Opinión
Me parece muy oportuna, ya que podría servir para orientar las discusiones ciudadanas que tendrán lugar luego del contundente rechazo plebiscitario de la propuesta de nueva Constitución. Me resulta evidente que la decisión del pueblo ha definitivamente echado por tierra la idea de una “página en blanco” y de un “partir desde cero”. Pienso así que se ha cancelado el momento revolucionario y se han abierto las posibilidades de un ejercicio de reforma constitucional.
En el programa «Estado Nacional» (TVN) del pasado domingo, la presidenta del Partido Socialista de Chile, Paulina Vodanovic, dijo en una intervención que me permito transcribir: “Estuvimos hoy día conversándolo, informalmente, de tomar (y aprovecho de señalarlo hoy día, que es 11 de septiembre) la Constitución de 1925, [que] fue reformada sustantivamente en 1970 por el Pacto de Garantías. Era una Constitución que consagraba los derechos sociales, era una Constitución moderna para la época. Claro, no tenía participación paritaria, no consagraba los principios de hoy, del siglo XXI. Pero también hay quienes pensamos que podría ser un muy buen insumo a considerar, y lo digo hoy 11 de septiembre, porque esa Constitución no fue derogada. Hubo un bombardeo, hubo un golpe de Estado y producto de eso se empieza a legislar con mandos militares y después con decretos leyes…”.
La opinión de Paulina Vodanovic me parece muy oportuna, ya que podría servir para orientar las discusiones ciudadanas que tendrán lugar luego del contundente rechazo plebiscitario de la propuesta de nueva Constitución. Me resulta evidente que la decisión del pueblo ha definitivamente echado por tierra la idea de una “página en blanco” y de un “partir desde cero”. Pienso así que se ha cancelado el momento revolucionario y se han abierto las posibilidades de un ejercicio de reforma constitucional.
Vodanovic tiene razón cuando observa que la Constitución del 25 “no fue derogada”. Precisamente este hecho podría dar pie a su virtual vigencia, y confirmaría la legitimidad de proceder a su restauración e integral reforma. La cuestión de la legitimidad parece insignificante y trivial, pero en el decurso histórico de los pueblos tiene gran importancia. Es claro que en la derrota plebiscitaria de Pinochet en 1988, la percepción, por parte del pueblo, de la carencia de legitimidad de su régimen jugó un papel relevante. Es posible pensar también que el proyecto de abolir el Senado y de promulgar un Estado plurinacional le haya restado legitimidad a la derrotada propuesta por una nueva Constitución.
Una consideración histórica nos conduce a afirmar que, aunque la Constitución del 25 no fue formalmente derogada, fue efectivamente destruida, y que junto con ella fue destruida la legitimidad democrática en Chile. Para decirlo con mayor rigor teórico, en ese 11 de septiembre se destruyó el Poder constituyente originario que residía en el pueblo de Chile a partir de la Independencia, y que fue entonces transferido a Pinochet y la junta militar. En el DL N°128 se conserva la evidencia de ese delito de alta traición.
En este sentido hay que valorar otro aspecto de la intervención de Paulina Vodanovic. Ella señaló que hay en Chile “una tradición republicana de doscientos años, una tradición constitucional”. Es precisamente esa tradición constitucional republicana la que se quebró en 1973. Por ello creo conveniente pensar en la posibilidad de restaurar y reformar integralmente la Constitución del 25 para acomodarla a los nuevos tiempos.
Como sostengo en mi libro La Tiranía del mercado. El auge del neoliberalismo en Chile, concuerdo en buena parte con Hugo Herrera cuando afirma que “no se trata de acudir a la carta del año 25 como contenido normativo, sino que a ella como símbolo. El contenido normativo de la constitución de marras debe ser reformado, considerando el momento actual del país y los estándares constitucionales vigentes”. Por mi parte, pienso que, junto con ser símbolo de continuidad republicana y legitimidad constitucional, su reconocimiento de la función social y democrática de la propiedad (con lo que se consagran, en su esencia, los derechos sociales), su afirmación de la educación como atención preferente del Estado y su opción por la tarea redistributiva que le compete al Estado, conforman parte de su contenido normativo que es esencial conservar. Esa normatividad democrática es lo que indujo a Jaime Guzmán a fraguar y llevar a cabo su aniquilamiento.
Me parece así que esa normatividad, constitutiva de un Estado social y democrático de derecho, se preservaría en la nueva Constitución que resulte de un proceso constituyente de reforma, y ello aseguraría su legitimidad.
