lunes, 6 de febrero de 2023 Actualizado a las 09:35

OPINIÓN

Autor Imagen

Reforma del Estado en el horizonte

por 28 enero, 2022

Reforma del Estado en el horizonte

Crédito: Agencia UNO

No es discutido que el Estado bicentenario y subsidiario que hemos construido ha sido incapaz de salir de su burbuja, de establecer puentes y satisfacer las demandas sociales de chilenas y chilenos, vale decir, necesitamos un Estado más protagonista, menos burocrático, sin duplicidades, con capacidad de decisión política y fiscal a nivel regional, con procedimientos más simples, flexibles y con una arquitectura institucional amigable, con voluntad de escuchar a la sociedad civil, nuestros pueblos originarios, movimientos y organizaciones sociales, especialmente aquellas con vocación pública, cuya fuerza y conexión con la ciudadanía las transforma hoy en día en verdaderos vehículos autónomos de participación social.
  • Compartir
  • Twittear
  • Compartir
  • Imprimir
  • Enviar por mail
  • Rectificar

En momentos en que el país avanza hacia una nueva Constitución que traerá profundos y diversos cambios en la estructura y forma del Estado, se torna indispensable pasar de la manida y estancada fase de modernización estatal a una etapa que implique una insondable reforma del Estado.

Una vez aprobada la nueva Carta Magna, corresponderá, luego, abordar la implementación de una serie de cambios institucionales, entre ellos, probablemente un nuevo sistema político, electoral, y cambios en instituciones permanentes de la República, como el Tribunal Constitucional y Carabineros, entre otros, que, sin duda, demandarán obligadamente cambios de naturaleza legal. Es decir, las normas de rango constitucional necesitarán de un acoplamiento orgánico, como también de una arquitectura y desarrollo normativo a nivel legal todo, fruto del trabajo colaborativo que en materia legislativa deberán llevar a cabo el Ejecutivo y el Parlamento.

Así, una vez sancionada la nueva Carta Fundamental, y realizada una definición del sistema político, ya sea que se opte por un sistema presidencial atenuado, semipresidencial u otro, o que se apruebe un bi o unicameralismo con sincronía electoral o no, y una vez definida la nueva estructura del Estado y sus instituciones permanentes, se deberá acometer una profunda reforma al Estado que, además, deberá poner foco en diversas modernizaciones y eficiencias con énfasis en lo digital. La relevancia de esta tarea debiera ocupar gran parte del mandato del Presidente Boric, siendo eventualmente necesario conformar una Comisión asesora presidencial de reforma y adecuación del Estado, que sistematice y materialice los cambios que muy probablemente traerá aparejados la nueva Constitución.

A mayor extensión, el Gobierno del Presidente Boric debiese propender a reforzar y empoderar a la primera línea del Estado, es decir, a los servicios públicos y los municipios. Los Estados líderes en el mundo han utilizado el concepto de rediseñar los servicios públicos en torno al ciudadano que los usa, transformando su efectividad y, en algunos casos, mejorando su eficiencia. El Estado central tiene un rol insustituible en promover estándares mínimos y corregir desigualdades de oportunidad territoriales, sin embargo, el liderazgo local y regional, junto a una mayor accountability, participación y transparencia son fundamentales si el Estado busca responder de manera más efectiva a las necesidades y demandas de los ciudadanos. Chile requiere un Estado mucho más descentralizado no solo para poder desplegar políticas públicas cercanas a los ciudadanos que sean más eficientes, legítimas y efectivas, sino, especialmente, para fortalecer la democracia y la participación.

También será clave analizar el rol de las regiones y su autonomía, revisar las competencias de los nuevos gobiernos regionales, y se deberán adoptar definiciones respecto de si mantendrá o no su vigencia la institución del delegado presidencial, así como la dependencia de los Seremis. Además, será la hora de evaluar seriamente el funcionamiento del Sistema de Alta dirección Pública.

Desde luego, Chile merece un Estado democrático y social de derecho, representativo, plurinacional con reconocimiento constitucional, descentralizado, regionalista, laico, respetuoso de los derechos humanos, y que se rebele en contra de la pobreza como imperativo ético gubernamental. Afortunadamente, la Convención Constitucional, a través de su Comisión de Forma de Estado, avanza en una propuesta al respecto.

