En 1971 el Presidente Nixon lanzó la “guerra de las drogas” como una manera radical de controlar su consumo. El imaginario convocado fue el de un país invadido por los narcotraficantes y sus drogas que causan un grave daño a la salud y la seguridad de los norteamericanos, sobre todo de sus jóvenes, ante lo cual la nación se defendía utilizando la última ratio de la política que es la guerra. Todo eso era falso, inútil y caro –se estima un gasto de 40 mil millones de dólares estadounidenses al año- pero sirvió muy bien a los intereses de la política exterior de los Estados Unidos de América. So pretexto de luchar contra las drogas se establecieron condicionalidades a todos los países del mundo en particular a los de América, tales como las certificaciones anuales del Departamento de Estado que condicionaban las ayudas. También invadieron países como Panamá en 1989 o se intervinieron en otros como Colombia, con lo cual tampoco se derrotó a la guerrilla de las FARC, que en estos días ha negociado con el Gobierno el tema de la tenencia de la tierra que es el origen de la violencia que desangra a ese país desde 1948.
La larga guerra contra las drogas fracasó porque su finalidad no era controlar las drogas ni a quienes las usan. La finalidad de las políticas de drogas es controlar a la población, en particular a los jóvenes, así como la guerra de las drogas tienen por finalidad controlar a los estados, en particular a los más díscolos.
Las políticas de drogas normadas por las Naciones Unidas y la guerra de las drogas conducida por los Estados Unidos fueron denunciadas como contraproducentes en términos sanitarios y atentatorias contra los derechos humanos por muchos sectores y organizaciones de la sociedad civil y la academia, las iglesias, los campesinos, los usuarios de drogas y sus familias. Algunos países como Holanda, Suiza, Alemania, Portugal y los países anglófonos del mundo o no aceptaron esas políticas o las adecuaron de tal manera de causar el menor daño posible a los usuarios de drogas y sus entornos. Desde los usuarios y la institucionalidad de la salud surgió la reducción de daño como estrategia sanitaria y social para tratar de manera racional, digna y humanamente a los usuarios de drogas.
Pero es desde aquí, en los países de América, donde han surgido las más importantes opiniones y prácticas para pasar del discurso de la guerra al discurso de la regularización del uso y la provisión de drogas. Primero, en los últimos años 18 estados de los Estados Unidos de América y el distrito de Columbia, donde está su capital, han aprobado el consumo terapéutico o médico del cannabis, sin controlar efectivamente su desvío al consumo recreativo. Luego, en 2011, la Comisión Global sobre las Políticas de Drogas conformada, entre otros, por los ex presidentes Cedillo y Fox de México, Cardoso de Brasil, Gaviria de Colombia, Lagos de Chile y Carter de EE.UU., declaró enfáticamente: «La guerra global contra las drogas ha fracasado» y han pedido “terminar con la criminalización, la marginalización y la estigmatización de las personas que usan drogas pero que no hacen ningún daño a otros. Desafiar los conceptos erróneos comunes acerca de los mercados de drogas, el uso de drogas y la dependencia de drogas en lugar de reforzarlos”. Finalmente, en noviembre del año pasado en sendos plebiscitos, la mayoría de la población de los estados de Washington y Colorado aprobó el consumo recreativo del cannabis para los mayores de edad sin ninguna restricción y pidió a los gobiernos estatales regularizar su provisión. Este hecho político singular –efecto topo- es el de mayor impacto desde que existen las actuales normas internacionales para controlar el consumo y la provisión de drogas. Tanto es así que el Informe sobre Drogas de la OEA solicitado por los presidentes de la América en la Cumbre de Cartagena del año pasado y hecho público recientemente, insinúa usar la reducción del daño para tratar el asunto de las drogas y despenalizar su consumo.
Los días 30 y 31 de mayo en la Sede de Santiago del Congreso Nacional, se realizará el 1er Encuentro Internacional por la Regularización del Consumo y la Provisión de Drogas en las Américas. Allí el ex presidente Ricardo Lagos Escobar expondrá las propuestas de la Comisión Global para las Políticas de Drogas. La Directora de SENDA, Francisca Florenzano presentará la posición del Gobierno de Chile sobre el tema. Alison Holcomb, dirigente de la campaña por regularización en Washington y Hannah Hetzer, de Latin America Project Coordinator Drug Policy Alliance y Graham Boyd, dirigente de la campaña por la regularización en Colorado, testimoniarán sobre las campañas ciudadanas por el consumo recreativo de marihuana en los estados de Colorado y Washington de los EUA. Oscar Gómez, Vice Ministro de Educación y Cultura de la República de Uruguay y Clara Musto, de la ONG Proderechos, explicarán la propuesta presidencial de Uruguay para regularizar la provisión de marihuana. Además, Juan Daniel Gómez, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y asesor científico de Acción Técnica y Social (ATS), Camilo Borrero, Director de Cannamedic, empresa especializada en el uso terapéutico de cannabis, y José Miguel Sánchez Giraldo del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, informarán sobre los Centros de Atención Médica para Drogadictos (CAMAD) en la Alcaldía Mayor de Bogotá, Colombia.
Para hacer el análisis y los debates sobre esas prácticas, llegar a conclusiones y hacer recomendaciones para la aplicación de esas experiencias en lo local, regional y nacional se trabajará en comisiones sobre juventud, mujer, familia y poblaciones de riesgo, vulnerable o excluida, asimismo se trabajará en un taller sobre pasta básica de cocaína (PBC)
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
