Pollos, navieras, papel higiénico, supermercados, asfalto y hasta los médicos. El 2015 fue un año pródigo en colusiones. Esta práctica busca eliminar la competencia entre proveedores de un bien o servicio, ya sea, por ejemplo, acordando los precios o, bien, impidiendo la entrada de competidores.
Desde 2008 una ley obliga a los médicos a rendir un examen de conocimientos (EUNACOM) para optar a empleos asistenciales públicos. No solo es una forma de discriminación regresiva –solamente se exige para el sector público– sino que además tiene el efecto de limitar el acceso de nuevos partícipes –médicos extranjeros– al grupo de facultativos que dan prestaciones de salud para los más vulnerables.
Esto podría no ser problemático si la cantidad de médicos fuese suficiente para satisfacer la necesidad. Esto no es así, y con ello se viola un principio constitucional de acceso a la salud, que incluso en Dictamen de Contraloría se estima de rango superior a la exigencia de la certificación de EUNACOM. De los datos OCDE del año 2015, presentados en IPSUSS, se infiere que existe un déficit de 24.500 médicos. Esta brecha seguirá aumentando, por la creciente necesidad de la población. Y peor, cuando pensamos en el déficit de médicos especialistas.
[cita tipo=»destaque»] El Gobierno debió aprobar una ley exprés en febrero del 2015 para eximir por dos años de la obligación de contar con un examen aprobado para poder trabajar en el sector público. Estimamos que es otro síntoma que hace prudente revisar la institucionalidad y pertinencia del EUNACOM.[/cita]
En países del primer mundo, esta crisis se ha minimizado mediante la inmigración de personal calificado. Sin embargo, la exigencia de EUNACOM para que los médicos extranjeros trabajen en el sistema público solo importa una traba, toda vez que nuestro país tiene tratados vigentes de homologación de títulos con naciones que forman médicos de calidad.
Las prácticas colusorias solo son posibles si existen pocos oferentes que ofrezcan un determinado servicio, en este caso, los servicios médicos. Es así como lograron coludirse los médicos ginecólogos en Chillán: los pocos oferentes que existen se asocian y –ante la falta de competidores– logran establecer el precio que ellos estiman por sus prestaciones, el cual, naturalmente, produce que el costo recaiga precisamente sobre los pacientes que deben desembolsar mayores copagos.
Se argumenta que los médicos extranjeros son de menor calidad que los nacionales y que para esto es necesario esta barrera. Argumento repetido numerosas veces por la Asociación de Facultades de Medicina y del Colegio Médico en la discusión del proyecto de ley de EUNACOM, lo que es legítimo, ya que ellos deben velar por los intereses de sus asociados. Incluso si el bien que se quiere resguardar es la calidad de la atención, un requerimiento mínimo sería que la evaluación dependiera de un ente imparcial, y no de quienes tienen la responsabilidad de formar a los médicos nacionales. Es conocido el escándalo y la crisis que se produjo cuando académicos filtraron las preguntas del examen a sus propios alumnos.
Para hacer una política país es necesario conocer la historia completa. Y si bien es cierto que la formación médica en Chile es de primer nivel, esto no significa que en el extranjero las facultades de medicina sean de deficientes. En definitiva, la única forma de medir los conocimientos médicos no es a través de un set de preguntas estandarizadas, sino que por los propios pares que atienden en hospitales y consultorios y que sabrán apreciar cuando un médico –chileno o extranjero– reúne las condiciones para ser un aporte para la salud pública de Chile.
El Gobierno debió aprobar una ley exprés en febrero del 2015 para eximir por dos años de la obligación de contar con un examen aprobado para poder trabajar en el sector público. Estimamos que es otro síntoma que hace prudente revisar la institucionalidad y pertinencia del EUNACOM.
