El próximo 20 de diciembre será clave. El duopolio político –Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)– que ha gobernado España en los últimos 25 años parece tener los días contados. El dominio de los dos “partidos de orden” podría acabar con la irrupción de Ciudadanos, por la derecha, en 2015, y la consolidación de Podemos, en 2014, por la izquierda. En el horizonte se divisan cambios en la Constitución de 1978.
La primera alerta sobre un cambio político la dieron centenares de miles de españoles –hace cuatro años, en mayo de 2011– cuando durante semanas, desde la plaza pública, acusaron a viva voz a esa elite política (PP y PSOE) de serviles y cómplices con los poderes económicos y financieros, responsables de la crisis económica que, desde 2008, continúa afectando a millones de españoles. “No nos representan”, decían.
Desde entonces los españoles se han pronunciado en dos ocasiones:
La tendencia continúa, según las últimas encuestas de opinión, y se divisa el fin del bipartidismo –de marcado tono conservador– y anula las aspiraciones a mayorías absolutas –aplicadas con fuerte acento autoritario–. La del CIS (estatal) le da un 49,6% a PP-PSOE, en cambio, Metroscopia (privada) un 45,3%, ambas muy lejos del 73,39% que sumaron en las elecciones generales de hace cuatro años, cuando recién despuntaba el nuevo ciclo político con las grandes movilizaciones sociales en diversos territorios de España.
El CIS indica que el PP podría perder hasta 63 diputados (186-120) y el PSOE hasta 21 (110-89) en beneficio de los dos nuevos partidos: Ciudadanos podría elegir hasta 66 diputados y Podemos hasta 49. Ambos sumarían el 34,7% de los votos.
[cita tipo= «destaque»]Ambos partidos, el conservador y el socialista, son cada vez más percibidos como representantes de un régimen agotado, el de la Constitución del 78 (pacto de aperturistas provenientes del franquismo y demócratas excluidos por el franquismo), sin proyectos diferenciados, y que actúan como partidos de orden, como cuando aprobaron, en quince días en pleno verano de 2011, sin referéndum, una reforma constitucional para garantizar estabilidad a los mercados con políticas de austeridad o recortes sociales y reformas económicas de talante neoliberal.[/cita]
Qué representan Ciudadanos, que amaga por el centro la posición del PP y Podemos, que por la izquierda hace lo propio con el PSOE, como lo señala el sondeo de Metroscopia (diciembre 2015): mientras el PP obtendría el 22,7%, Ciudadanos lograría el 22,6%; y el PSOE alcanzaría el 22,5% y Podemos el 17%.
El partido, liderado por Albert Rivera (34), tiene un perfil de centro-derecha que atrae a un electorado desencantado tanto del PP como del PSOE. Su marco ideológico, aunque no acaba de desplegarse, transmite un ideario político-económico social-liberal, con un talante individualista y pragmático. Es partidario de cambios constitucionales que liberen a las instituciones públicas de su dependencia de la “partidocracia bipartidista”, fuente de impunidad de la corrupción política.
El partido, liderado por Pablo Iglesias (37) mantiene un perfil de una nueva izquierda que ha crecido reuniendo a un electorado que se abstenía de participar, especialmente joven y femenino, y desencantado del PSOE. Su marco de referencia es el de un pensamiento social-progresista, con un talante participativo y afín a los movimientos sociales. Considera que el pacto constitucional de 1978 está agotado y se propone reformas constitucionales tendientes a modificarlo.
La crisis económica de siete años y la degradación ética y política de las instituciones administradas por el duopolio PP–PSOE forman parte del trasfondo del cambio político en España.
Ambos partidos, el conservador y el socialista, son cada vez más percibidos como representantes de un régimen agotado, el de la Constitución del 78 (pacto de aperturistas provenientes del franquismo y demócratas excluidos por el franquismo), sin proyectos diferenciados, y que actúan como partidos de orden, como cuando aprobaron, en quince días en pleno verano de 2011, sin referéndum, una reforma constitucional para garantizar estabilidad a los mercados con políticas de austeridad o recortes sociales y reformas económicas de talante neoliberal.