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Editorial: El presupuesto de 2007

por 3 octubre, 2006

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Un ambiente de satisfacción ronda en la mayoría de los sectores políticos y gremiales en torno a la Ley de Presupuestos para 2007, que este martes inicia su proceso de discusión en el Congreso Nacional.



Si bien el debate presupuestario tiene una asentada rutina en el funcionamiento de la institucionalidad política nacional, son muy pocas las ocasiones en que capta tanta atención pública y genera tan altas expectativas.



Pero siendo un presupuesto que revierte una tendencia de varios años y presenta una forma expansiva, lo hace de una manera cuidadosa, inhibiendo cualquier crítica de irresponsabilidad o populismo. Y deja contentos, si no a todos, por lo menos a una porción significativa de la ciudadanía.



Siendo el primer presupuesto del actual gobierno, se espera de él una inyección de confianza en el funcionamiento de la economía, que revierta la desaceleración del crecimiento experimentada en los meses anteriores, y la reoriente a un nuevo ciclo de crecimiento de 6% o más.



La opinión generalizada es que están dadas las condiciones para que ello ocurra. Entre otras cosas, porque el alto precio del cobre se mantendrá, existe una inflación controlada, se proyecta un crecimiento en torno al 5,7% (guarismo reducido al 5% por el ministro de Hacienda, hoy martes en la mañana ante la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso) y existe una interesante cartera de proyectos de inversión para el año que viene. Sin embargo, dicha señal no está claramente explicitada.



Por otra parte, tal vez la mayor tensión proviene desde la demanda social. Pero el presupuesto satisface la expectativa de una mayor equidad, concentrándose en la llamada red de protección social, principalmente pensiones, planes de salud y protección a poblaciones en riesgo, y en materia de educación y vivienda. Estos aumentos de recursos son percibidos favorablemente, sin perjuicio de los ajustes institucionales que requieren.



Es posible que el eje de innovación sea el más débil, aún cuando el aumento de fondos para programas de competitividad, para Conicyt y para la PYME, son significativamente superiores a los de años anteriores.



El interés en el primer presupuesto de un gobierno de estilo marcadamente hermético, transformó el debate en una especie de test político. En especial sobre su opción social y su responsabilidad fiscal, de frente a los compromisos de campaña. Lo que se vio acentuado con el repentino desplazamiento de la UDI hacia posiciones laboralistas y de apoyo a las reivindicaciones de los empleados públicos.



El presupuesto enviado al Congreso no se sale de las reglas del superávit estructural del 1% y el aumento total no llega al tercio de los mayores ingresos que obtuvo el país el año anterior. Es decir, la expansión de 8.9 % anunciada mantiene una actitud más bien cautelosa, que no satisface plenamente a algunos sectores de la Concertación, para los cuales la regla de ajuste debiera ser la suma del porcentaje de inflación y de crecimiento, más un porcentaje por equidad. En este caso, dicen, se produce un ajuste redistributivo.



Despejada la incógnita acerca de la orientación, el debate en el Congreso debería centrarse en la calidad del gasto presupuestario; es decir, el desglose objetivo de programas que contiene, para saber si la orientación cumple de manera acertada con los objetivos declarados.



Es de esperar que el interés que ha suscitado el actual debate presupuestario se transforme en una mayor calidad de información a la ciudadanía, lo que redundaría efectivamente en un mayor desarrollo democrático. Al respecto, en el Código de Transparencia elaborado por el Fondo Monetario Internacional existen cuatro principios esenciales que los presupuestos deben cumplir, y de los cuales Chile aún está lejos: claridad de roles y responsabilidades; disponibilidad pública de información; preparación, ejecución y reporte abiertos; y auditoria independiente del mismo.

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