Lo escrito con la mano del Ejecutivo, lo está borrando el codo legislativo. El Congreso no cumple con su intencionalidad discursiva de contribuir al cambio cultural que supone la Ley de Transparencia.
Obnibulación: Confusión mental que impide pensar con claridad. Así se puede calificar la decisión tomada en el Congreso para impedir el ingreso del público a las discusiones que se generan al interior de las diversas comisiones de trabajo legislativo, además de prohibir la publicidad de las grabaciones y apuntes de éstas, a excepción de que la mayoría de los congresistas se oponga a la medida.
Podríamos utilizar también la definición de corrupción, entendida como perversión moral, en el sentido que nuestros honorables califican de bueno algo que es indudablemente malo para el rol fiscalizador de la ciudadanía.
El blindaje auto otorgado en el Congreso marca un pésimo precedente para el desarrollo de la cultura de la transparencia, asegurando la caída del país en el ranking internacional de Transparencia y de lucha contra la corrupción. El retroceso de esta medida, que obtuvo un apoyo transversal por parte de los congresistas, sospechosamente aumenta las posibilidades de hermetizar el lobby privado que ya se ha institucionalizado en los pasillos y comisiones de la rama legislativa, ante lo cual no queda mucho que esperar por parte de las organizaciones civiles, siempre atentas al flujo informativo que sale de las discusiones legislativas. Lo mismo corre para la Opinión Pública en general.
[cita]Lo escrito con la mano del Ejecutivo, lo está borrando el codo legislativo. El Congreso no cumple con su intencionalidad discursiva de contribuir al cambio cultural que supone la Ley de Transparencia. [/cita]
La medida, al mismo tiempo, constituye un gran aliciente para un mayor desarrollo de las prácticas del llamado capitalismo crony, entre amigotes, dadas las indesmentibles relaciones entre algunos legisladores con importantes empresarios privados. El problema es que ahora no se podrá conocer el contenido de las conversaciones de forma pública, quedando restringido este derecho a la información, en manos de los asesores comunicacionales de los congresistas, quienes manejarán como quieran lo que se debe decir o no.
Tal parece que cada senador y diputado llegan al Congreso con un bombín de oxígeno bajo el brazo para seguir inflando esta burbuja en que se está convirtiendo el Poder Legislativo en el país; cada vez más autoreferente, más corporativista y más aislado de las necesidades concretas de la población. A este joyita que se ha implementado, se debe agregar la moción hecha por algunos legisladores, para aprobar un proyecto de Ley destinado a sancionar a las personas que insulten a los “honorables” en foros de Internet. O sea, el blindaje primero se cubre desde dentro para posteriormente intervenir en otros espacios de ciudadanía.
Un segmento de la ciudadanía ya conoce los efectos que tiene la decisión de nuestros legisladores tal como se aprecia en las columnas de opinión y en las cartas enviadas a la dirección de los medios escritos, pero se tiende a desconocer los antecedentes que impulsan a este tipo de medidas.
¿Dónde reconocer el origen de este fenómeno que ensancha la brecha entre la sociedad política y la sociedad civil? A nuestro juicio se encuentra en el llamado “Corporativismo” presente en las sociedades post industriales de corte liberal, el cual también se ha incrustado en el Poder Legislativo como una práctica ideologizada a priori en los sistemas que presentan altos niveles de desigualdad, en su sentido amplio.
En los tiempos actuales, este fenómeno es definido por los politólogos como un instrumento en la tecnificación de la política, en la cual se dan espacios de participación jurídico-política a los grupos del trabajo organizado como gremios y sindicatos, especialmente a los primeros.
Si bien en su vertiente política el corporativismo se consideraba como el enemigo acérrimo del neoliberalismo, lo cierto es que con el tiempo ambas concepciones tienden a converger a partir de la vertiente económica, dando como resultado el rol de subsidiaridad del Estado: los recursos públicos se deben usar para ayudar a los sectores productivos privados en vez de dirigirse a los grupos sociales.
