El pasado fin de semana, la consulta ciudadana en la ciudad de Castro nos recordó que las herramientas pueden utilizarse para fines que contradicen las ideas originales. En este caso no solo vimos regresar la vieja estrategia populista del enemigo externo (“Santiago versus Castro”), sino también pudimos ver cómo la opinión ciudadana se utiliza para legitimar un proyecto cuyo desarrollo ha sido al menos irregular.
En el 2010 el arquitecto alemán Markus Miessen publicó el libro «The Nightmare of Participation», el tercer volumen de su trilogía sobre participacionismo que se había iniciado en el 2006 con “Did someone say participate?” y que había continuado en el 2008 con “The Violence of Participation”. En este tercer volumen, Miessen explica como una potentísima herramienta de diseño arquitectónico y urbano, termina desvirtuándose hasta perder todo su potencial y transformarse en una pesadilla.
La participación, ya sea en arquitectura o en proyectos urbanos es, en esencia, una forma de transferir y distribuir el poder de decisión, y por ende, pertenece a lo que podría entenderse como el ideario de la izquierda. Sin embargo, una vez que esta herramienta empieza a formar parte de lo “políticamente correcto”, su potencial se ve amenazado por dos peligros. El primero es que los procesos se entrampen en la búsqueda de consensos, ya que la necesidad de dejarlos a todos contentos no siempre garantiza que se obtenga el mejor resultado. El segundo aparece cuando la participación ciudadana se utiliza para legitimar una decisión ya tomada, pues aquí ya no se está transfiriendo el poder de decisión sino más bien utilizando a la ciudadanía como escudo del poder; de esta forma, la participación permite a las autoridades esconderse tras la opinión ciudadana, y así evadir la responsabilidad política sobre la toma de decisiones.
[cita]El pasado fin de semana, la consulta ciudadana en la ciudad de Castro nos recordó que las herramientas pueden utilizarse para fines que contradicen las ideas originales. En este caso no solo vimos regresar la vieja estrategia populista del enemigo externo (“Santiago versus Castro”), sino también pudimos ver cómo la opinión ciudadana se utiliza para legitimar un proyecto cuyo desarrollo ha sido al menos irregular.[/cita]
Entendiendo la participación como una herramienta de distribución de poder de decisión, en Chile podemos jactarnos de tener una larga experiencia —que se remonta hacia fines de la década del 50 en temas de vivienda, y a fines de los 90 en planificación urbana— con una buena cantidad de casos exitosos como el de Fernando Castillo Velasco entre los años 60 y 90, o los primeros proyectos de Elemental en la pasada década, más algunos ejemplos de alto impacto mediático como el reciente rechazo al Plan Regulador de Peñalolén. En todos estos casos la participación -del usuario o la ciudadanía- ha sido determinante en el resultado final, sin importar si era o no el esperado por los convocantes; la propia lógica de esta herramienta implica la posibilidad de un final abierto, en que el diseñador o el planificador no puede controlar el resultado.
Sin embargo, el pasado fin de semana, la consulta ciudadana en la ciudad de Castro nos recordó que las herramientas pueden utilizarse para fines que contradicen las ideas originales. En este caso no solo vimos regresar la vieja estrategia populista del enemigo externo (“Santiago versus Castro”), sino también pudimos ver cómo la opinión ciudadana se utiliza para legitimar un proyecto cuyo desarrollo ha sido al menos irregular (de hecho, a la fecha, no está regularizado); bien sabemos que el derecho está por sobre la opinión ciudadana, y que ésta no tiene valor cuando lo que está en juego son aspectos legales o normativos.
Pero en ese contexto, vale la pena aclarar algunos aspectos específicos de este evento. Como aún no se define si la construcción ha respetado o no el marco legal vigente, la consulta ciudadana obviamente no podía ser vinculante. Así, lo que se hizo en Castro fue más bien una encuesta de opinión que permite a las autoridades locales testear el parecer de la población respecto a los “hechos consumados”. Por eso es que resulta paradójico que entre los objetivos de la consulta se incluya “promover la participación de la comunidad local en el progreso económico, social y cultural de la comuna”.
Como la participación implica la distribución del poder de decisión, la primera condición es que a través de ella se decida algo. Luego, se entiende que para poder tomar una decisión, los participantes deben estar correctamente informados, no solo de las alternativas, sino también de las potenciales consecuencias de cada una de ellas. Así, las alternativas en juego no son si Castro merece o no un Mall, sino más bien cuáles son las condicionantes que debe tener ese Mall (tamaño, localización, compensaciones), para que así la ciudad gane en servicios sin perder su carácter patrimonial. Nada de eso vimos en este caso, lo que nos lleva a concluir que la consulta de Castro nunca estuvo pensada como una herramienta para hacer participar a la ciudadanía en la toma de decisiones (ya que ni siquiera les entregó la posibilidad de realizar una elección consciente e informada), sino que por el contrario, se utilizó a la ciudadanía como un escudo para amortiguar las críticas externas por una decisión ya tomada.
Con esto, interesa dejar en claro que la discusión real no está en la polarización banal sobre si “hacer o no un mall”, ni en el argumento populista del enfrentamiento entre “Santiago versus Regiones”, sino más bien entre la posibilidad de tener un buen o un mal proyecto para la ciudad. Quienes hemos vivido en Santiago sabemos cómo es convivir con malas decisiones urbanas que han sido tomadas entre cuatro paredes, y quizás por eso podemos prever lo que se viene: que cuando se trata de la ciudad, parece ser que la suma es siempre cero, por lo que para tener algo se debe perder otra cosa.
Según Miessen, el círculo vicioso —la pesadilla— se genera cuando los procesos de participación son poco informados, lo que lleva a consensos en torno a alternativas inocuas que permiten a las autoridades legitimar sus decisiones y así evadir su responsabilidad. En ese sentido, las críticas a la forma en que se ha llevado a cabo este proyecto no tienen que ver con negarle a Castro el sueño de tener un Mall, sino más bien con ahorrarles la pesadilla.
