Opinión
El Gobierno debe transformarse con rapidez en el articulador de la continuidad del proceso constituyente, con Rechazo o con Apruebo. De ser el Rechazo, debe articular una nueva fórmula que dé cauce a la construcción de una nueva propuesta constitucional. De ser el Apruebo deberá conducir, primero, las reformas a la nueva Constitución y, en paralelo y después, la legislación de bajada. Nada de esto es posible sin un gabinete empoderado y capaz de actuar ordenadamente. Se ven tareas difíciles, más aún para un Gobierno que no ha demostrado particular destreza política ni de gestión.
Conforme se acerca el 4 de septiembre, se afianza la idea de que el resultado del plebiscito será estrecho, sin que todavía sea posible prefigurar con plena certeza ese resultado.
Aun así, es posible proyectar algunos escenarios posplebiscito:
De triunfar la opción del Rechazo, una alternativa es avanzar en reformas a la Constitución del 80. Esta idea, sin duda favorita en amplios sectores de la derecha, es lo más parecido al aquí no ha pasado nada. Pareció instalarse con la propuesta de Rincón-Walker de modificar el quórum de reformas a 4/7, pero el peso de la realidad la va enterrando cada día más. Esta opción ya no parece viable, pues generaría un alto nivel de conflicto político y social difícil de canalizar institucionalmente.
Una segunda alternativa es que el Presidente Boric convoque a una nueva elección de convencionales y defina un calendario constitucional sobre la base de la reforma que dio origen al actual proceso. Esta alternativa acotaría los tiempos. Sin embargo, más allá de los deseos del Mandatario, también parece inviable, pues sería fuertemente cuestionada, probablemente objeto de recursos ante el TC y con un Gobierno tratando de imponerla desde una posición de derrota.
La tercera alternativa, que parece la más realista, es que el Gobierno convoque a un plebiscito para resolver el mecanismo de elaboración de una nueva propuesta. Asumiendo que se da por hecho que la decisión de una nueva Constitución es caso cerrado.
Sin embargo, vale consignar que esta alternativa significa embarcarnos en un nuevo proceso desde cero y que implica al menos: plebiscito inicial, 3 a 6 meses; elección de constituyentes, 3 a 6 meses; construcción del nuevo texto, 12 a 18 meses; plebiscito de salida, 2 meses. Para los que han hecho de la incertidumbre el principal fantasma del país, este camino implica al menos casi dos años más de incertidumbre hasta contar con un nuevo texto.
De imponerse el Rechazo, veremos con rapidez cómo desaparece el egótico protagonismo de algunos expersoneros de centro y centroizquierda, utilitariamente cedido por la derecha y que ingenuamente ven en ese resultado la posibilidad de capitalizar el triunfo y de conducir un nuevo proceso político. Nadie más que la derecha capitalizará un eventual triunfo del Rechazo.
De imponerse el Apruebo, creemos que se abren las siguientes alternativas. La primera, consiste en no realizar reformas al nuevo texto y comenzar inmediatamente su implementación y legislación de bajada. Esta alternativa, aunque deseada por algunos enamorados del texto, no parece tener ninguna viabilidad, dados los públicos y transversales compromisos de reforma a la propuesta.
Un segundo escenario es que se inicie un proceso desordenado de intentos de reformas a partir de iniciativas parlamentarias. Esto solo trabaría la posibilidad de hacer las reformas necesarias de manera ordenada y con acuerdos más amplios. Sin embargo, es probable que el protagonismo que algunos parlamentarios puedan buscar, los haga optar por esta alternativa.
Finalmente, la alternativa sensata consiste en que se concuerde una primera etapa de construcción de acuerdos de carácter prelegislativo que permita presentar una batería de proyectos desde el Ejecutivo o desde los propios parlamentarios (pero concordados en lo sustancial), para realizar las reformas tanto al texto permanente como transitorio.
Esta alternativa probablemente tenga, como consecuencias, posibles quiebres en la coalición de gobierno y división en la derecha. Por lo mismo, será una oportunidad para ver el liderazgo y la decisión del Presidente para definir finalmente la “hegemonía política” al interior del Gobierno; y al mismo tiempo la vocación que dominará en la derecha en los próximos años.
Un escenario adicional, que esperemos no se dé, es aquel en que cualquiera de las dos opciones se impusiera por un margen amplio, de más de 10 o 15 puntos. En este caso, nos encontraremos con el fortalecimiento de la tendencia más radical dentro de la opción que triunfe.
De ser el Rechazo, aquellos que no quieren un nuevo proceso ni nueva Constitución, sino solo reformas a la actual, intentarán imponer esta postura. Por el contrario, en el caso del Apruebo, serán los puritanos del nuevo texto quienes se verán fortalecidos. Ambas posibilidades apuntan a mayor polarización y conflicto.
En cualquiera de los escenarios probables de Apruebo o Rechazo, este tendrá efectos sobre el Gobierno, que probablemente deberá hacer ajustes a los pocos días del plebiscito.
Lo primero será ordenar la base de apoyo. La o las coaliciones deben concordar un diseño común, de lo contrario, desaprovecharán rápidamente el aire de un triunfo del Apruebo, o se hundirán con mayor profundidad y rapidez que el efecto propio de un triunfo del Rechazo.
En segundo lugar, deberá realizar un cambio en el gabinete, fundamentalmente en el equipo político, además de otros sectoriales evidentemente débiles. Postergar el cambio de gabinete tendrá el mismo resultado que señalamos en el punto anterior.
Finalmente, el Gobierno debe transformarse con rapidez en el articulador de la continuidad del proceso constituyente, con Rechazo o con Apruebo. De ser el Rechazo, debe articular una nueva fórmula que dé cauce a la construcción de una nueva propuesta constitucional. De ser el Apruebo, deberá conducir, primero, las reformas a la nueva Constitución y, en paralelo y después, la legislación de bajada.
Nada de esto es posible sin un gabinete empoderado y capaz de actuar ordenadamente. Se ven tareas difíciles, más aún para un Gobierno que no ha demostrado particular destreza política ni de gestión.
