Opinión
Más allá de las diferencias económicas, Chile y Bolivia tienen una historia común de larga data. Debemos hoy, más de un siglo después del conflicto, ser capaces de sentarnos a una mesa de diálogo que solucione la situación boliviana de modo que ambos países logren sus propósitos basados en la diplomacia, la negociación y las buenas intensiones, en pos de la cooperación y el desarrollo de América Latina.
La mediterraneidad de Bolivia y la legitimidad de su reclamo ante Chile vuelven a ser un tema polémico para ambos Estados. No sólo porque en la última semana las acusaciones de hostilidad de Evo Morales contra nuestro Gobierno, adquieren repercusión en la prensa mundial, sino porque están en pugna dos paradigmas muy disímiles de relaciones internacionales, cuyas consecuencias geopolíticas no pasan inadvertidas. En especial para los vecinos y amigos de Bolivia —Venezuela, Brasil, y Ecuador, y los multimillonarios gobiernos de la Liga Árabe e Irán—, cuyo campo de acción en materia de justicia internacional y control de matriz energética es muy superior a la de los aliados chilenos. Sin restar, por cierto, la popularidad en las redes sociales de las campañas «mar para Bolivia» que lideran celebrities como Sean Penn, George Clooney o Mick Jagger.
Hoy vemos que los roles en juego son antagónicos. Tanto que por primera vez la estrategia boliviana es presionar mediante la preparación de la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), aunque su competencia sea discutible. El diálogo está bloqueado y avanza hacia un punto de no retorno. De una parte, reclama un Presidente socialista, líder cocalero e indígena, cuya reivindicación marítima, más allá de un instrumento político, tiene rango de mandato constitucional y no cumplirlo, es faltar a sus deberes. Frente a él está Chile, Piñera y su cancillería, que defiende el imperio del derecho, buscando marcar la diferencia respecto de los últimos 20 años, donde la cooperación y la diplomacia, han sido reemplazadas por las inversiones y la promoción comercial.
En este sentido, la doctrina mayoritaria chilena durante más de un siglo ha sido la vía jurídica, negando la posibilidad de revisión o celebración de nuevos tratados que otorguen soberanía territorial a Bolivia en la zona reclamada. Se sostiene —discurso que abarca a casi todos los sectores políticos— que no existen temas pendientes y que como afirmó el Presidente Piñera: “Los países serios, respetuosos del derecho internacional y amantes de la paz honran y cumplen los tratados que firman”. Ello en alusión al Tratado de Paz y Amistad de 1904 —ratificado por sus Congresos y aún vigente—, por medio del cual la república boliviana cedió a Chile el litoral y territorio de la actual provincia de Antofagasta.
[cita]En los últimos días, el ambiente se ha tensionado con dos hechos que han dinamizado la arremetida boliviana. Primero la reclamación ante la Cumbre Celac-UE, solicitando la reanudación del diálogo sobre una salida soberana hacia el Pacífico. Segundo, el impasse político respecto a la detención y procesamiento por la justicia criminal chilena de tres conscriptos bolivianos, llamados “los héroes del mar” por el presidente Morales.[/cita]
Efectivamente, hace 134 años la guerra enfrentó a tres incipientes repúblicas que, hasta entonces, habían mantenido una economía conjunta al “compartir” en la zona peruana de Tarapacá y la boliviana de Antofagasta la explotación del guano y salitre. Allí desde 1830 la presencia de capitales chilenos permitió su desarrollo, al punto que en 1866, Chile y Bolivia firman el primer Tratado de Límites. No obstante, la infracción del Gobierno boliviano imponiendo barreras a las compañías chilenas, la restricción sobre la propiedad de las salitreras y la injerencia de Perú, son hechos que desembocan en una guerra de cuatro años, desde 1879 a 1883, donde Chile resulta vencedor y comienza la discutida anexión de territorios.
Sucesivas tratativas derivaron en 1904 en el ya referido Tratado entre Bolivia y Chile, adquiriendo este último 400 kilómetros de costa y un total de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio boliviano a cambio de un régimen de libre tránsito de mercaderías desde los puertos de Chile hacia Bolivia y la construcción del ferrocarril Arica-La Paz por parte de nuestro Estado.
Asimismo, tras décadas buscando una solución, la única iniciativa que casi se concreta es el “Acuerdo de Charaña”. Se trata de un instrumento elaborado, paradojalmente, por las dictaduras de Augusto Pinochet y Hugo Banzer en 1975, que muchos aún consideran la más justa propuesta política a años de latente conflicto. En este caso, Chile proponía la entrega del litoral al norte de Arica junto con un corredor terrestre con plena soberanía que permitiera la conexión territorial con Bolivia. Ello, a cambio de un territorio de igual superficie en las cercanías del salar de Uyuni. No obstante, Perú se opuso, condicionando a que el litoral no fuese exclusivamente boliviano sino trinacional, lo que fue rechazado por las partes.
En el ámbito multilateral, este último hecho fue el mejor argumento para lograr en la OEA y en la Asamblea General de la ONU en el año 1979 importantes declaraciones, reconociendo que “es de interés hemisférico permanente encontrar una solución equitativa por la cual Bolivia obtenga acceso soberano y útil al Océano Pacífico”, además de legitimar la “imprescriptibilidad” de su demanda. No obstante, las relaciones diplomáticas con Bolivia han estado congeladas desde 1979 y sólo se mantienen vía consular.