Ello explica en parte la tendencia a diluir las formas de pluralismo por parte de la concepción corporativista mediante acciones como el fortalecimiento de la competencia y concentración económica, además de la racionalización de los procesos estatales en la toma de decisiones. A ello debemos agregar la tendencia a establecer cercos comunicacionales desde los centros de poder del Estado hacia la sociedad civil.
El desarrollo desregulado de la esfera económica que impulsó la síntesis entre el modelo anarcoliberalista y el corporativista generó como una nueva concepción acerca de la acción política en Chile, las cuales influyeron notablemente en la labor legislativa en los últimos veinte años. Muchos congresistas pensaron que la cultura legislativa sería la misma de los años previos al golpe militar de 1973, pues cayeron en la hiperbólica sensación del retorno democrático sin considerar el movimiento subterráneo que se generaba en las dinámicas del sector privado, mucho más sofisticado respecto a los tiempos del Estado burocrático desarrollista de los años sesenta.
Así, los pasillos de la sede legislativa fueron testigos de la cada vez mayor presencia de representantes de grupos de interés con un considerable poder institucionalizado, que comienza a tomar más visibilidad a partir a fines de 1999. Incluso, un atisbo de este fenómeno era constantemente señalado por el presidente del empresariado de aquél entonces, Juan Claro, quien advertía del riesgo de caer en el corporativismo si es que se insistía en regular a diversos sectores específicos del sector privado. Aunque el recordatorio es ambiguo y hasta hipócrita, debido a que las organizaciones gremiales empresariales son las que lideran el ranking de lobbistas en el Congreso, la verdad es que la previsión de los grupos empresariales era acertada.
Lo que no era tan acertado es que este proceso de institucionalizar las prácticas de conflicto de intereses, ahora quiera dar un paso adelante en su desarrollo, prohibiendo la información pública de cada una de las comisiones legislativas, además de proponer proyectos de Ley destinados a censurar las actividades civiles de Internet, específicamente aquellas que se dan en los espacios de las redes sociales 2.0.
Otra medida que apunta a la profundización de este fenómeno es la resistencia de los congresistas a divulgar los argumentos que les exige la Ley por haber contratado famiuliares, escudándose en el artículo 11 del Código de conductas parlamentarias, otro mecanismo legal que les permite evadir el control público.
El corporativismo a la chilena es distinto al generado en las economías avanzadas, pues nuestra limitada estructura social sólo incluye a los grandes grupos de interés a la mesa de negociaciones, por lo que las demás organizaciones del mundo civil deben doblegar sus esfuerzos para ser incluidas en las audiencias públicas de las comisiones, las cuales no podrán ser conocidas ahora por los demás ciudadanos comunes y corrientes.
Por ello el problema es más grave lo que que parece a simple vista, puesto que este pseudocorporativismo por parte del Congreso está produciendo un desequilibrio, una contradicción en la clásica tripartición del Estado. Hace poco el Poder Ejecutivo dio un paso adelante con la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública, en la cual la ciudadanía puede exigir las informaciones emitidas por los organismo del sector público.
Pero lo escrito con la mano del Ejecutivo, lo está borrrando el codo legislativo. La contracción no puede ser mayor, puesto que el mismo día en el cual comenzaba a regir esta medida en el Congreso, la presidenta de la Cámara de Diputados asistía a un seminaRio de Transparencia, donde anunciaba la creación de una comisión tripartita con el Ejecutivo y la entidad Chile Transparente para ver en qué proyectos temáticos se pueden avanzar.
El Congreso no cumple con su intencionalidad discursiva de contribuir al cambio cultural que supone la Ley de Transparencia. Es de esperar que alguien presente un recurso al Tribunal Constitucional para revertir la medida y, a partir de ello, iniciar una presión externa al Poder Legislativo para revertir la cultura de hermetismo que les ha posibilitado el desarrollo del corporativismo a la chilena dentro de los poderes públicos.
