MERCADOS
Los abogados del Paul Hastings LLP no alegan fraude de parte de la aerolínea, pero sí que la firma no reveló toda la información pertinente al mercado al momento de emitir esos bonos. «Lo que nosotros estamos haciendo significa que todos esos acreedores —incluye empleados, pilotos, AFPs, el fisco—, tengan US$ 1.300 millones más de recupero», señalaron.
Para el abogado Andrés Mena, el problema es que «precedente al Capítulo 11, US$ 1.300 millones se movieron, y en el proceso, deterioran los bonos locales”. De ahí la moción de “consolidación sustantiva” que piden los acreedores representados. En ese sentido el abogado declaró que desestima que haya fraude en el actuar de Latam, sino que la información que se dio al mercado en su oportunidad fue incompleta, lo que tiene un efecto jurídico.
«Nadie está alegando aquí un fraude, un acto malicioso, dolo a efectos de distraer bienes de una persona respecto de otra. Lo que sí estamos alegando es que requiere ser solucionado”, sentenció Mena, en conversación con El Mercurio. «Lo que Latam hizo fue mover US$ 1.300 millones a ese escritorio, y en el proceso, sustraerlos de todos nosotros. Eso es inequitativo, inconsistente con la información que proporcionaron al mercado y merece ser solucionado», precisó el jurista.
«Sabemos que Latam no está de acuerdo (…) Si eres acreedor chileno, esta información es crítica, puede aumentar lo que va a recuperar un acreedor de la matriz. Pensamos que este tema tiene que ser decidido antes de que Latam pueda solicitar votos en su plan”, complementó el abogado Pedro Jiménez.
El abogado chileno Andrés Mena y su colega Pedro Jimenez son parte del estudio americano Paul Hastings LLP que lidera la estrategia legal de los bonistas locales acreedores de Latam, los tenedores de las cincos series de bonos emitidas en Chile por la aerolínea, por un total de unos US$ 490 millones. Ambos están a la cabeza del reclamo, en el marco del proceso de reorganización de Latam en el Capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos, por encargo de dichos bonistas.
Recordemos que un grupo de acreedores chilenos solicitó al juez que lleva el proceso de reorganización de Latam, permiso para litigar por US$1.300 millones que la aerolínea tiene en sociedades establecidas en el paraíso fiscal de Islas Caimán y que, según acusan, no habrían sido informadas debidamente, lo que dejaría el millonario monto fuera del alcance de estas empresas chilenas. De ser aceptado el litigio por el juez, el proceso de reorganización de Latam quedaría en pausa por al menos dos meses para solucionar el asunto, retrasando de paso la salida de la aerolínea del Capítulo 11.
«Lo que nosotros estamos haciendo significa que todos esos acreedores, que en general son la enorme mayoría —incluye empleados, pilotos, AFPs, el fisco—, tengan US$ 1.300 millones más de recupero, en oposición a que ese recupero quede focalizado a nivel de solo ciertos bonistas extranjeros”, resumió el abogado Andrés Mena en conversación con el matutino.
Según los licenciados, la razón que tuvo la aerolínea para entrar a la ley estadounidense fue una optimización tributaria, “minimizar cualquier impuesto que tienen que pagar en Chile”, dijo Jimenez, argumentando que también lo oficializaron en los documentos entregados al juez James Garrity —a cargo del caso—. Esto, explican, no tuvo ningún beneficio para los bonistas internacionales, hasta que se cristalizó el proceso bajo el Capítulo 11, y los bonistas locales lo detectaron.
Si el juez James Garrity no acogiera la reclamación, tal decisión sería apelable ante una Corte Federal de Distrito. La próxima semana habrá una audiencia en que se verá el calendario para litigar esta moción, la que los abogados esperan sea para finales de agosto, antes de que Latam salga con su plan de reorganización y petición de votos para el mismo.
