El senador Girardi pidió a la Superintendencia de Salud que cancele el registro de la Clínica Dávila por no acatar la Ley de Urgencia y la de Cheque en Garantía, que prohíben condicionar la atención al previo pago en efectivo. Además solicitará que el Estado no compre servicios a la entidad y respaldará a los afectados que resuelvan iniciar acciones civiles.
El senador Guido Girardi, miembro de la comisión de Salud del Senado y autor de la ley que prohíbe solicitar cheque en garantía, se reunió este lunes con la superintendente de Salud (s) Mercedes Jeria y la intendente prestadora, Carmen Monsalve, a quienes les entregó una presentación contra la Clínica Dávila por condicionar la prestación de salud al previo pago de dinero en efectivo.
Con esa medida el recinto asistencial de la comuna de Recoleta vulnera la Ley de Urgencia y la de Cheque en Garantía que, expresamente, señala en su artículo 147 bis “los prestadores no podrán exigir como garantía de pago por las prestaciones el otorgamiento de cheques o dinero en efectivo”, señaló Girardi y agregó que “la Clínica ha cometido una doble irregularidad al no respetar ninguna de las dos normativas que prohíben cobrar para atender”.
El parlamentario concurrió a la Superintendencia de Salud acompañado de familiares de María Teresa Buffo Farías (92) y de María Cecilia Andrade Pérez (58) quienes recientemente fueron víctimas del irrespeto a la legalidad vigente por parte de la Clínica Dávila.
Silvia Marcos Buffo señaló que el 14 de agosto pasado su madre sufrió una caída, se golpeó las costillas y quedó con dificultad para respirar, “ella tiene Fonasa y la llevamos a la urgencia de la Clínica Dávila donde la evaluaron y dijeron que debía ingresar la UCI por lo que teníamos que depositar tres millones de pesos en efectivo. Nosotros ofrecimos tarjeta de crédito y no aceptaron y si queríamos llevarla a otro lado teníamos que contratar una ambulancia particular. Llegamos a las 10 de la mañana y a las ocho de la noche, cuando logramos reunir dos millones, recién la atendieron y la pasaron a una sala común. El pago nunca fue voluntario”.
Magdalena Arias Andrade, hija de María Cecilia Andrade, cuenta que a las 23 horas del 28 de noviembre su madre ingresó a urgencia de la Clínica Dávila porque los hospitales públicos estaban en paro. Le hacen exámenes y me dicen que estaba complicada y que debe quedar hospitalizada, pero antes debes ir a recaudación para ver como cancelar. Yo le digo pero si es una urgencia, me responden que debo tener $ 992.000 en efectivo o sino le iban a dar el alta… y eran las cuatro de la mañana. No aceptaron Visa ni Master. Mi madre aún permanece en la UCI lo que prueba que era un caso de urgencia”.
El senador Girardi señaló que “Este tipo de abusos son las que generan la indignación y molestias y que todo Chile quiere terminar. La Clínica Dávila ya tiene una multa por más de 100 millones de pesos por malas prácticas durante este año, por lo que pedimos a la Superintendencia que se aplique las multas de mayor rigor y que se cancele el registro. Una institución que tiene esta crueldad y falta de ética no puede seguir funcionando, al menos por el período que dure la sanción”.
Y agregó que “también vamos a plantear que no haya compras públicas de servicios a la Clínica Dávila bajo ningún pretexto porque no se merecen ser prestadores del Estado instituciones que hacen esto. Además, vamos a respaldar a las familias si quieren llevar adelante acciones civiles por daño moral”.
El parlamentario afirmó que la Superintendencia “va a tomar el caso porque la ley es muy clara, no pueden cobrar en efectivo y el pago no fue voluntario como señalan. Además nos han llegado muchos otros casos que son similares y que más adelante vamos a presentar”.