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BRAGA

Acoso sexual en el Ministerio Público: Ex director insiste en su inocencia y se querella contra el Fiscal Nacional

por 17 enero, 2019

Acoso sexual en el Ministerio Público: Ex director insiste en su inocencia y se querella contra el Fiscal Nacional
El Ministerio Público informó que el sumario acreditó que Luis Torres cometió dos hechos de acoso sexual contra practicantes, otro episodio contra una funcionaria y "diversos comportamientos que infringen la obligación de mantener una conducta funcionaria moralmente intachable y de observar una vida social acorde con la dignidad del cargo". El abogado era Director de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales.
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Con una querella contra el Fiscal Nacional, Luis Abbott, y funcionarios del Ministerio Público contratacó Luis Torres, el ex Director de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales.

El Ministerio Público informó este miércoles que Torres fue removido por decisión de Abbott, tras el cierre de la investigación administrativa iniciada el 29 de octubre.

"Tras revisar el informe del investigador, la máxima autoridad del Ministerio Público dio por acreditados dos hechos de acoso sexual cometidos en contra de dos alumnas en práctica de Derecho de la Fiscalía Nacional, dependientes directamente de su supervisión y bajo su custodia", señaló el Ministerio Público.

De acuerdo a la entidad, Abbott dio por acreditada, además, "otra conducta también constitutiva de acoso sexual contra una funcionaria de la Fiscalía Nacional", junto con "diversos comportamientos que infringen la obligación de mantener una conducta funcionaria moralmente intachable y de observar una vida social acorde con la dignidad del cargo".

Los descargos de Torres

Sin embargo, Torres acusa que no ha tenido un debido proceso y tampoco hay testigos de los hechos que se le imputan. De hecho, sus querellas apuntan a “las irregularidades incurridas en el sumario seguido en mi contra, que me han impedido defenderme de los hechos que se me imputan”.

Torres acusa perjurio, falsificación de documento público, violación de secretos y falta penal de omisión de denuncia. Además de Abbott, su querella apunta al abogado investigador Mauricio Fernández Montalbán; la abogada asesora de la Unidad Especializada en DD.HH., Catalina Duque; y Gisela Schoenmakers, abogada asesora de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional.

En una declaración pública, el abogado expresa que “reitero mi inocencia respecto de los cargos de acoso por los que he sido denunciado” y anuncia que “me defenderé por todos los medios legales y hasta las últimas instancias de las falsas acusaciones en mi contra y del irregular sumario administrativo llevado a cabo”.

“Los hechos que se me imputan habrían sido cometidos en público y frente a múltiples testigos; sin embargo, la resolución que define mi remoción no considera el hecho de que ningún testigo haya visto alguno de los hechos denunciados”, añade.

“En la resolución el Fiscal sostiene que sólo me centro en el hecho de que no hay testigos de los falsos hechos que se me acusan, pidiéndome que demuestre “intencionalidad de las afectadas de crear o inventar relatos en su (mi) contra y cuál sería esa intencionalidad”. Esto es un atentado a la presunción de inocencia. No me corresponde establecer las motivaciones de las denunciantes ni de quienes llevaron a cabo el proceso de esta manera. Mi obligación es demostrar que los hechos no son ciertos, tal como lo hice en mis descargos en el sumario”, señala.

Agrega que “la Fiscalía ha dado a conocer la sanción en mi contra, frente a la cual ejerceré mi derecho a apelar en el plazo establecido”.

En cuanto al futuro de su proceso, señala que “solicitaré al Ministerio Público que mi apelación pueda ser revisada por un Fiscal que dé garantías de imparcialidad”.

Las declaraciones de Torres contrastan con lo expresado por el Ministerio Público indicó en el comunicado que "Jorge Abbott consideró que la aplicación de la máxima sanción administrativa se debe a que los hechos acreditados en la investigación constituyen conductas inmorales graves que fueron debidamente comprobadas", y que vulneran los deberes de probidad previstos en el Reglamento de Personal para funcionarios de la institución.

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