejor forma de satisfacer sus expectativas de cobro, por medio de la reestructuración de la deuda ya sea ampliando el plazo para el pago, modificando las tasas de interés, concediendo plazos de gracia, entre otros aspectos”, explica.

La Superir precisó, además, que de todos los procedimientos iniciados como reorganización, un 36% no es viable y pasa a liquidación. En este contexto, la liquidación de empresas aumentó un 40% en 2017, alcanzando más de mil procesos realizados el año pasado. Espinosa señala que esto se debe principalmente a la poca disposición de acreedores y del veedor a trabajar de manera conjunta con la empresa en pos de su viabilidad. “En muchos casos los acreedores prefieren lograr la recuperación de partes de sus créditos y otorgar más plazos o mejor condiciones a las empresas. Y eso sucede principalmente con las Pymes”, declara.

Protección financiera

Además de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, existe otra alternativa específica para las empresas de menor tamaño, comúnmente conocida como el Estatuto Pyme.  El abogado de Defensa Pyme explica que “este procedimiento entrega a las pequeñas y medianas empresas importantes herramientas para determinar su viabilidad y favorecer su continuidad, a través de la intervención de un Asesor Económico de Insolvencia, quien realiza un análisis económico y financiero y podrá otorgar un Certificado, que tiene el poder de suspender los juicios de cobranza, embargos, solicitudes de liquidación forzosa y en general cualquier apremio por el incumplimiento de las obligaciones de la empresa -a excepción de remuneraciones y cotizaciones previsionales de los trabajadores- hasta por 90 días, permitiéndole a la empresa generar caja y ganar liquidez con miras a reestructurar sus pasivos”.

Finalmente y acorde a los datos de la Superir, la atención a micro y pequeñas empresas aumentó en un 46%, mientras que la entrega de certificados lo hizo en un 249%.

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