No es discutido que el Estado bicentenario y subsidiario que hemos construido ha sido incapaz de salir de su burbuja, de establecer puentes y satisfacer las demandas sociales de chilenas y chilenos, vale decir, necesitamos un Estado más protagonista, menos burocrático, sin duplicidades, con capacidad de decisión política y fiscal a nivel regional, con procedimientos más simples, flexibles y con una arquitectura institucional amigable, con voluntad de escuchar a la sociedad civil, nuestros pueblos originarios, movimientos y organizaciones sociales, especialmente aquellas con vocación pública, cuya fuerza y conexión con la ciudadanía las transforma hoy en día en verdaderos vehículos autónomos de participación social.

Dicho de otro modo, tenemos que darnos cuenta de que el país cambió, muy probablemente también cambie la Constitución y, por ende, la forma que el Estado ha tenido de relacionarse con sus ciudadanos también debe cambiar, porque uno de los objetivos fundamentales del Estado es satisfacer las necesidades de sus habitantes, urgencias que son diversas y para nada homogéneas, en tanto, para poder ser satisfechas, es esencial llegar a conocerlas en profundidad, lo que hace indispensable el fortalecimiento del gobierno local y la participación ciudadana.

En los últimos años el país ha atravesado por momentos muy complejos y en dichos instantes de nada ha servido tener un Estado a puertas cerradas, como esa esfera de poder que comanda, decide, reprime, incomunicado con la base social. No se trata de eliminar o restar intensidad a la capacidad de coacción del Estado de derecho, sino de cambiar radicalmente la forma en que se relaciona el Estado con la ciudadanía. Además, el cuadro se complejiza si agregamos la crisis de confianza en las instituciones y en la política que atraviesa a la mayoría de las democracias del mundo. Entonces, volvemos al punto, que es muy necesario reformar y modernizar el Estado, para intentar devolver la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

El Estado del siglo XXI debe poner foco en fortalecer la promoción social, pero con una batería de políticas públicas diseñadas desde su génesis con el aporte de la sociedad civil y no impuestas por una tribuna de expertos iluminados. Esto sin duda las dotará de mayor legitimidad, calidad y efectividad al momento de su aplicación y luego en su necesaria evaluación.

Es dable reconocer que, a partir del trabajo que ha venido desarrollando la Convención Constitucional, el estándar de participación queda en un nivel muy alto; y eso se debe replicar con fuerza en la generación de las políticas públicas. Por tanto, el Estado, ministerios, subsecretarías y servicios públicos, deberán asumir el desafío de avanzar, tal como lo hizo la Convención Constitucional, en la aprobación de mecanismos e instrumentos que faciliten la participación popular y posibiliten su incidencia, por ejemplo, a través de la participación ciudadana vía digital, la iniciativa popular de políticas públicas, cabildos, audiencias públicas, foros deliberativos, entre otros. Quizá porque aún estamos muy encima de este proceso constitucional, nadie se ha detenido a visualizar el real avance de esta notable forma de participación, inédita en nuestra historia nacional.

En buena hora el Presidente electo ha dado claras señales de que las ciudadanas y ciudadanos serán los protagonistas de su mandato; no los partidos, ni el gobierno, los gremios, ni los demás poderes del Estado, con los cuales sin duda deberá trabajar fraternal y colaborativamente. No obstante, es insoslayable que un desafío de su Gobierno será pensar cómo somos capaces de avanzar en la generación de mayores oportunidades de participación, fiscalización y decisión para las ciudadanas y ciudadanos, lo cual, unido a la concreción de la agenda social y la reforma al Estado, propenderá a mejorar la calidad de vida de chilenas y chilenos. Con todo, es altamente valorable que un Presidente escuche, mire, y se encuentre con la gente en las calles del país, de forma empática y horizontal; eso habla de recuperar el hálito limpio y fresco de la humildad republicana.

Síguenos en El Mostrador Google News

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Más información sobre El Mostrador

Videos

Noticias

Blogs y Opinión

Columnas
Cartas al Director
Cartas al Director

Noticias del día

TV