Opinión
Lo que se observa son fuerzas políticas que siguen, en cierta medida, atrapadas de sus obsesiones, temores y fantasías políticas atávicas. Esas euforias (revolucionarias en un caso y militaristas en el otro) están destinadas a seguir el destino de toda euforia: consumirse en un carnaval de excesos que termina mal. No es un buen camino. Es responsabilidad de los líderes sacar a sus sectores políticos de estas manías.
Las señales que ha dado el Presidente, de retroceso hacia sus posturas más militaristas iniciales, con convocatoria del Cosena, son tremendamente preocupantes y arriesgan hacer escalar el conflicto que estamos viviendo. Son un error.
Los indicadores comparados de la actuación de las fuerzas de orden con otros teatros de conflicto social alrededor del mundo revelan fallas muy graves. En muy pocos días se han acumulado cifras de muertos, heridos, mutilados ópticos y acusaciones de tortura y vejación que no tienen parangón. Esto ha ido acompañado de una evidente falta de efectividad de las fuerzas policiales a la hora de reprimir el vandalismo, junto con una suerte de obsesión con la represión de manifestaciones pacíficas que profundiza su deslegitimación: no atrapan a los delincuentes y reprimen a los ciudadanos.
Más aún, el comportamiento de las fuerzas de orden de los últimos días y los anuncios recientes del Presidente insinúan una peligrosa dinámica en que la policía presiona al Ejecutivo por protecciones, con una suerte de huelga de brazos caídos. Ojalá no sea así, porque sería inaceptable.
Al mismo tiempo, el cinismo de una parte de la oposición respecto de los grupos violentistas en que, de boca para afuera, condenan la violencia de las turbas pero, acto seguido, objetan cualquier acción represiva en contra de ellas, es infantil, torpe e irresponsable. Es autodestructiva, porque está empezando a ser percibida por la ciudadanía y será castigada cuando se calmen los ánimos. En la euforia del partido de fútbol, la gente puede seguir los cantos de la barra brava. Afuera del estadio quizás no tanto. Más aún, esa evidente ambigüedad, arriesga consumir en una orgía de violencias la oportunidad única que tenemos hoy para cambios radicales al modelo económico y político de nuestro país.
Lo que se observa son fuerzas políticas que siguen, en cierta medida, atrapadas de sus obsesiones, temores y fantasías políticas atávicas. Esas euforias (revolucionarias en un caso y militaristas en el otro) están destinadas a seguir el destino de toda euforia: consumirse en un carnaval de excesos que termina mal. No es un buen camino. Es responsabilidad de los líderes sacar a sus sectores políticos de estas manías.
Es evidente que tanto el Gobierno como la oposición necesitan una forma de afirmar con claridad su compromiso con el orden público que sea coherente con los principios políticos que defienden.
Es hora de gestos grandes de carácter republicano, democrático e institucional. Es importante que Gobierno y oposición entiendan que el conflicto no se resolverá con un triunfo político de una de las partes sobre la otra. Su déficit de legitimidad es demasiado alto. No va a ocurrir.
Por eso sugiero trabajar en un pacto político que tenga los siguientes elementos: (i) un calendario constituyente que parta con un plebiscito; (ii) un proceso institucional para proteger la búsqueda de toda la verdad sobre faltas a los Derechos Humanos; (iii) un proceso institucional para proteger la búsqueda de toda la verdad sobre la naturaleza y orígenes de los atentados violentistas e incendiarios; (iv) un proceso de profunda reforma de la policía para que esta recupere su legitimidad, el respeto ciudadano y su sentido de autoridad; (v) un compromiso de parte de Carabineros con ciertos procedimientos y protocolos adicionales inmediatos para dar mayores garantías sobre el uso criterioso de sus atribuciones represivas; (vi) un compromiso de parte de todas las fuerzas políticas de condenar a violentistas y hacer todo lo posible para aislarlos y proteger a los manifestantes pacíficos.
Los eventos recientes, la violencia desatada, la espiral de teorías de complot, sospechas, recriminaciones y noticias falsas tienen el potencial de dejar una herida profunda en nuestra cultura cívica. Este pacto podría ser una forma de iniciar el necesario proceso de saneamiento.
«Vivir en paz» requiere una policía efectiva y legítima. Tiene que ser posible que esta reprima a delincuentes y todos la respaldemos y confiemos en su criterio y procedimientos.
Hoy no es así.
Un pacto como este podría crear las condiciones para que reciban el respaldo que necesitan.
Es urgente que las fuerzas políticas se allanen a un pacto de este estilo. Uno que permita que el proceso político, democrático y ciudadano en curso proceda en paz. Un pacto por el derecho a hacer política democrática en paz. Un pacto por el derecho a protestar y deliberar en paz. Un pacto por el derecho a vivir en paz.
