Opinión
Después de años de esfuerzos legislativos, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, tanto normativa como organizacionalmente es un instrumento de gestión ambiental adecuado para los objetivos que la sociedad espera de él, sin embargo, en la realidad está pensado como un procedimiento técnico contradictorio, la comunidad se encuentra absolutamente indefensa frente a una administración todopoderosa y debe rebatir con estándares inalcanzables materias que requieren un altísimo nivel técnico y de manejo de información compleja. El Acuerdo de Escazú busca precisamente construir los caminos necesarios para que la comunidad pueda acceder a la información, la participación y la justicia ambiental, orientando el actuar futuro de todo está institucionalidad para que, en lo sucesivo, se vayan cerrando estas brechas. Nada de esto ocurrirá durante este Gobierno y, cuando ya no se esperaba nada de él, vuelve a decepcionarnos. El veto ingresado el 24 de septiembre mantiene abierta la amenaza para las comunidades, dado que se elimina el texto aprobado por el Congreso Nacional sobre las pertinencias.
El gobierno del presidente Piñera -y su equipo ambiental- hacia un prometedor inicio en su gestión, dado por la organización de la COP 25 y la aseveración de que se firmaría el Acuerdo de Escazú inclusive, ha terminado por decepcionar al país y al mundo con decisiones de política exterior y legislativas, propios de un economicismo decimonónico.
Lejos de avanzar y generar los procesos necesarios para que la institucionalidad ambiental del país funcione, insisten en prolongar y profundizar las taras que impiden que esta cumpla su objetivo primordial, que es preservar el patrimonio ambiental de la Nación.
Después de años de esfuerzos legislativos, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, tanto normativa como organizacionalmente es un instrumento de gestión ambiental adecuado para los objetivos que la sociedad espera de él, sin embargo, en la realidad está pensado como un procedimiento técnico contradictorio, la comunidad se encuentra absolutamente indefensa frente a una administración todopoderosa y debe rebatir con estándares inalcanzables materias que requieren un altísimo nivel técnico y de manejo de información compleja.
En los hechos, ninguna de las medidas publicitarias de la ocurrencia de una evaluación ambiental da certeza de que los y las ciudadanas se enteren de esta y, cuando lo hacen, esta sólo les es permitida en las Evaluaciones de Impacto Ambiental, debiendo someterse a un engorroso proceso que en ocasiones termina en la Corte Suprema, para que se les permita participar en la Declaraciones de Impacto Ambiental.
En relación con la posibilidad de tener amparo jurisdiccional, valga hacer notar que los Tribunales Ambientales, en casi una década desde su creación, apenas acumulan algunas centenas de causas, graficando una realidad pavorosa en materia de justicia ambiental.
El Acuerdo de Escazú busca precisamente construir los caminos necesarios para que la comunidad pueda acceder a la información, la participación y la justicia ambiental, orientando el actuar futuro de todo está institucionalidad para que, en lo sucesivo, se vayan cerrando estas brechas.
Nada de esto ocurrirá durante este Gobierno y, cuando ya no se esperaba nada de él, vuelve a decepcionarnos. El veto ingresado el 24 de septiembre mantiene abierta la amenaza para las comunidades, dado que se elimina el texto aprobado por el Congreso Nacional sobre las pertinencias.
Iniciadas como meras consultas en materias técnicas, los titulares asistidos por ejércitos de abogados, las han transformado en una suerte de antesala ambiental, donde fuera de todo justo y racional procedimiento, la voluntad del Director del SEA construye derecho.
La norma observada por el Presidente apunta, precisamente, a regular los fundamentos que se le debía entregar a la Administración, los deberes de información a los eventualmente afectados, la sujeción de esta decisión a la justicia, en su caso, y dejar a salvo la potestad de la Superintendencia de Medio Ambiente para fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental.
Para poder resguardar lo aprobado por el Congreso, necesitamos, nuevamente, de un súper quórum constitucional para doblar la voluntad del Ejecutivo y así impedir que dichas pertinencias sirvan para presentar o modificar proyectos sin los resguardos institucionales debidos. Por otra parte, dejar en la ley que estas consultas no sean vinculantes, resguardan cualquier tentación de imponer dicha vinculación vía reglamento.
Por último, si el veto presidencial prospera, debemos construir una nueva constitución, donde el Estado asuma el deber de garantizar de manera explícita y exigible los principios del Acuerdo de Escazú.