En los últimos días, el ambiente se ha tensionado con dos hechos que han dinamizado la arremetida boliviana. Primero la reclamación ante la Cumbre Celac-UE, solicitando la reanudación del diálogo sobre una salida soberana hacia el Pacífico a cambio de producción gasífera. Segundo, el impasse político respecto a la detención y procesamiento por la justicia criminal chilena de tres conscriptos bolivianos, llamados “los héroes del mar” por el presidente Morales.
Dichos jóvenes están formalizados por traspasar ilegalmente fronteras nacionales el 25 de enero, portando arsenal de guerra, lo que en realidad eran sus armas de servicio mientras desarrollaban un operativo anticontrabando. La situación se complejiza en tanto, en las últimas horas, se comunica de forma oficial la denuncia ante Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, contra el gobierno de Chile por “actos inamistosos”, además de la interposición de una querella contra carabineros por la eventual complicidad y facilitación de medios a los contrabandistas de autos.
El cambio en la dirección de la estrategia vino de la mano del actual presidente Morales. Tras ganar dos periodos presidenciales y llevar a cabo una progresiva reforma estructural de la economía, con privatizaciones y políticas con enfoque de derechos, la constante reclamación marítima ha sido su baluarte. Así, la Constitución del 2009 dedica un capítulo especial al tema de la “Reivindicación Marítima”, disponiendo en su Artículo 267: “I. El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo. II. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano”.
Para seguir este mandato constitucional, según su gobierno, debe reclamar contra el Estado de Chile por el incumplimiento del Tratado de Paz. En particular, denunciar la infracción persistente e histórica del artículo 6, el cual dispone que “Chile reconoce a favor de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y el acceso a los puertos en el Pacífico”. Esto no se respetaría desde el momento en que el funcionamiento del ferrocarril de Arica a La Paz es inconstante, se establecen barreras de entrada comerciales que atentan contra las libertades de los bolivianos, y además se privatiza o concesiona el funcionamiento del puerto de Arica.
Con todo, para ejercer dicha acción tiene un plazo fatal: el 6 de diciembre del presente año, fecha límite reconocida por la Carta Fundamental boliviana para renegociar tratados vigentes ante la CIJ. Aunque el mandatario está exultante con la idea de que la demanda marítima estará prontamente ingresada en la secretaría de La Haya, subraya que el solo hecho que sea declarada admisible, será un triunfo por situarlo en el concierto de la doctrina internacional. En efecto, dicha causa prosperaría únicamente si Chile se somete o concurre a la jurisdicción de la CIJ para este caso, ya que el tratado es anterior al Pacto de Bogotá (Tratado Americano de Soluciones Pacíficas) que reconoce la jurisdicción de la CIJ en contenciosos limítrofes. A este respecto, el canciller chileno ya ha anunciado que no concurrirán a la causa.
Muchos critican esta jugada de inconducente y, por lo mismo, vale preguntarse si ¿será el presidente Morales un interlocutor adecuado para negociar una solución definitiva a las demandas de su país? Mientras el apoyo ciudadano a su gestión ha caído 50 % en dos años —según la encuesta IPSOS de diciembre 2012—, la idea maquiavélica sobre la utilidad del conflicto con Chile podría ser aprovechada para unir a un pueblo desencantado y activar una economía que crece a tasas del 5 %.
En este sentido, el defensor de la Pacha Mama y el Estado plurinacional, ha debido enfrentar las protestas de sus pares indígenas que denuncian los altos niveles de pobreza y baja educación, la profunda desigualdad de ingresos y territorial, así como un gobierno cada vez más deslegitimado por su favorable apoyo a inversiones extranjeras.
Por otra parte, el populismo y armamentismo en América Latina son siempre una tentación. Y el mandatario, cercano al bloque chavista y admirador de Fidel Castro, utiliza cada aparición pública para arengar sobre la “reivindicación histórica” producto de «una invasión injusta, con mucha soberbia y prepotencia que deja heridas hasta hoy (…)».
Bolivia nos presenta hoy una disyuntiva como sociedad política: el continuismo del deterioro de las relaciones o la determinación por una salida pactada y definitiva de soberanía. Esto, ya que más allá de las diferencias económicas, Chile y Bolivia tienen una historia común de larga data, que hoy está marcada por un fuerte flujo migratorio, por conflictos ambientales similares y un modelo de desarrollo, donde los derechos del mundo indígena aún generan debate cultural y legal. Por ello, cobran vigencia las palabras de Hugo Groccio, cuando destaca que los Estados están conformados por “hombres libres, unidos para gozar de sus derechos”. Lo mismo cabe aplicar para la cooperación internacional de cara al mejoramiento de las condiciones de países como Bolivia.
Tarde o temprano poner fin al statu quo y al bloqueo del diálogo implicará que Chile defina una nueva política exterior de largo plazo. Al fin y al cabo, la cuestión de la salida al mar trasciende a los gobiernos de Morales y Piñera. Quizá no falte mucho tiempo para que comiencen a conocerse las propuestas de un nuevo tratado, que se ajuste a la normativa actual en materia de derecho del mar y bajo jurisdicción especializada, protección del medioambiente y contemple un estatuto equivalente en inversiones internacionales. Modelos de solución tanto la CIJ como las negociaciones bilaterales ofrecen varios y seguramente las celebrities como Sean Penn difundirán la influencia del «Evopower», que no será otra que la de las relaciones internacionales con un enfoque de derechos.
